Negocios solidarios

Ayer, una delegación encabezada por el embajador de Venezuela Julio Chirino y el diputado Walter De León, visitó la planta de Conaprole en Villa Rodríguez.

Las relaciones comerciales con Venezuela han adquirido, a partir del gobierno de Tabaré Vázquez, importancia creciente. El generoso acuerdo PDVESA – ANCAP para suministrar petróleo, la instalación de BANDES (que se hizo cargo de COFAC), el apoyo a la recuperación de empresas como FUNSA o ENVIDRIO son ejemplo de una política de relacionamiento que se construye desde la mirada de la solidaridad entre los pueblos.

Con la llegada de José Mujica al gobierno en Uruguay, las perspectivas son, incluso, mejorar esa relación.

Acotemos, al pasar, que se frustró la remodelación de la refinería de la Teja por la oposición de blancos y colorados que obligaron al gobierno a transitar el camino más lento y más complejo para firmar el acuerdo. Pero las condiciones que ofrecía Venezuela para concretar la inversión eran -qué duda cabe- inmejorables.

Ayer, en la planta de Conaprole en Villa Rodríguez, estaban con el embajador y el diputado, las jerarquías castrenses de la Región II y el agregado militar de Venezuela;  también el responsable de relaciones internacionales del MPP, Osvaldo Ronqui, originario de la localidad. Fue notoria la ausencia de autoridades municipales.

SAN JOSÉ HOY concurrió invitado desde el despacho de De León. El miércoles además, habíamos acordado una breve conversación con Chirino para después de realizada la recorrida. La responsable de la planta no autorizó nuestro ingreso.

Para Conaprole, Venezuela y muy especialmente el ejército venezolano, son clientes muy importantes. La visita y las presencias militares deben entenderse en ese marco.

La semana próxima intentaremos informar con más detalle, qué perspectivas se abren a partir de estas gestiones.

Anuncios

Litis interruptus

San José, 24 de Junio de 2010.
A los efectos de resolver el diferendo, proporcione la I.M.S.J. la información que tiene en su poder al tribunal en un plazo de tres días hábiles y perentorios.
DR. ÁLVARO MESSERE – JUEZ LETRADO

San José, 9 de Agosto de 2010.
Surge de las presentes actuaciones que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y el folio de fs. 16, 17 es claro en cuanto a «la obligación de brindar al actor», la obligación mencionada no puede serlo en los términos impuestos por la I.M.S.J. sino en el mandato judicial.
Por tanto mantiénese la recurrida no admitiéndose el recurso de apelación de conformidad con el art. 371.3 del C.G.P.
Notifíquese personalmente a ambas partes.
DRA. KARINA DENIS – JUEZ SUBROGANTE

Con fecha 12 de marzo del corriente solicité, al amparo de la ley Nº 18.381, información sobre el personal municipal: Ingresos recientes, remuneraciones especiales, etc. En otros trámites, había pendientes de respuesta, también preguntas sobre publicidad y canteras.
Vencido el plazo, la I.M.S.J no contestó la solicitud del 12/03/2010. Se configuró lo que se conoce como silencio positivo: «El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde».
«Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela….»
Luego de fundamentarlo con solidez, la Dra. Leticia Mora señala al juez «que corresponde que se intime a la I.M.S.J la entrega de la información solicitada con fecha (…) 12 de marzo de 2010…»
Y pide que «convoque a audiencia pública dentro del plazo de tres días de la fecha de la presentación de esta demanda, conforme lo manda la ley», cosa que el Dr. Álvaro Messere aceptó.
En la audiencia realizada el 26 de abril, el abogado de la Intendencia sólo solicitó más plazo (20 días), con lo que admite «in totum» que el reclamo es justo. No accedimos a otorgar más plazo del que el Juez considerara justo, porque los legales estaban todos agotados. El Dr. Messere falla al día siguiente: «Ampárese la demanda (…) impónese a la I.M.S.J. la obligación de brindar el resto de la información solicitada (…) dentro del plazo de 8 días corridos e ininterrumpidos…»
Cumplido el plazo la Intendencia contesta de forma insatisfactoria las preguntas referidas a la publicidad, de forma incompleta las correspondientes a la cantera y, en primera instancia, nada sobre personal.
En el caso de la cantera, curiosamente, se habían olvidado entregar una parte de la información y aducen que la contabilidad no permite saber cuánto cuesta la operativa de esa cantera, aunque sí se sabe por ejemplo cuánto gasta de combustible cada vehículo de la Intendencia y cuántos kilómetros recorre, mes a mes.
Presentamos una intimación ante el juzgado, contra la IMSJ «a los efectos que dé total cumplimiento a la sentencia…»
Considerábamos que «se condenó a la demandada a entregar la totalidad de la información solicitada por el actor en un plazo de ocho días corridos».
El plazo se venció el miércoles 5 de mayo; la información referida a personal de la I.M.S.J no fue entregada. Se solicita que se intime a la I.M.S.J. a los efectos de que «con plazo de tres días proporcione a la Sede, el resto de la información solicitada bajo apercibimiento de la aplicación de conminaciones económicas equivalente a 20 Unidades Reajustables por día de atraso en el cumplimiento y de elevar estas actuaciones a la justicia penal».
Vencido el plazo que otorgó el juez concurrimos a retirar la información y se nos ofrece un montón de fotocopias de las fichas del personal. Se supone que todas las fichas. No las retiramos.

¿Quién y por qué?

¿Qué podía justificar la demora de tantos días para hacer esas fotocopias? ¿Por qué la respuesta no se refería a todas y cada una de las interrogantes entregando los listados con los datos debidamente clasificados y ordenados? Incluso, posteriormente, pudimos saber que los listados fueron confeccionados pero la Cra. Beatriz Martínez, intendenta en ese momento, habría dispuesto que se entregaran fotocopias de las fichas. Los listados en un CD no cuestan ni $ 10; las fotocopias, casi $ 3.000. Se nos obliga a hacer un Juicio de Amparo, se alarga el trámite, se interponen recursos incomprensibles, presentan argumentos sin sustento, no contestan ni por orden judicial o contestan mal.

En el futuro

Los cambios en el gobierno local alientan la esperanza de que estas prácticas se terminen. José Luis Falero tiene seguramente muchos temas que atender y no es raro que éste lo haya dejado en manos de asesores que siguen pautas de conducta que venían de antes. Quizá es el momento de revisarlas y disponer lo que se considere oportuno.

David Rabinovich

Los dilemas de la izquierda

La izquierda uruguaya enfrenta dilemas y contradicciones no muy diferentes a las que afligen a otras en el planeta. Cerca en el tiempo y el espacio tenemos el ejemplo de las elecciones en Chile. Es natural que aparezcan las preocupaciones.

Por David Rabinovich

La dirección política recorrió departamentales y sectores partidarios, incluyendo militantes de Buenos Aires. Las demandas fueron de apertura, participación en las decisiones y cambios en las estructuras. Similar a cómo sienten en San José muchos militantes, que se han sentido excluidos de las reuniones «a puertas cerradas».
En la nota de prensa que nos sirve de pretexto, varios dirigentes reflexionan.
Rafael Michelini (NE) afirma que si no se cambia aspectos sustanciales «dentro de cuatro años vamos a la derrota». Mayo fue una derrota ya que por primera vez el FA «desacumula». Reclama que los Comités de Base, para existir, tengan representación de varios sectores políticos. El Congreso del FA debe integrarse «mitad bases y mitad sectores» (hoy son 2400 delegados; sólo 60 son partidarios). Hay grupos que sólo tienen un delegado.
También piensa «Elegir a padrón abierto presidente y vice del FA» y quizá hasta definir las candidaturas comunes de esa forma.
Dice también Michelini: «Si uno quiere tener más influencia en el Frente Amplio debe copar comités»  «…dos o tres son nuevo espacistas pero el resto son comunistas, MPP o socialistas… Estamos perdiendo amplitud como FA. La conclusión es soltar y compartir la manija».
Para Jorge Orrico (AU) hay que «tener los oídos abiertos e involucrar la mayor cantidad de gente posible en las decisiones». Sugiere que los candidatos a las intendencias sean elegidos por las convenciones y no por los Plenarios.
Heber Bouses (MPP) pide que «el FA defina sus objetivos que se agotaron en la etapa electoral olvidando los de fondo».  «Y si no se tienen claros los objetivos, cualquier modificación en la estructura termina siendo administrativa. El FA, entonces, no tiene estrategia y el gobierno absorbió a los cuadros políticos».
La senadora Mónica Xavier (PS), marca tres vertientes para el debate: la conducción, las estructuras y las modificaciones del estatuto.
Daniel Bentancur (VA) entiende necesario definir «una estrategia política y una línea de acción» (…) para eso hay que «actualizar, renovar, dar más participación». Coincide en que «la fuerza política quedó a la deriva, ya que los cuadros del gobierno absorbieron a la dirigencia».
Jorge Rodríguez (AP) propone «generar mayor participación de la militancia en estructuras que sean atractivas (para) canalizar el involucramiento de los jóvenes». Advierte, además, sobre el alejamiento de la estructura partidaria de la acción de gobierno.
Doreen Ibarra (Fidel) propone «que los temas centrales del FA se resuelvan centralmente a nivel de la Mesa Política Nacional, no en el secretariado». Y para darle más importancia a los frenteamplistas del interior y del exterior: «recorridas de los dirigentes y parlamentarios».
Eduardo Lorier (PC) marca el «Doble vaciamiento de los CB: político-ideológico y material» (locales, computadoras e Internet). «Hay carencias de información. La gente siente que es un cero a la izquierda, porque lo que le llega ya está digerido; ante esa situación se le dificulta salir a relacionarse al exterior con los trabajadores y los cooperativistas». Lamentó que las giras de la dirigencia no se hubieran hecho antes.
Pablo Anzalone (PVP) reclama para el Frente Amplio «definir su rol en la escena nacional, capacidad de movilizar a la población, generar una mayor democracia interna para que los objetivos de la política no se remitan a las elecciones nacionales y luego se dedique a administrar el estado» ya que «la gente se apropia de los cambios cuando participa en ellos».
Hugo Gandoglia (lista 5005) quiere «romper con la imposición de las opiniones mayoritarias». «Seregni procuraba consensos; difíciles de conseguir cuando se es gobierno». Reclama nuevas formas de trabajo que incorporen otras formas de organización de los frenteamplistas.

Qué cambios serán
Con los elementos que asoman en un debate poco claro, legitimar el disenso, canalizarlo, en el seno de cada grupo y entre los grupos, para que la disputa por parcelas de poder no marque en forma excluyente la dinámica interna, parece una necesidad insoslayable. Pero ¿cómo se hace?
Los sectores no son malos en sí mismos, ni los proyectos personales son siempre incompatibles con los colectivos. Pero está siempre la posibilidad de que el interés sectorial se anteponga al colectivo y los intereses personales a los generales.
Quizá por eso, en cada comité se produce la puja entre partidos, grupos, personas. Luego se «negocia» para formar las mayorías. Se instala en la interna la lucha por el poder, se desarrolla y llega, en ocasiones, a ser más importante que la confrontación con la derecha y sus proyectos.
Unos se sienten fuertes en la coalición; otros en el movimiento. Pero pasa que niveles de conciencia, compromiso y militancia suelen caminar de la mano. ¿Hasta qué punto sirve promover que mayorías desideologizadas, muchas veces desinformadas por el sistema de medios dominante, marquen el rumbo? ¿Es mejor que minorías selectas, muchas veces autodesignadas o impuestas por la mera disponibilidad de tiempo para ‘estar’ en los Comités, decidan? La comisión de fomento es la herramienta del barrio, el sindicato la de los trabajadores que agrupa, el Comité de Base la de los frenteamplistas adherentes…
Son organizaciones que hay que cuidar, porque allí están las claves para la participación y la democracia real. La existencia de un proyecto colectivo y compartido sirve de referente para que los intereses sectoriales se enmarquen en uno más general. El convencimiento de que vamos a vivir mejor si vivimos en una sociedad mejor, justa e integradora, parece fundamental.
No es sencillo ni tiene atajos: democracia y participación miden niveles de conciencia. Para que seamos conscientes necesitamos buena información. Por resumirlo de alguna forma: la construcción de poder social, democrático y colectivo no es sinónimo de fortalecer y/o multiplicar los grupos. Sin entrar a considerar aquellos que son una suerte de cooperativa, destinada a darle protagonismo personal a sus integrantes.
Criterios que valen para el ámbito político ¿se podría reclamar, en materia económica, sin que quede reservada «a los que saben» y a «los responsables»?
Llama la atención que el objetivo de fortalecer la sociedad, para cambiarla, no aparezca como un tema central. Porque si los cambios sociales no son cambios en la sociedad y promovidos colectivamente ¿de qué cambios estamos hablando? ¿Es objetivo suficiente construir «un capitalismo en serio»?
¿Es sano que cada uno busque que se decida en el ámbito (votos o militancia) en el que mejor se mueve?
Un aspecto del debate se hace invisible: el cambio de sistema, el socialismo como objetivo que necesita de la construcción de un camino hacia la sustitución del capitalismo.
Parece que la amplitud, necesaria para acceder al gobierno, genera niveles de indefinición ideológica, se oscurecen los objetivos para que sean «compartibles» por muchos y mete dentro de las estructuras de la izquierda mucha ideología, métodos y proyectos personales, teñidos por una cultura de derecha, la que 30 años de neoliberalismo atornilló con mucha fuerza.
La realidad muestra que es muy común creer que para todos y cada uno «no hay nadie mejor para cualquier cargo que un compañero de su sector». Esa lógica tiene raíces muy fuertes y frutos muy amargos. Es la del grupo en desmedro del proyecto y la del individuo en desmedro del grupo. Un problema de ideas, antes que de organización.
Sin capacidad para poner en discusión «todo» y no perder de vista que la disputa es con la derecha, las propuestas parecen poder resumirse en que es mejor rico y sano que pobre y enfermo.
«Qué hacer». Quizá sea el momento de volver a revisar las fuentes y los debates originales.

La matemática municipal

Se comenzó a discutir «un plan de facilidades que otorgue la posibilidad de reenganchar y comenzar a pagar adecuadamente desde el próximo año. Eso nos permitirá también saber con qué cantidad de contribuyentes contamos para el quinquenio, de forma tal de poder elaborar un presupuesto acorde a los ingresos que estimamos que podamos tener», informó el Intendente José Luis Falero.

David Rabinovich

Oficinas recaudadoras: Dr. Evaristo Ciganda y Treinta y Tres.

La base del plan sería «Eliminar los recargos, adecuar los montos y financiarlos, para que con una cuota relativamente accesible la gente pueda reenganchar y no quedarse atrás al poco tiempo nuevamente. (…) quien se acoja al plan y a la mitad del período vuelva a atrasarse, será pasado directamente a la órbita judicial».
Por ahora las opiniones hacia la iniciativa son favorables.
El edil colorado Nelson Cabrera dijo que «en líneas generales la propuesta es muy positiva, enmarcada dentro del espíritu de diálogo que el Intendente manifestó desde que asumió. En líneas generales estamos de acuerdo». En similares términos se expresaron dirigentes del Frente Amplio.
Beneficio `para todos’
Falero dijo que la propuesta de facilidades alcanzaría a todos los deudores municipales y que la medida no responde a que haya dificultades presupuestales, ni tampoco a una morosidad que se aparte de lo normal. El mayor problema, en regímenes como el que se propone, es contemplar en forma justa a los buenos pagadores, señalan desde el oficialismo. Al comienzo de cada una de las últimas administraciones comunales, algún régimen de facilidades ha sido aprobado.

La Morosidad
Según las informaciones que han dado los medios locales, la morosidad en Contribución Urbana ronda el 41% de los padrones. Es decir,  un 25% de lo que recauda ese tributo. Si la distribución fuera similar a la del 2006, es más o menos un 3% de los recursos totales.
En la Contribución Inmobiliaria Rural, la morosidad llega -según Falero- al 20% de los contribuyentes, lo que significa un 15% de la recaudación por este tributo. En 2006 la Contribución Rural significaba el 18% de los recursos departamentales: Un 1,5% de los recursos totales actuales, según nuestro cálculo.
En Patentes de Rodados el Intendente no arriesga un porcentaje por las transferencias que no están registradas. Lo que genera incertidumbre precisamente en el recurso departamental más importante. Vale recordar que los recursos nacionales alcanzaron, en 2009, un 37% del total, un récord absoluto.
De todas maneras y advirtiendo que sería necesario tener información oficial actualizada, surgen más interrogantes por lo que consta en la rendición de cuentas 2009: «la recaudación global prácticamente ha coincidido con lo previsto». A nivel departamental se recaudó un 2% más de lo calculado y eso parece contradecir la necesidad del plan de facilidades que se proyecta.
Estimamos conveniente que se informara, con mayor precisión, los porcentajes de morosidad de cada tributo y su significado en relación al total del presupuesto.
También se puede aportar claridad dando los respectivos montos, en dólares, para poder hacer comparaciones y analizar mejor el significado de la morosidad.
Sería importante tener la distribución «por zonas» de la morosidad y también según las condiciones socio-económicas del deudor (vehículos caros, deudores con propiedades valiosas, con varios o muchos padrones). Para algunas de estas cosas sería necesario tener un catastro actualizado y «nominal», cosa que no existe, hasta donde sabemos.

Escobas, calderas y gatos negros
Como sucede cada vez que se discute una amnistía, aparecen las sospechas de que existan especuladores a los que siempre se alega no querer beneficiar.
«Aquellos que no estén pagando y podamos constatar que son contribuyentes que sí lo podrían hacer, que se haga una trámite rápido e inmediato para que pasen a la vía judicial», advirtió Falero.
De acuerdo a lo que se ha difundido, los contribuyentes podrán acceder a planes de pago hasta en cuatro años; las cuotas del convenio se pagarán junto con los vencimientos preestablecidos de cada tributo. En la financiación se aplicaría la actualización por IPC de las deudas, sin multas ni recargos. La identificación de grandes deudores y de grandes deudores contumaces ha sido también un anuncio reiterado, una promesa incumplida, una sospecha renovada en cada período ante cada nueva amnistía. Siempre «la última». Nadie cree en brujas, pero…

La Justicia tributaria
Parece razonable que en algún momento habrá que revisar los casos de aquellos deudores que no puedan pagar, porque simplemente no tienen ingresos suficientes. Tendrá que haber un régimen de exoneraciones justo y de forma paralela, rigor para los que lo merezcan. Para eso hay que saber quiénes deben, cuánto deben y desde cuándo. Para saber a quiénes se beneficia.

No se puede cobrar lo que no se debe
El Código Tributario fue aprobado por Decreto Ley N° 14.306 de 29 de noviembre de 1974. Posteriormente, la Intendencia Municipal de San José, por el artículo 1o. del Decreto Departamental 2.268 de fecha 18 de abril de 1977, aprobó y ratificó en todas sus partes a los efectos de su aplicación al ámbito departamental el Decreto ley 14.306.
Por lo tanto «El derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado…» (artículo 38 numeral I inciso 1o. del Código Tributario); y «El derecho al cobro de las sanciones e intereses tendrá el mismo término de prescripción que en cada caso corresponda al tributo respectivo…» (artículo 38 numeral II inciso 2o. del Código Tributario).
De acuerdo a estas disposiciones, que están vigentes, las deudas que se pueden cobrar son sólo las generadas a partir del 1/01/05.

¿Esto ha sido tomado en cuenta?

La paja y la viga

David Rabinovich

Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio...

BÚSQUEDA dedica la página 22, la 23 y una parte importante de la 45, en la edición del jueves 22 de julio, a la transcripción, análisis y comentario de un ‘memo’ que dejó el encargado de prensa del MGAP del anterior gobierno a sus sucesores.
Alguien se lo ‘filtró’ al semanario, éste lo publicó y muchos medios lo reprodujeron y amplificaron. Fue noticia nacional y tuvo sus versiones locales.
Mereció titulares de tapa que, en un caso, destacaron la situación de Leonardo Bolla, periodista especializado en temas rurales y maragato, que figura en la lista negra de Juan Ángel Fernández. También figura en esa lista Flavio Less, actual asesor en comunicaciones del MGAP. Less ocupa el puesto que tenía Fernández: mucho caso no le hicieron.
No me parece bien que alguien, que se dice de izquierda, actúe como lo ha hecho la derecha en materia de política de medios y clasificación de los periodistas.
Aunque la realidad es que no conozco casos de discriminación contra medios o periodistas durante la administración pasada. Algún cuestionamiento sin mayores consecuencias hubo, eso es cierto.
En lo local, por ejemplo, canal 5 pidió ayuda a gente afín al Frente (que nunca cobró nada) y luego, cuando hubo recursos, nombró un corresponsal en base a sus méritos profesionales, mediante llamado público, sin preguntarle cuál era su preferencia política. Otro tanto hizo la radio oficial.
En otro medio, también en tapa, se denunció que hace algunos años, un presidente de la mesa local del FA, que no se identifica, habría encargado a un periodista, al que tampoco se individualiza, la confección de un informe sobre los medios y los colegas que trabajan en ellos. ¿Qué consecuencias trajo esa lista si realmente existió? Ninguna que conozca.
Ante esta circunstancia, los Medios locales se hicieron eco de la denuncia de BÚSQUEDA y buscaron la conexión con la realidad cercana, para darle fuerza e interés al tema que consideran hay que poner en un lugar destacado de la agenda. Vieron, analizaron y destacaron la paja. Se olvidan, ignoran o desconocen la viga. Esa política de discriminación de los medios cuya línea editorial no le sirve al jerarca, esas prácticas de discriminación en el acceso a la información -incluso actuando al margen de la ley- se hizo y se hace en San José. No puedo afirmar que no habrá, en este tema, cambios en la conducta de las autoridades. Tengo esperanzas que deje de ocurrir. Pero siento vergüenza ajena por tanta mala conciencia en nuestra sociedad.

BPS y Secundaria acuerdan solución

La prensa local y nacional afirmaba que más de 200 padres que, a largo de varios años integraron la Comisión Apal en Libertad, serían demandados por el BPS por una suma que podría llegar a $ 1:700.000. De sendas conversaciones mantenidas con la Dra. Alicia Velázquez, que integró la APAL y hoy la asesora y con Ernesto Murro, presidente del BPS, obtuve versiones concordantes, pero distintas (y distantes) a las que se publicaron.

David Rabinovich

El lunes estuvo Ernesto Murro en Libertad para reunirse con algunos padres y los profesionales asesores. El presidente del BPS promovió esa reunión, luego de lograr ubicar a los actuales responsables y ofrecerse a hablar personalmente con ellos.
En esa reunión Murro aclaró que, para situaciones como la que se presenta con el sereno del liceo, hay un criterio establecido: Secundaria se hace cargo de la deuda.
Esta salida se basa en las mismas disposiciones, vigentes desde 2001, que se aplicaron en 2005 a más de 2000 personas que trabajaban en las escuelas (mujeres fundamentalmente) como cocineras o personal de limpieza, pero no figuraban como funcionarios de Primaria. La regularización de esas situaciones se hizo en un par de meses, asegurando los derechos de esos trabajadores y mejorando sustancialmente su situación laboral. Hubo voluntad política para aplicar un marco legal que estaba vigente hacía años.
En el caso que nos ocupa y que motivó destacadas notas, por ejemplo en El País, el trabajador no tendría primaria terminada por lo que no podía ser incorporado a Secundaria como funcionario. Vale puntualizar que la aclaración de que el «problema» estaba solucionado, El País lo consignó en un lugar con mucho menos visibilidad que la denuncia original.
El ingreso de funcionarios públicos tiene, naturalmente, condiciones y restricciones legales y presupuestales. Cuando en hospitales, escuelas o liceos, se recurre a los vecinos organizados en comisiones de apoyo, para solucionar algún problema de personal, debería cuidarse los derechos del trabajador. La realidad dice que los recursos que juntan los voluntarios de esas comisiones son menguados y los aportes una dificultad grande.
Se generan situaciones delicadas, que durante muchos años no fueron atendidas por las autoridades. Desde el período pasado de gobierno viene cambiando.
Se regularizó cuanto era posible y quedaron algunas situaciones, como esta, pendientes. Cuando aparece el problema, el Estado (Secundaria) tiene responsabilidades solidarias y/o subsidiarias y en algunos casos debe incorporar a los trabajadores y en otros hacerse cargo de las deudas. En el caso de Primaria, hizo ambas cosas.
Se blanquea la situación del sereno, se le reconoce que durante un período trabajó contratado por APAL y Secundaria se hace responsable.
Esta información, el presidente del BPS la llevó a Libertad el lunes personalmente. Quería aportar tranquilidad, las versiones de los medios, que recogen las del Presidente de APAL Daniel Campanella y las del representante legal de los padres Dr. Carlos Fajardo habían generado una natural preocupación.
Incidió también que la situación se presentara en el período de cambio de gobierno, con organismos en proceso de integración.
Hoy existe el compromiso de las autoridades de solucionarlo sin reclamar nada a los padres. Como se ha hecho en otros casos. Nunca existió la posibilidad de que llevara a la Justicia la demanda y el BPS sólo cumplió con trámites administrativos, para determinar el período en el que trabajó el sereno y estimar el monto de los aportes que se deben. En todo momento se pensó en que eso lo pagara el organismo. Es lo que se hace desde 2005.