La Carpintería del Tito

El taller de Tito

 

El taller, que está en Ituzaingó casi Batlle y Ordoñez, por aquellos años disfrutaba de «guardia permanente». «Dos veces se me aparecieron en la carpintería. Una vez estaba el Dentista (Luis) Malespina conversando conmigo. Saltó el gancho de la puerta y entraron a prepo y a los gritos» recuerda Tito.

-¡Saque los documentos!
-«No, porque los tengo en el bolsillo de atrás y no hace mucho en Montevideo le metieron tiros a uno porque hizo el gesto de sacar los documentos del bolsillo de atrás».
-¡Déme los documentos!
-«Yo me di vuelta y los saqué».
«Teníamos colgadas las cabezas de tarariras y pescados…Entonces se subió a una silla, le dijo al otro que lo alumbrara mejor y se puso a revisar para ver si teníamos algo escondido».
-¿Usted que guarda aquí? ¿Qué hay ahí?
-«Nada. Son recuerdos Puede haber aserrín que vuela al cortar la madera».
«Pasó a la pieza, porque yo vivía allí mismo. Le pregunté al otro que lo conocía de la calle: ¿Qué pasa aquí?
-¡Cállese la boca!
«Revolvió todo, tiró la ropa, levantó el colchón…»  
-¡No hay nada mi capitán!
-«Revisaron el otro galpón donde trabajaban los hermanos Lacava. Llaman a Luis que estaba quietito en la cocina y yo tenía mucho miedo por él, que en ese momento era el Secretario del Partido Socialista. Pensé que a Luis lo llevaban al cuartel; pero no, no pasó nada. Se fueron. Fue al poquito tiempo de que nos habían echado»
«En esos días pasaban con los bancarios en camiones. Había gente que aplaudía a las fuerzas conjuntas. Me acuerdo que Fermín Nantes, se lo llevaban y me gritó: «¡Tito!» Era un dolor. Porque llevaban gente buena que pensaba distinto».
«Aparecieron otra vez también, pero era de día; un oficial gordo».
-«¿Qué hacen aquí?»
-Denunciaron que aquí había armas.
-«No, mire, hay una vecina que ya ha denunciado a otros. Pero aquí apenas hemos hecho un autito de carrera para los niños que hay que desarmarlo para sacarlo porque el zaguán es muy angosto. Y somos gente de trabajo, acá».
-Bueno lo tengo que llevar al Consejo del niño, porque tiene que hacer unos trabajos. ¿Tipo trabajo forzado? le pregunto desconcertado.
-«No, no. (y se ríe un poco) Les di presupuesto; Hice los trabajos y los pagaron. Estaba este señor (Joaquim) de Almeida al que echaron. Durante la Dictadura también hice trabajos en el albergue que está del Parque para adelante.
Ahí vi cada injusticia con los gurises… Pero yo no podía decir nada porque te daban un culatazo en la cabeza
Perdí muchos clientes. Sobre todo el principio fue bravo. Decían que eras comunista. No «frenteamplista» porque causaba más miedo el comunismo. Pero mucha otra gente me llamaba para hacerles trabajos y así fuimos pasando. Varias veces comimos en la casa de algunas profesoras, Mirtana, Faruelo… Te emociona eso todavía. Hasta que se acabó la dictadura y cuando volvimos nos encontramos con la gente que había puesto los milicos verdes a dedo. Fue una lucha grande, pero aguantamos, qué íbamos a hacer. Muchos de ellos, que nos vendieron, después vinieron a saludarnos. A dos de ellos no les di pelota. A uno de servicio y a uno de la administración que nunca más lo saludé.»

Un recuerdo
solidario
En medio de mucha miseria humana había gente, y la memoria es ingrata, que merece un recuerdo.
«El Dr. Barreiro tuvo una conducta muy especial. Llegó a San José y a los pocos días vino con una canoa medio vieja y un motor. Conseguimos una canoa buena y de primera le dimos al motorcito y marchó. Después empecé a hacerle trabajos y toda la vida, hasta muy poco antes de morir. Un campamento entero, todos los muebles de la casa, una canoa forrada en fibra de vidrio. A él también lo detuvieron. Fue un hombre extraordinario»

El respeto por «El baqueano»

Tito

En la larga conversación, un tranquilo domingo por la tarde, los recuerdos discurren por sus propios cauces y reaparecen episodios hoy casi olvidados.

«El susto fue cuando hubo un temporal enorme, las aguas llegaron de 25 a calle Artigas, estaba cortada la ruta.
A la una y media de la mañana llaman y era la Policía (año 72, todavía estaba trabajando en el liceo) pero el ambiente estaba complicado.»
– No pasa nada Tito. Hay un ómnibus detenido en la Ruta 3 porque se fue a la banquina y lo tapa el agua.
«Precisaban el bote para sacar a la gente, lo cargamos y agarran derecho para el Parque. Ahí no más había un griterío bárbaro, estaba el ómnibus pegado al puentecito y estaban todos arriba del techo. Bajamos el bote, tomé la guía de los alambres del teléfono. Me parecía  imposible. Bájense, les dije a los cuatro policías que pretendían ir conmigo. Eran del «British» los chiquilines. El bote de los Bomberos había enganchado el motor en los alambrados y no lo podían sacar.
Cargué 11 de primera. El agua tapaba las ventanillas del ómnibus. Al volver las luces de los autos me encandilaban. ¡Por favor apaguen todas las luces! les grité. En el río, por más tormenta que haya, uno ve en la noche. Ahí los bomberos hicieron otro viaje. Yo con otro, terminamos. Pero me quedaba el chofer que se ve que se creía el capitán del barco y no se quería bajar.
Cuando sacamos a todos me iban a dejar en la carretera, pero les dije a los milicos: Me tienen que llevar a casa con el bote Y lo hicieron.
Al otro día fuimos (con Danilo González) al barrio de la OSE a llevar leche y pan a los chiquilines. Les dejamos el bote para que pudieran pasar. El agua venía bajando, ya al ómnibus se les veían las ventanillas.
Al otro día salió en «Los Principios» que gracias a la Policía y a los bomberos se habían salvado 42 personas.
El señor del año para ese periódico fue Milton Píanzzola, el Intendente, que no había hecho nada.

La Carpintería del Tito

el taller de tito

El taller, que está en Ituzaingó casi Batlle y Ordoñez, por aquellos años disfrutaba de «guardia permanente». «Dos veces se me aparecieron en la carpintería. Una vez estaba el Dentista (Luis) Malespina conversando conmigo. Saltó el gancho de la puerta y entraron a prepo y a los gritos» recuerda Tito.

 

-¡Saque los documentos!
-«No, porque los tengo en el bolsillo de atrás y no hace mucho en Montevideo le metieron tiros a uno porque hizo el gesto de sacar los documentos del bolsillo de atrás».
-¡Déme los documentos!
-«Yo me di vuelta y los saqué».
«Teníamos colgadas las cabezas de tarariras y pescados…Entonces se subió a una silla, le dijo al otro que lo alumbrara mejor y se puso a revisar para ver si teníamos algo escondido».
-¿Usted que guarda aquí? ¿Qué hay ahí?
-«Nada. Son recuerdos Puede haber aserrín que vuela al cortar la madera».
«Pasó a la pieza, porque yo vivía allí mismo. Le pregunté al otro que lo conocía de la calle: ¿Qué pasa aquí?
-¡Cállese la boca!
«Revolvió todo, tiró la ropa, levantó el colchón…»  
-¡No hay nada mi capitán!
-«Revisaron el otro galpón donde trabajaban los hermanos Lacava. Llaman a Luis que estaba quietito en la cocina y yo tenía mucho miedo por él, que en ese momento era el Secretario del Partido Socialista. Pensé que a Luis lo llevaban al cuartel; pero no, no pasó nada. Se fueron. Fue al poquito tiempo de que nos habían echado»
«En esos días pasaban con los bancarios en camiones. Había gente que aplaudía a las fuerzas conjuntas. Me acuerdo que Fermín Nantes, se lo llevaban y me gritó: «¡Tito!» Era un dolor. Porque llevaban gente buena que pensaba distinto».
«Aparecieron otra vez también, pero era de día; un oficial gordo».
-«¿Qué hacen aquí?»
-Denunciaron que aquí había armas.
-«No, mire, hay una vecina que ya ha denunciado a otros. Pero aquí apenas hemos hecho un autito de carrera para los niños que hay que desarmarlo para sacarlo porque el zaguán es muy angosto. Y somos gente de trabajo, acá».
-Bueno lo tengo que llevar al Consejo del niño, porque tiene que hacer unos trabajos. ¿Tipo trabajo forzado? le pregunto desconcertado.
-«No, no. (y se ríe un poco) Les di presupuesto; Hice los trabajos y los pagaron. Estaba este señor (Joaquim) de Almeida al que echaron. Durante la Dictadura también hice trabajos en el albergue que está del Parque para adelante.
Ahí vi cada injusticia con los gurises… Pero yo no podía decir nada porque te daban un culatazo en la cabeza
Perdí muchos clientes. Sobre todo el principio fue bravo. Decían que eras comunista. No «frenteamplista» porque causaba más miedo el comunismo. Pero mucha otra gente me llamaba para hacerles trabajos y así fuimos pasando. Varias veces comimos en la casa de algunas profesoras, Mirtana, Faruelo… Te emociona eso todavía. Hasta que se acabó la dictadura y cuando volvimos nos encontramos con la gente que había puesto los milicos verdes a dedo. Fue una lucha grande, pero aguantamos, qué íbamos a hacer. Muchos de ellos, que nos vendieron, después vinieron a saludarnos. A dos de ellos no les di pelota. A uno de servicio y a uno de la administración que nunca más lo saludé.»

Una recuerdo
solidario
En medio de mucha miseria humana había gente, y la memoria es ingrata, que merece un recuerdo.
«El Dr. Barreiro tuvo una conducta muy especial. Llegó a San José y a los pocos días vino con una canoa medio vieja y un motor. Conseguimos una canoa buena y de primera le dimos al motorcito y marchó. Después empecé a hacerle trabajos y toda la vida, hasta muy poco antes de morir. Un campamento entero, todos los muebles de la casa, una canoa forrada en fibra de vidrio. A él también lo detuvieron. Fue un hombre extraordinario» 

El respeto por «El baqueano»

Tito

 En la larga conversación, un tranquilo domingo por la tarde, los recuerdos discurren por sus propios cauces y reaparecen episodios hoy casi olvidados.

«El susto fue cuando hubo un temporal enorme, las aguas llegaron de 25 a calle Artigas, estaba cortada la ruta.
A la una y media de la mañana llaman y era la Policía (año 72, todavía estaba trabajando en el liceo) pero el ambiente estaba complicado.»
– No pasa nada Tito. Hay un ómnibus detenido en la Ruta 3 porque se fue a la banquina y lo tapa el agua.
«Precisaban el bote para sacar a la gente, lo cargamos y agarran derecho para el Parque. Ahí no más había un griterío bárbaro, estaba el ómnibus pegado al puentecito y estaban todos arriba del techo. Bajamos el bote, tomé la guía de los alambres del teléfono. Me parecía  imposible. Bájense, les dije a los cuatro policías que pretendían ir conmigo. Eran del «British» los chiquilines. El bote de los Bomberos había enganchado el motor en los alambrados y no lo podían sacar.
Cargué 11 de primera. El agua tapaba las ventanillas del ómnibus. Al volver las luces de los autos me encandilaban. ¡Por favor apaguen todas las luces! les grité. En el río, por más tormenta que haya, uno ve en la noche. Ahí los bomberos hicieron otro viaje. Yo con otro, terminamos. Pero me quedaba el chofer que se ve que se creía el capitán del barco y no se quería bajar.
Cuando sacamos a todos me iban a dejar en la carretera, pero les dije a los milicos: Me tienen que llevar a casa con el bote Y lo hicieron.
Al otro día fuimos (con Danilo González) al barrio de la OSE a llevar leche y pan a los chiquilines. Les dejamos el bote para que pudieran pasar. El agua venía bajando, ya al ómnibus se les veían las ventanillas.
Al otro día salió en «Los Principios» que gracias a la Policía y a los bomberos se habían salvado 42 personas.
El señor del año para ese periódico fue Milton Píanzzola, el Intendente, que no había hecho nada.

“Hay que rescatar las denuncias para la historia e investigar lo que efectivamente pasó en este país”

“Somos un grupo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos que desde los años ´70 nos empezamos a juntar para buscarlos, aún con la esperanza de encontrarlos vivos. Provenimos de diferentes vertientes marcadas por la dictadura y el exilio. Algunos permanecimos en Uruguay, otros comenzamos nuestra búsqueda en Argentina y otros en Europa y Centroamérica. Desde la apertura democrática caminamos juntos respetando la diversidad de pensamientos que nos caracteriza pero unidos en torno a nuestros principales objetivos: Memoria, Verdad, Justicia y Nunca Más”.
Así se presenta en su blog (www.familiaresdedesaparecidos.blogspot.com) el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Adriana Cabrera

“Antes la gente era detenida; los padres o las esposas no sabían a dónde se los llevaban, si al cuartel o la comisaría. En esa búsqueda, de ver dónde están, a veces para llevarle el paquete, pensando que le podían llevar un paquete de comida y ropa… en ese trajín de las familias, se empezó esa búsqueda”, cuenta Adriana Cabera Esteve, integrante del grupo e integrante de la comisión de publicidad de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad.
Pero la búsqueda, a veces, no encontraba resultados: “Esa búsqueda, en el caso de los presos políticos daba resultado: los encontraban en algún lado… Después venía el tema de conseguir un abogado. Pero en el caso de los desaparecidos, nunca daba resultados. Buscabas, golpeabas las puertas de los cuarteles, de las comisarías, pero de un lado te mandaban a otro y no pasaba nada”.
En ese entonces se formó un grupo de Familiares, integrado, por ejemplo, por Luz Ibarburu (que falleció hace casi tres años) y Violeta Malugani. Después se formó otro grupo en Argentina y otro más en el exilio, en Europa.
Adriana estuvo exiliada en Suecia. Ahí se formó la Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE).
Esa organización la integraban, por ejemplo, Luisa Cuesta, Tota Quinteros, Ignacio Errandonea…
Con la vuelta a la democracia, todos esos grupos empezaron a trabajar juntos. Los que venían de Argentina, los que estaban en Uruguay, los que venían de Europa y algunos de México y Venezuela.
“La gran batalla fue por el referéndum, cuando se instaló la Ley de Caducidad, que lo perdimos. Eso marcó mucho a Familiares. Fue un golpe muy fuerte….”
“Pienso que por lo traumático que fue la derrota del voto verde, fue difícil lograr una unanimidad de parte de Familiares, entonces (en esta nueva campaña) se dio libertad de acción cuando se comenzó con la recolección de firmas”, cuenta Adriana.
Adriana trabajó junto a personas como María Esther Gatti, Silvia Bellizzi y Graciela Sobrino, en la primera convocatoria que se hizo en el Parlamento cuando todavía ni siquiera se sabía con qué recurso se iba a intentar anular la Ley de Caducidad.
“Otro grupo estaba dispuesto a firmar pero no a militar por la nulidad y también había quienes tenían asesoramiento jurídico en contra y no estaban dispuestos ni a militar ni a firmar”.
“Por suerte ahora, después que se juntaron las firmas, que llegamos a las 330 mil firmas, Familiares decidió tomar posición a favor del voto por la anulación de la Ley de Caducidad, así que en esto estamos todos juntos y vamos a ensobrar todos la papeleta rosada por el Sí para que se anule la ley”.

Inconstitucional

“Nosotros siempre planteamos que la ley era inconstitucional, inmoral y nula. Eso lo hemos dicho hasta el hartazgo, en eso hay absoluta unanimidad (…) La ley no debió haberse votado jamás…
Decimos que es inconstitucional, porque el Poder Judicial le tiene que preguntar al Poder Ejecutivo si puede o no seguir con su actuación, cosa que viola la independencia de poderes…”
Cabrera aclara que este gobierno, en todos los casos que le han llegado, ha dicho que corresponde investigar y que corresponde juzgar. “Le ha dado libertad al Poder Judicial de actuar, por eso hemos tenido los procesamientos y las condenas por causas que incluso presentamos los Familiares”.
Pero sostiene que puede suceder que otros gobiernos sigan haciendo lo que hicieron los gobiernos anteriores: “lo que hizo el Partido Nacional y el Partido Colorado todos estos años… Ni siquiera se investigaban las denuncias; sencillamente eran archivadas”.
Familiares tiene unas cuantas causas que fueron archivadas por el fiscal Moller. “Algunas son de gente que ya no está viva, que presentó sus denuncias, que luchó toda la vida y que en estos momentos no tiene la posibilidad de denunciar ni de apelar con una nueva argumentación”.
“Todo ese tipo de cosas han pasado, por eso nosotros queremos que se anule la Ley”.
Explica que anular la Ley supone que “todas las causas que fueron archivadas en el marco de esa ley, se tienen que abrir de oficio”. “Es como si nunca se hubieran archivado”.
“Eso hace (…) que todas esas denuncias no queden en un archivo sino que sean rescatadas para la historia y para investigar lo que efectivamente pasó en este país”. No fue en vano entonces el trabajo de “todos los compañeros y compañeras Familiares, esas mujeres viejitas que andaban de Juzgado en Juzgado, en organizaciones de derechos humanos haciendo sus denuncias…”

El grupo

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos es una organización “bastante sui generis”, explica. “Nosotros nos reunimos, resolvemos las cosas por consenso (…) Nos ha dado una especie de experiencia y cierta sabiduría en el sentido de aprender a respetar la diversidad, porque la diversidad está instalada con muchísima legitimidad en el grupo. Todos pensamos distinto… esa es una característica del ser humano”.
En el grupo se realizan reuniones semanales en plenario, para tomar las decisiones, pero también hay gente “que mantiene un vínculo más laxo”: “si Familiares organiza una actividad vienen, pero no vienen todos los lunes al Plenario… o reciben nuestra correspondencia y cuando se los convoca a algunas actividades, por ejemplo a la marcha del 20 de mayo, van todos (…) son familiares que se sienten parte y por eso están ahí”.

Sentimientos…

Sin lugar a dudas, todas las etapas de este proceso han significado mucho desde el punto de vista sentimental para estas madres y familiares de desaparecidos. «Yo te diría que hay como dos planos del tema –afirma Adriana-: uno es el de la legitimidad que nosotros siempre sentíamos o estábamos convencidos, porque sabíamos que lo que contábamos era lo que nos había pasado…”
A su vez sienten que la sociedad se mostraba indiferente: “la sociedad no respondía a eso. Respondía algún círculo cercano, pero la verdad era que el resto de la sociedad parecía indiferente al tema. Tanto es así que para el referéndum dividió aguas. Salió la gente que tenía miedo, o que le era indiferente que le secuestraran un vecino o un familiar… Eso que se instaló en nuestro país, que es lo que nosotros llamábamos la cultura de la impunidad -y la llamamos todavía-, que también tenía su correlato en otros aspectos de la sociedad: en ‘hacé la tuya’, en ‘no me importa’, ‘yo solo puedo’… que era como la apología del individualismo”.
“Eso, para nosotros, fue un período muy duro desde todo punto de vista. Y creo que también para el conjunto de la sociedad, porque los seres humanos somos seres gregarios, nos necesitamos unos a los otros, nos organizamos para resolver colectivamente nuestros problemas…”

Cambios

Según Cabrera, “el sistema” no daba respuestas al problema de los familiares y ese fue un período muy duro. Pero luego, hubo algunos cambios: “En este último período la situación empezó a cambiar, el gobierno decidió investigar; se entró a los cuarteles por primera vez… Con este gobierno la sociedad civil irrumpió el los cuarteles y fue como un mensaje muy fuerte…
Ese mensaje fue muy importante para nosotros en todo sentido… en lo personal, en lo social, en lo político…”
También habló del significado que tuvo para el grupo el hecho de que algunos militares fueran condenados: «la causa por la cual se ha condenado a los militares es una de las causas en la que está mi papá (Ary Cabrera), como está también la hija de María Esther Gatti, el hijo de Luz Ibarburu, de Alba González, de Milka González, o el hermano de Ignacio Errandonea…»
«El hecho de que por primera vez en este país hayan ido presos los militares, pero que además luego de un proceso legítimo judicial se haya demostrado su culpabilidad y hayan sido condenados, eso no tiene precedentes en nuestra historia y para nosotros es de una relevancia importantísima».

Martín Prats: “El sistema judicial uruguayo no tiene que aplicar la Ley de Caducidad”

Martín Prats

Si se anula la Ley de Caducidad «se reabrirían todos los casos y por lo tanto no habría ningún obstáculo para el juzgamiento», dijo el Dr. Martín Prats a SAN JOSÉ HOY.
Prats es abogado, director del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).
La institución trabaja en el acompañamiento a familiares de presos políticos.
Prats analizó las posiciones, frente a la Ley de Caducidad, desde el punto de vista jurídico.

Ielsur es una ONG en defensa de los Derechos Humanos que tiene más de 25 años de existencia. Surgió en los últimos años de la dictadura, como un equipo de abogados que patrocinaba a presos políticos y familiares.
Luego, la organización continuó trabajando por los derechos humanos, no solamente por las violaciones durante la dictadura, sino también en temas vinculados a los derechos del niño, de la mujer o la libertad de expresión (derecho a la información incluido).
Ielsur también realiza un seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana, del sistema penitenciario y aborda temáticas vinculadas a la discriminación de personas que padecen el virus del VIH-Sida.
Aborda los derechos humanos desde una perspectiva jurídica, enriquecida con el aporte de otras ciencias sociales.
Hay abogados, sociólogos, psicólogos, maestros, médicos, comprometidos en esas tareas.

Ley de Caducidad

Ielsur nace vinculado a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Restablecida la democracia, patrocinó acciones legales contra los violadores de los derechos humanos, buscando el esclarecimiento de los casos de detenidos desaparecidos.
“Entre el restablecimiento de la democracia  y la aprobación de la Ley de Caducidad, se presentaron un montón de denuncias desde esta Institución. Esas denuncias se vieron truncadas por la ley de Caducidad, que las mandó a archivar”.
Ielsur presentó acciones de inconstitucionalidad contra la ley, pero fueron rechazadas. «La Suprema Corte de Justicia en su momento declaró constitucional esta ley».
Una vez agotadas las vías legales internas, se acompañó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través de su informe 29 del año 1992, entendió que la ley era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Convención recomendaba al Estado uruguayo la investigación y la sanción de los responsables. «Sin embargo, por cómo está dispuesto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado uruguayo no hizo caso de ese informe de la Comisión Interamericana  y la Comisión no elevó el asunto a la Corte Interamericana… Nunca hubo un juzgamiento ante la Corte que pudiera aprobar una sentencia en contra del Estado uruguayo».
A comienzo de los años 90 Ielsur patrocinó a algunos familiares de presos políticos en acciones civiles por los daños y perjuicios ocasionados.
El juicio terminó con una conciliación. El Estado ofreció una suma de dinero a las familias, como transacción, que fue aceptada en su momento. «Fue un antecedente importante porque el Estado, a través de su fuerza de transacción, reconocía su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura».
Luego, según Prats y desde el punto de vista jurídico, el asunto quedó estancadoen el Uruguay, «más con el panorama político que había y con la integración que tenía el Poder Judicial en ese momento».
Si bien Ielsur mantuvo una posición contraria a la Ley de Caducidad, no hubo acciones jurídicas concretas.

Cambios

La situación comenzó a cambiar hacia finales del segundo gobierno de Sanguinetti y primer gobierno de Batlle, sostiene el Dr. Prats. En ese momento tuvo mucho peso la experiencia de las organizaciones de derechos humanos argentinas, que sentían la limitación de la investigación por la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final.
«Pese a esas leyes, en Argentina, organizaciones de derechos humanos lograron, a través de juicios por la verdad, que hubiera sentencias favorables al deber de investigar por parte del Estado, qué había pasado con los desaparecidos. Más allá de que el tema de la responsabilidad penal no se tocara».
Alentado por esa experiencia, a comienzos del año 2002, Ielsur comienza, junto a otras organizaciones, a pensar nuevas estrategias.
«El gobierno de Batlle ya tenía una actitud distinta a los gobiernos de Sanguinetti y de Lacalle, en cuanto a que formó la Comisión para la Paz; alentó algunas formas de investigación y se supo algo de lo que había pasado con los desaparecidos».

Un nuevo gobierno, una nueva interpretación de la Ley

Prats dice que con el Frente Amplio en el Gobierno «hay una nueva actitud», más allá de que se mantiene la Ley de Caducidad. Se manifestó la voluntad de cumplirla enteramente y, por lo tanto, también de cumplir el artículo 4 e investigar.
Desde las organizaciones de derechos humanos se empezaron a revisar algunos temas para presentar denuncias de otro tipo. Se hicieron denuncias por la verdad, y se empezaron a buscar las «rendijas» que la Ley de Caducidad podía dejar para la investigación y la sanción penal.
Hubo denuncias contra Bordaberry, Juan Carlos Blanco, Gregorio Álvarez, Gavazzo, Silveira, y otros, utilizando la propia Ley, ya que ésta no contemplaba a los mandos, los civiles o los delitos cometidos fuera del país.
Se abrieron casos y se lograron procesamientos.
Ielsur colaboró con los abogados que presentaron esas denuncias, entre ellos, Hebe Martínez Burlé, Óscar López Goldaracena y Pablo Chargoñia (PIT-CNT).

Un logro de Ielsur

Ielsur logró reactivar el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Si bien ya no hay vuelta atrás en cuanto a que la Comisión no puede pasarle el caso a la Corte, la Comisión sí puede hacer un seguimiento de aquel informe 29/92». El Instituto entonces pidió audiencia a la Comisión y fue varias veces a Washington a plantear cómo estaba la situación de cumplimiento del informe. «Eso, políticamente significaba un tirón de orejas al gobierno uruguayo».
Prats sostiene que esa nueva interpretación que se le dio a la Ley por parte del gobierno actual, estuvo apuntalada por el seguimiento que hizo Ielsur de aquel informe del año 92.

El trabajo de este momento

Actualmente, el Instituto lleva adelante algunas acciones judiciales sobre el tema de la verdad. «No con respecto a los desaparecidos sino por ejemplo a homicidios que hubo durante la época de la dictadura”. Prats explica que en aquel tiempo la versión oficial era una y los familiares de aquellas víctimas quieren aclarar que aquella versión no era cierta, “que no habían muerto en enfrentamientos por ejemplo, sino que habían sido asesinados».

Por la anulación

El abogado habla con claridad sobre la campaña por la Nulidad de la Ley de Caducidad: «Hubo movimientos políticos que llevaron a que algunos pensaran, como una buena estrategia, que la ley tenía que ser removida a través de la anulación».
La anulación no está prevista constitucionalmente, porque el Derecho prevé la derogación de una ley o la inconstitucionalidad.
Prats explica que la derogación no tendría efectos jurídicos porque sería de acá hacia el futuro. Agrega que más allá de que hoy hay presentada una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, la inconstitucionalidad tiene el inconveniente de que es caso por caso.
Así fue como surgió la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del Pit-CNT, de anular la Ley a partir de una reforma constitucional. «Así se reabrirían todos los casos y por lo tanto no habría ningún obstáculo para el juzgamiento».
Hoy sólo pueden ser juzgados aquellos que la nueva interpretación de la ley dio lugar, como los altos mandos, los civiles, o los delitos cometidos en el extranjero.
Si se anula la ley se podrían reabrir todos los casos y llamar a responsabilidad penal a otras personas que no entran dentro de estas categorías.

Posiciones a favor y en contra

«Jurídicamente hay posiciones a favor y en contra de la anulación. El efecto esperado por quienes piden la anulación, es remover la Ley de Caducidad y por lo tanto reabrir absolutamente todos los casos sin ningún tipo de impedimento. Sin embargo, hay otros que sostienen jurídicamente -y no precisamente gente que esté favor de la Ley de Caducidad, sino que también puede estar en contra- que no es tan fácil la cuestión porque puede haber otros institutos jurídicos que podrían aplicarse en el caso y daría como que la solución no fuera tan fácil».
Prats sostiene que ese es un problema que habrá que tener en cuenta y que “hay que estar bien preparados jurídicamente para contestar esos argumentos jurídicos”.
La Ley de Caducidad violenta los Convenios Internacionales de Derechos Humanos aprobados por el Uruguay.
“Mi posición personal es que a partir de esa incongruencia entre el Derecho Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el sistema judicial uruguayo no tiene que aplicar la ley de Caducidad, independientemente de esta anulación”.
Según Prats, el sistema jurídico uruguayo permite declaraciones de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad o interpretaciones jurídicas que digan que la Ley que aprobó la Convención Interamericana es superior jerárquicamente a la ley de Caducidad.
Explica que “la anulación es saltarse eso y llegar a la misma solución de que igual se pueda juzgar. Pero puede traer algún otro problema jurídico, por ejemplo que puedan alegar que los delitos están prescriptos o que la anulación va contra los mismos principios de la Constitución”.
“Es un problema; habrá que ver cómo se contesta cuando esté la ley anulada”, concluyó.

Luis Puig: “La Ley de Caducidad operó como una Ley de Amnistía para los terroristas de Estado”

«No va existir nunca más el Estado violando los derechos humanos y consagrando la impunidad…»
Anular la Ley de Caducidad tendría varios efectos. Para Luis Puig, secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, el más importante es el mensaje que da hacia el futuro.

Luis Puig

Para la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, anular la ley es una medida preventiva hacia el futuro, para crear una nueva convivencia en materia de derechos humanos y no generar «una cultura de la impunidad».
Con la Ley de Caducidad se ampararon torturas, desapariciones, secuestros de niños, asesinatos, traslados clandestinos y se cobijaron “cosas que la misma ley dice que no podían estar avaladas, por ejemplo, los delitos económicos”, dice Puig.
Cuenta que «había un financista en la década del 70 que tenía algunos negocios poco claros con algunos jerarcas de las fuerzas armadas… Ese señor se quedó con algunos vueltos de oficiales superiores y apareció muerto».
Con la Ley de Caducidad vigente se prohíbe la investigación de este caso.

Terminar con la cultura de impunidad

Los delitos cometidos fuera del país fueron incorporados durante años en la Ley de Caducidad, a pesar de que la ley tiene vigencia en el país únicamente. También fueron amparados delitos cometidos fuera del plazo que marca la ley (26 de junio de 1975 – 1 de marzo de 1985). «Operó como una Ley de Amnistía para los terroristas de Estado», dice Puig.
La Coordinadora cree que se van a abrir varias de esas causas. Algunas se podrán investigar, otras no porque murieron los protagonistas: «Pero para nosotros el efecto principal es hacia el futuro (…) Terminar con la cultura de impunidad».

Recobrar la dignidad

«Yo creo que el pueblo uruguayo va a recobrar la dignidad incluso a nivel internacional del valor ético de la justicia, a partir de la anulación de la Ley», dice Puig. Para este sindicalista es imprescindible que Uruguay deje de ser el único país del cono sur de América que siga manteniendo sus leyes de impunidad.

Una ley votada bajo amenaza militar

En nuestro país se está tramitando la inconstitucionalidad en el caso de Nibia Sabalsagaray, joven asesinada en la década del 70.
El primer argumento que fundamenta el fiscal de Corte para declarar la inconstitucionalidad de la ley y que la Coordinadora retoma, es que fue votada bajo amenaza militar.
La Ley de Caducidad se votó en cinco días -recuerda Puig-, del 18 al 22 de diciembre de 1986. El lunes 22 de diciembre de 1986 era el día en que estaban citados a declarar por la Justicia varios oficiales superiores, terroristas de Estado.
En aquel momento el comandante en Jefe del Ejército era el General Medina, quien planteó que las citaciones de la justicia estaban guardadas en su cofre fort: «Estaba mandando un claro mensaje al Parlamento: que si no se aprobaba la ley iba a haber un desacato militar».
Las actas parlamentarias de la época son muy elocuentes. Puig recuerda que el Senador Zumarán, del Partido Nacional, dijo que nunca hubo tanta presión sobre el Poder Legislativo y que como resultado se iba a terminar aprobando una ley que impedía la acción de la Justicia.
La misma letra de la ley lo dice: «por la vigencia de la lógica de los hechos».
«La lógica de los hechos era el desacato militar, y el desacato militar no es fuente de derecho en Uruguay», dice Puig.
Otro argumento del actual fiscal de Corte y que la Coordinadora comparte, es que la Ley de Caducidad es violatoria de todos los convenios internacionales que Uruguay ha firmado.
Cada vez más la comunidad internacional le está exigiendo a Uruguay que anule la Ley de Caducidad.

La Ley y su aplicación

La Ley 15.848, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, impide que los militares que cometieron crímenes contra la sociedad puedan ser juzgados.
Tanto el proceso de su aprobación en 1986 como el referéndum que se realizó en 1989, estuvieron marcados por amenazas de quiebre institucional.
Hasta el año 2006, ningún implicado en delitos de lesa humanidad fue juzgado.
Desde la salida a la democracia y hasta el año 2003 (a partir de la creación de la Comisión para la Paz), la sociedad uruguaya avanzó muy poco en el esclarecimiento de lo ocurrido durante la dictadura y -hasta el año 2005- nada en la obtención de justicia. En todo el período anterior, se impidió que la Justicia actuara con independencia, lesionando así principios democráticos fundamentales*.

Año 1989

En el año 1989, cuando la ley fue sometida a referéndum, muchos uruguayos votaron mantenerla por temor, cediendo a las amenazas de los militares.
Según Puig, además existía la negación por parte del gobierno de la época de que en este país se hubieran cometido delitos de lesa humanidad: “el ex-presidente Sanguinetti decía que en este país no se fusilaron prisioneros, no hubo niños desaparecidos…”
Pero se encontraron los restos de Ubagesner Chávez Sosa y de Fernando Miranda en unidades militares.
«Macarena Gelman fue secuestrada… su madre, traída al Uruguay, cuando nace Macarena se asesina a su madre y Macarena está desaparecida durante largos años».
“Simón Riquelo fue secuestrado en Argentina por militares uruguayos; estuvo 26 años desaparecido”.
En 1989 había un spot televisivo en el que Sara Méndez le pedía al pueblo uruguayo que le ayudara a encontrar a su hijo Simón, secuestrado a los 20 días de su nacimiento en Argentina. «El propio presidente de la República en aquel momento dijo que eso era falso. Que eso era mentira y era para denigrar a las Fuerzas Armadas uruguayas».
El spot fue prohibido pero los sindicatos se encargaron de hacerlo público.
«El mensaje era muy claro: si se anula la Ley hay un nuevo golpe de Estado».
Había mucho miedo, desconocimiento y censura…
Puig también recuerda el «papel vergonzoso de la Corte Electoral» cuando se desconoció la firma del propio Seregni. En aquel momento miles de ciudadanos tuvieron que ir a ratificar sus firmas «y hasta último momento se trató de que las firmas no alcanzaran».

Antes voto verde, hoy sí

Zelmar Michelini hijo hoy está radicado en Francia. Puig mantuvo una conversación telefónica con él y coincidieron en la necesidad de que personalidades que estuvieron en el voto verde hoy estén en una presidencia de honor de una gran comisión nacional.
Se piensa en personas como Matilde Rodríguez, María Esther Gatti de Islas (abuela de Mariana Zaffaroni), Eduardo Galeano y personalidades de distintas colectividades.
Puig afirma que en esta campaña han jugado un papel decisivo ciudadanos del Partido Nacional y del Partido Colorado, junto a los frenteamplistas.

Por iniciativa popular

La recolección de firmas por parte de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad comenzó el 4 de setiembre de 2007. Un año antes se realizó una recorrida por todo el país, de sensibilización sobre el tema.
La experiencia comenzó el 19 de junio de 2006 con un acto en la sede de la Universidad en Paysandú. El 18 de julio de ese año se realizó otra actividad en Maldonado, en un lugar que había sido cárcel y donde participaron los ex-presos.
Se visitó Durazno y también a la colonia de uruguayos en Argentina.
En aquel momento se convocó al Parlamento a que anulara la Ley, pero no hubo voluntad política.
Las organizaciones sociales de derechos humanos optaron por convocar a la gente y empezar a recorrer el camino de una reforma constitucional por iniciativa popular.
“Se sabía que la etapa de recolección de firmas iba a ser la más difícil, pero de esa manera se iba a lograr despertar el sentimiento de verdad, justicia, el sentimiento democrático de nuestro pueblo”, dice Puig.
A fin de año se llegó con 180 mil firmas. «Después fue el aluvión… porque la gente se sintió protagonista de esta campaña». Se sumaron uruguayos en el exterior, desde Francia, Suiza, Argentina, México y Estados Unidos.
Un ómnibus recorrió parte del país con el aporte de los uruguayos radicados en Francia y Suiza.
Se incorporaron los jóvenes: en el Festival de Rock de Durazno en el 2008 se juntaron 4.200 firmas en un fin de semana.
Los jóvenes salieron en ómnibus recorrer… Así se fueron generando instancias de participación colectiva.

Galeano, olvidadizo pero no olvidador

Puig recordó cuando firmó Eduardo Galeano, un momento muy emocionante de la campaña; Galeano había olvidado el número de su credencial y se levantó de la mesa a buscarlo hasta su portafolios donde lo tenía anotado.
“Galeano dijo, delante de toda la prensa: ¿sabe lo que pasa? Yo soy muy olvidadizo. Me olvido dónde vivo, a veces me olvido de quién soy… Soy olvidadizo pero no soy olvidador. No se puede ser olvidador. Construir una democracia en este país implica tener memoria, verdad y justicia».

Una larga cadena humana

Una larga cadena humana custodió las cajas repletas de firmas que la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad presentó el viernes 24 de mayo ante la Asamblea General. Más de 300 mil firmas.
A las 16.30 hs., miles de ciudadanos partieron desde la sede de la Federación de Funcionarios de Ancap hacia el Palacio Legislativo.
Durante la marcha, más gente se acercaba a entregar papeletas…
El plazo de entrega era el 25 de mayo; la Coordinadora quiso asegurarse y las entregó un día antes… Un Ministro de la Corte había salido a decir que el plazo terminaba el 24. Esa misma noche, a las 23:45, se entregaron 13 mil firmas más.
Al otro día, cuando se demostró que el plazo seguía vigente, se entregaron otras 1.544 firmas.

Lo que queda por hacer

A fines de setiembre se proyecta un gran espectáculo musical en el Estadio Centenario en apoyo a la campaña. «La participación de la gente es el elemento que puede determinar con absoluta claridad que se terminó la impunidad en Uruguay».
“Hoy están dadas todas las condiciones para que el pueblo uruguayo desarrolle una gesta pacífica, democrática, democratizadora y termine con esta cultura de la impunidad”.
“En Uruguay hay que marcar una clara señal de verdad y justicia”.
“Gane el gobierno que gane hay que asegurar la libre acción de la Justicia”.

«Las heridas del pasado no se han curado…»

Eduardo Pereira Cuadra es Inspector General de Policía (R); blanco, del sector de Larrañaga. Estuvo más de un año preso en dictadura. Como Inspector Nacional de Cárceles decidió retirarse, cansado de la corrupción.

 

-¿Cómo era el ambiente previo al Golpe, en la Policía?
-Yo me recibí como Oficial en el año 1970, comencé a trabajar en los primeros días de enero del 71, en el Departamento de Hurtos y Rapiñas. El país, en ese momento, estaba imbuido en una gran efervescencia política y social, lo que hoy los entendidos denominan ‘lucha de clases’; existía un movimiento guerrillero armado en el país y en contraposición una Escuela de las Américas, que ideó, pergeñó, y mal ejecutó un programa para latinoamérica de lo que se llamó la Doctrina de la Seguridad Nacional, aplicada a través del Departamento de Estado. La llamada Política Pendular Norteamericana trajo al país consecuencias sufridas por unos y otros de distinta manera. Había lucha de clases, lucha por el poder que condujo a que unos, evitando que la guerrilla llegara al poder, dieran un golpe de Estado. Yo, honesta y sinceramente, los considero traidores a la patria porque militares y policías no fueron ideados para atacar a las instituciones sino para defenderlas. Los oficiales de la policía juramos, con el puño de la espada en alto, defender a la Constitución y a la Ley. Siempre me consideré un oficial constitucionalista 100%.
Tuve que trabajar en condiciones especiales porque después se vino el golpe de Estado. Quienes han analizado los hechos del pasado saben que la institución policial perdió vigencia, perdió fuerza; fue desmembrada, el cuadro de oficiales fue perseguido y los opositores al régimen militar fuimos acallados, o, como en mi caso, fuimos presos.

-¿Dónde estuvo preso y por qué?
-En Cárcel Central; 449 días, desde junio del 82 a agosto del 83. Conocí personalidades de la política nacional, como Zumarán. Compartí cárcel con tres o cuatro coroneles del Partido Nacional, opositores al golpe de Estado, afines a la figura de Wilson Ferreira Aldunate. Conocí otros que después fueron embajadores, con quienes todavía tenemos algún trato. Se utilizó una excusa para reprimir a un oficial jamás apegado a la doctrina de Seguridad Nacional. Como en todas las épocas los hombres hemos cometido errores y allí había militares corruptos, sin duda. Aclaré un hecho que estaba vinculado a una empresa maragata que había utilizado medios económicos no santos; por eso se me persiguió.

-¿Dónde hizo la denuncia?
-Lo denuncié al Intendente y al Jefe de Policía de la época: coroneles Bazzano y Mermot.

-¿Qué empresa era?
-No es necesario nombrarla, los hechos están juzgados a nivel de la Justicia y de la historia. Me apoyó mucho el Dr. Pedro Sfeir; gran demócrata, un hombre que ejercía la abogacía de una manera maravillosa.

-Mucha gente se enriqueció en la dictadura…
-Sí; corruptos ha habido y hay en la administración pública. Una de las tantas cosas por las que yo pedí mi retiro es porque no comparto justamente, que las autoridades actuales no hicieron nada por reprimir hechos de corrupción con una línea de acción firme y positiva, particularmente en la Dirección Nacional de Cárceles.

-¿Cómo era ser opositor estando dentro?
-Era muy difícil… Cuando me recibí tenía apenas 20 años de edad. Era la antesala del golpe. (…) Que se ejecutó con planes que ya hacía cuatro o cinco años que estaban gestados y se les cambió la fecha; era hasta ridícula la situación. Todo el mundo se daba cuenta que iba a venir el golpe. Los jóvenes que éramos constitucionalistas únicamente poníamos el impulso para que no se llevaran las instituciones de tiro como las avasallaron. Fue lo que pasó; derecha e izquierda son responsables. Yo creo que la responsabilidad histórica es compartida.

-Dentro de la Policía habrá escuchado o visto cosas con las que discrepaba. ¿Qué podía hacer?
-Se hablaba mucho de la metodología de los interrogatorios, que habían sido importados desde otros ámbitos distintos al ambiente nacional. Muchos oficiales no estábamos de acuerdo. Posteriormente me tocó ejercer como Director de Investigaciones acá en San José y todos saben lo que significaba clasificar a los ciudadanos en A, B o C. Aquellos aberrantes certificados por los cuales algunos padres o jefas de familia perdieron sus trabajos… Era un disparate lo que se hacía.

-¿Le tocaba a la policía decidir quién tenía categoría A, B o C?
-Se hacía toda una indagatoria; se complementaban Policía – Ejército y Ejército – Policía para determinar si la persona era un posible conspirador o si tenía ideas que no eran exactamente las que inculcaba el propio gobierno que era dictatorial, lisa y llanamente. Estabas a favor o en contra. Quien estaba en contra recibía su dosis y quien estaba a favor recibía sus regalías. Mucha gente en San José escaló posiciones en esa época y hoy en día goza de buena salud y tiene su prestigio social. Los pueblos no tienen buena memoria respecto de algunas situaciones en particular…

-Quiere nombrar a alguna.
-No, ya es suficiente con que los vea en la calle.
(…) A mí me tocó personalmente, después del golpe de Estado y de haber sido procesado por la Justicia Militar, que había oficiales de policía que no se animaban a cruzarse en la vereda conmigo; no se animaban a saludarme, sentían vergüenza. Pero no era una vergüenza propia sino ajena. Simplemente fueron títeres de la dictadura.

-Hubo mucha gente destituida por esto de las categorías.
-Y hubo quienes no pudieron recuperar sus trabajos nunca más. Esas categorías eran injustas y no sólo eso, tenían precio. Hubo personas que para poder sostenerse dentro del cargo -porque era lo único que tenían para poder mantener a sus familias-, tuvieron que pagar una categoría B para permanecer aún en la orilla de los empleos públicos. Era parte de la corrupción. Los certificados tenían un valor económico.

-¿O sea que alguien que tenía una categoría C, pagaba, y pasaba a ser B?
-Si encontraba el contacto adecuado. Claro que se hacía. Solamente los que vivimos aquella época sabemos el oscurantismo extraordinario que se vivió en esta sociedad. Destrozaron familias enteras. Se destrozó a la sociedad uruguaya. Hay un gran vacío generacional que hoy está latente en este país. Es lo que algunos autores denominan las heridas del pasado. Esas no se han curado y no se van a curar jamás. Eso no se hace por decreto. En eso comparto el pensamiento de Mujica como jefe guerrillero: Yo jamás perdonaría a un adversario de la guerra. Ni de derecha ni de izquierda. Quien se enfrentó conmigo es un enemigo para toda la vida… No le pueden pedir a un hombre como Mujica, que cumplió una preventiva tan larga, en condiciones extremadamente difíciles y excepcionales, que perdone.

-¿Hubo torturas en el ámbito policial?
-Le soy sincero, como no trabajé en la lucha frontal contra la sedición, nunca me tocó ningún tipo de acción y con esto no estoy tratando de eludir responsabilidades históricas; no me tocó porque yo no ejercí en ninguno de los órganos de inteligencia. Es una de las especialidades que no me apasiona para nada. Yo he sido simplemente un policía de calle, un gran investigador. Creo que me he ganado el derecho; tengo 11 homicidios aclarados a lo largo de mi carrera. Me gustó mucho la criminalística. La inteligencia no me llama la atención para nada…

-¿Qué acciones recuerda que haya hecho en clara oposición a lo que se estaba viviendo? ¿O debía quedarse callado?
-Dependía de quién fuera que dirigía las acciones. Ya en el ámbito departamental, siendo Mermot Jefe de Policía, se hacía una reunión una vez por mes en la Escuela Departamental de Policía. Tengo entendido que Mermot había sido Jefe de Estado Mayor de la División años antes. Era un hombre de una mentalidad muy clara, muy digno del cargo que ocupaba. Siempre quería que se hablara con la verdad, que se dijera lo que uno pensaba y sentía; en eso teníamos libertad. Ahí se hacían comentarios de carácter político muchas veces, cómo no.

-¿Las técnicas de interrogatorio importadas llegaron a la Policía?
En la Jefatura de Montevideo siempre se dijo que Mitrione -secuestrado y ejecutado después- había importado una cantidad de técnicas represivas de esa naturaleza. Ellos tenían una parte del edificio a la que sólo tenía acceso un grupo muy limitado de personas. Hoy son todos policías ya desaparecidos; no creo que quede alguien vivo porque andaban rondando los 50 años. (…)

-¿Qué piensa de la Ley de Caducidad?
-La Ley de Caducidad es otro disparate. Anticonstitucional. No se puede perdonar delitos tan aberrantes. Reconozco que fue un instrumento. Aunque hoy es discutible su aplicabilidad, en su momento trajo un poco de reposo a la sociedad uruguaya, en condiciones muy excepcionales y pactos políticos que ha habido a lo largo de la historia de este país. (…) En aquel momento tuvo su sentido; hoy en día se discute su aplicabilidad o no. Eso es otra cosa.

-¿Qué recuerda de cuando salió de la cárcel?
-Lamentablemente que me sometieron a tribunales de honor… Fue un poco risible porque quienes juzgaban mi honor eran los corruptos del momento. Tengo pruebas jurídicas de que eran los corruptos del país que me sometieron al tribunal de honor y me dieron de baja.
A través de un juicio y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo logré recuperar el grado; nunca se me recompuso la carrera y nunca me pagaron ningún peso extra. Yo puedo decir con propiedad que el sacrificio que hice buscando espacios políticos y de apertura, no se lo cobré a las arcas del Estado.
(…) Cuando recuperé la libertad, el 29 de agosto del 83, se me puso un servicio de inteligencia del Ejército a cuidar mi casa. Me hicieron seguimientos hasta el cansancio…
(…) Era más que nada un opositor a la corrupción de aquel momento y a una línea de acción política que yo no compartía. Sin embargo me custodiaban como si fuera un sedicioso. Aclaro que nunca estuve vinculado a la izquierda; soy un hombre demócrata 100%; desde esos años hasta la fecha he estado vinculado al Partido Nacional.

-Después volvió a trabajar.
-Sí, con el grado de comisario. Después, Director de Investigaciones en Canelones, Comisario en Pando… Fui escalando en la carrera lógicamente. Me retiré como Inspector General de la Policía Nacional, grado máximo en la actividad y de lo que estoy muy orgulloso.

-Se retiró enojado.
– Más bien resentido. Terminé mi carrera en la Dirección Nacional de Cárceles. Creo en la redención de la pena, cosa que sólo alcanza un preso trabajando.(…) Creo que hay un 70 u 80% de presos que realmente quiere trabajar; el Estado debe darles las herramientas, las semillas, los tractores, hacer colonias granjas… Hay ocho mil presos que deben ganarse el sustento para ellos y sus familias. Si bien tienen algunos derechos suspendidos, no los perdieron. Me parece que es por el trabajo que se debe buscar la solución.
Golpeé muchas puertas; tuve el orgullo de haber planteado este tema en el Paraninfo de la Universidad. Es un tema que me apasiona y creo que tengo la verdad en la mano: el preso no puede estar sometido al ocio el día entero… hay que ayudarlo a desarrollarse, sacarlo del estado de postración en que está.

-Usted entiende que hay mucha corrupción.
-Sin duda; en todos lados y particularmente en el Ministerio del Interior. Le quieren poner un manto para que disfruten quienes no se han apegado a las normas de disciplina y orden de la institución policial.

-¿Tiene nombres y pruebas?
-Yo denuncié todos los hechos que entendí que debían ser denunciados de acuerdo con el marco jurídico establecido en el artículo 177 del Código Penal… Entre otras cosas denuncié al que después fue vicepresidente de la República (Hierro López), porque no había reprimido delitos que uno le denunció en su momento.

-¿Respuesta?
-Silencio.

-¿Dónde denunció?
-Ministerio del Interior.