Luis Puig: “La Ley de Caducidad operó como una Ley de Amnistía para los terroristas de Estado”

«No va existir nunca más el Estado violando los derechos humanos y consagrando la impunidad…»
Anular la Ley de Caducidad tendría varios efectos. Para Luis Puig, secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, el más importante es el mensaje que da hacia el futuro.

Luis Puig

Luis Puig

Para la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, anular la ley es una medida preventiva hacia el futuro, para crear una nueva convivencia en materia de derechos humanos y no generar «una cultura de la impunidad».
Con la Ley de Caducidad se ampararon torturas, desapariciones, secuestros de niños, asesinatos, traslados clandestinos y se cobijaron “cosas que la misma ley dice que no podían estar avaladas, por ejemplo, los delitos económicos”, dice Puig.
Cuenta que «había un financista en la década del 70 que tenía algunos negocios poco claros con algunos jerarcas de las fuerzas armadas… Ese señor se quedó con algunos vueltos de oficiales superiores y apareció muerto».
Con la Ley de Caducidad vigente se prohíbe la investigación de este caso.

Terminar con la cultura de impunidad

Los delitos cometidos fuera del país fueron incorporados durante años en la Ley de Caducidad, a pesar de que la ley tiene vigencia en el país únicamente. También fueron amparados delitos cometidos fuera del plazo que marca la ley (26 de junio de 1975 – 1 de marzo de 1985). «Operó como una Ley de Amnistía para los terroristas de Estado», dice Puig.
La Coordinadora cree que se van a abrir varias de esas causas. Algunas se podrán investigar, otras no porque murieron los protagonistas: «Pero para nosotros el efecto principal es hacia el futuro (…) Terminar con la cultura de impunidad».

Recobrar la dignidad

«Yo creo que el pueblo uruguayo va a recobrar la dignidad incluso a nivel internacional del valor ético de la justicia, a partir de la anulación de la Ley», dice Puig. Para este sindicalista es imprescindible que Uruguay deje de ser el único país del cono sur de América que siga manteniendo sus leyes de impunidad.

Una ley votada bajo amenaza militar

En nuestro país se está tramitando la inconstitucionalidad en el caso de Nibia Sabalsagaray, joven asesinada en la década del 70.
El primer argumento que fundamenta el fiscal de Corte para declarar la inconstitucionalidad de la ley y que la Coordinadora retoma, es que fue votada bajo amenaza militar.
La Ley de Caducidad se votó en cinco días -recuerda Puig-, del 18 al 22 de diciembre de 1986. El lunes 22 de diciembre de 1986 era el día en que estaban citados a declarar por la Justicia varios oficiales superiores, terroristas de Estado.
En aquel momento el comandante en Jefe del Ejército era el General Medina, quien planteó que las citaciones de la justicia estaban guardadas en su cofre fort: «Estaba mandando un claro mensaje al Parlamento: que si no se aprobaba la ley iba a haber un desacato militar».
Las actas parlamentarias de la época son muy elocuentes. Puig recuerda que el Senador Zumarán, del Partido Nacional, dijo que nunca hubo tanta presión sobre el Poder Legislativo y que como resultado se iba a terminar aprobando una ley que impedía la acción de la Justicia.
La misma letra de la ley lo dice: «por la vigencia de la lógica de los hechos».
«La lógica de los hechos era el desacato militar, y el desacato militar no es fuente de derecho en Uruguay», dice Puig.
Otro argumento del actual fiscal de Corte y que la Coordinadora comparte, es que la Ley de Caducidad es violatoria de todos los convenios internacionales que Uruguay ha firmado.
Cada vez más la comunidad internacional le está exigiendo a Uruguay que anule la Ley de Caducidad.

La Ley y su aplicación

La Ley 15.848, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, impide que los militares que cometieron crímenes contra la sociedad puedan ser juzgados.
Tanto el proceso de su aprobación en 1986 como el referéndum que se realizó en 1989, estuvieron marcados por amenazas de quiebre institucional.
Hasta el año 2006, ningún implicado en delitos de lesa humanidad fue juzgado.
Desde la salida a la democracia y hasta el año 2003 (a partir de la creación de la Comisión para la Paz), la sociedad uruguaya avanzó muy poco en el esclarecimiento de lo ocurrido durante la dictadura y -hasta el año 2005- nada en la obtención de justicia. En todo el período anterior, se impidió que la Justicia actuara con independencia, lesionando así principios democráticos fundamentales*.

Año 1989

En el año 1989, cuando la ley fue sometida a referéndum, muchos uruguayos votaron mantenerla por temor, cediendo a las amenazas de los militares.
Según Puig, además existía la negación por parte del gobierno de la época de que en este país se hubieran cometido delitos de lesa humanidad: “el ex-presidente Sanguinetti decía que en este país no se fusilaron prisioneros, no hubo niños desaparecidos…”
Pero se encontraron los restos de Ubagesner Chávez Sosa y de Fernando Miranda en unidades militares.
«Macarena Gelman fue secuestrada… su madre, traída al Uruguay, cuando nace Macarena se asesina a su madre y Macarena está desaparecida durante largos años».
“Simón Riquelo fue secuestrado en Argentina por militares uruguayos; estuvo 26 años desaparecido”.
En 1989 había un spot televisivo en el que Sara Méndez le pedía al pueblo uruguayo que le ayudara a encontrar a su hijo Simón, secuestrado a los 20 días de su nacimiento en Argentina. «El propio presidente de la República en aquel momento dijo que eso era falso. Que eso era mentira y era para denigrar a las Fuerzas Armadas uruguayas».
El spot fue prohibido pero los sindicatos se encargaron de hacerlo público.
«El mensaje era muy claro: si se anula la Ley hay un nuevo golpe de Estado».
Había mucho miedo, desconocimiento y censura…
Puig también recuerda el «papel vergonzoso de la Corte Electoral» cuando se desconoció la firma del propio Seregni. En aquel momento miles de ciudadanos tuvieron que ir a ratificar sus firmas «y hasta último momento se trató de que las firmas no alcanzaran».

Antes voto verde, hoy sí

Zelmar Michelini hijo hoy está radicado en Francia. Puig mantuvo una conversación telefónica con él y coincidieron en la necesidad de que personalidades que estuvieron en el voto verde hoy estén en una presidencia de honor de una gran comisión nacional.
Se piensa en personas como Matilde Rodríguez, María Esther Gatti de Islas (abuela de Mariana Zaffaroni), Eduardo Galeano y personalidades de distintas colectividades.
Puig afirma que en esta campaña han jugado un papel decisivo ciudadanos del Partido Nacional y del Partido Colorado, junto a los frenteamplistas.

Por iniciativa popular

La recolección de firmas por parte de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad comenzó el 4 de setiembre de 2007. Un año antes se realizó una recorrida por todo el país, de sensibilización sobre el tema.
La experiencia comenzó el 19 de junio de 2006 con un acto en la sede de la Universidad en Paysandú. El 18 de julio de ese año se realizó otra actividad en Maldonado, en un lugar que había sido cárcel y donde participaron los ex-presos.
Se visitó Durazno y también a la colonia de uruguayos en Argentina.
En aquel momento se convocó al Parlamento a que anulara la Ley, pero no hubo voluntad política.
Las organizaciones sociales de derechos humanos optaron por convocar a la gente y empezar a recorrer el camino de una reforma constitucional por iniciativa popular.
“Se sabía que la etapa de recolección de firmas iba a ser la más difícil, pero de esa manera se iba a lograr despertar el sentimiento de verdad, justicia, el sentimiento democrático de nuestro pueblo”, dice Puig.
A fin de año se llegó con 180 mil firmas. «Después fue el aluvión… porque la gente se sintió protagonista de esta campaña». Se sumaron uruguayos en el exterior, desde Francia, Suiza, Argentina, México y Estados Unidos.
Un ómnibus recorrió parte del país con el aporte de los uruguayos radicados en Francia y Suiza.
Se incorporaron los jóvenes: en el Festival de Rock de Durazno en el 2008 se juntaron 4.200 firmas en un fin de semana.
Los jóvenes salieron en ómnibus recorrer… Así se fueron generando instancias de participación colectiva.

Galeano, olvidadizo pero no olvidador

Puig recordó cuando firmó Eduardo Galeano, un momento muy emocionante de la campaña; Galeano había olvidado el número de su credencial y se levantó de la mesa a buscarlo hasta su portafolios donde lo tenía anotado.
“Galeano dijo, delante de toda la prensa: ¿sabe lo que pasa? Yo soy muy olvidadizo. Me olvido dónde vivo, a veces me olvido de quién soy… Soy olvidadizo pero no soy olvidador. No se puede ser olvidador. Construir una democracia en este país implica tener memoria, verdad y justicia».

Una larga cadena humana

Una larga cadena humana custodió las cajas repletas de firmas que la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad presentó el viernes 24 de mayo ante la Asamblea General. Más de 300 mil firmas.
A las 16.30 hs., miles de ciudadanos partieron desde la sede de la Federación de Funcionarios de Ancap hacia el Palacio Legislativo.
Durante la marcha, más gente se acercaba a entregar papeletas…
El plazo de entrega era el 25 de mayo; la Coordinadora quiso asegurarse y las entregó un día antes… Un Ministro de la Corte había salido a decir que el plazo terminaba el 24. Esa misma noche, a las 23:45, se entregaron 13 mil firmas más.
Al otro día, cuando se demostró que el plazo seguía vigente, se entregaron otras 1.544 firmas.

Lo que queda por hacer

A fines de setiembre se proyecta un gran espectáculo musical en el Estadio Centenario en apoyo a la campaña. «La participación de la gente es el elemento que puede determinar con absoluta claridad que se terminó la impunidad en Uruguay».
“Hoy están dadas todas las condiciones para que el pueblo uruguayo desarrolle una gesta pacífica, democrática, democratizadora y termine con esta cultura de la impunidad”.
“En Uruguay hay que marcar una clara señal de verdad y justicia”.
“Gane el gobierno que gane hay que asegurar la libre acción de la Justicia”.

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Guillermo Chifflet: “La libertad se defiende cada día… defendiendo la justicia y condenando la injusticia”

Fue diputado socialista pero renunció porque se oponía al envío de tropas uruguayas a Haití.
Nació en el Cerro de Montevideo; su niñez y adolescencia en la Villa, marcó la impronta de su pensamiento, muy ligado a las luchas obreras.
Guillermo Chifflet es periodista, se nota cuando analiza los procesos sociales que vivió nuestro país en la segunda mitad del Siglo XX. En ese período el Golpe de Estado y una dictadura sangrienta, marcó fuertemente a la sociedad uruguaya.
Ver el contexto, antecedentes y consecuencias, ayuda a entender los alcances de la Ley de Caducidad y los de su posible anulación.
Esta es la primera, de una serie de notas que SAN JOSÉ HOY realizará sobre el tema.

El varadero y los astilleros de los balleneros que pasaban rumbo al sur, daban trabajo a centenares de obreros en el Cerro, donde transcurren sus primeros años. «Todo eso de alguna manera lo va determinando a uno o por lo menos lo va interesando con temas que son sociales».
«El Cerro está todo así, teñido por esa presencia de la solidaridad y los valores obreros».
Para Chifflet el ambiente de profunda efervescencia ideológica, conforma corrientes obreras y de izquierda.

Guillermo Chifflet

Guillermo Chifflet

La violencia en la segunda mitad del siglo XX

El contexto de violencia de la segunda mitad del Siglo XX, no se da sólo en Uruguay, explica el veterano militante. Había una ebullición hacia ideas nuevas, ideas de izquierda y las posiciones aparecían muy encontradas entre sí. En distintos países de América Latina se vio surgir movimientos como los de John Sosa y Turcios Lima*; algunos incluso dirigidos por religiosos, en el sur.
«Todo eso fue determinando un enfrentamiento profundo, y como los Estados Unidos no estaban de acuerdo con eso, formaban y preformaban a los militares de estos países».
En la “Escuela de las Américas”** se formó represores y dictadores para los países de América Latina.
«Desde luego los pueblos no aceptaban eso y hubo un gran enfrentamiento». En lugares como Brasil, Colombia y Venezuela «hubo verdaderos enfrentamientos entre las fuerzas progresistas y las fuerzas militares».
En Uruguay sucedió lo mismo. «Durante mucho tiempo, gobiernos anteriores al golpe de Estado, eran prácticamente gobiernos de fuerza contra los sectores obreros de izquierda».
Chifflet sostiene que la represión en el norte (donde surgió el movimiento de los cañeros) no era igual a la del sur o del resto del país: «pero eso sí fue determinando una polarización que también culminó en movimientos de intención guerrillera, o de intención de derrocar al régimen que se decía democrático, pero que en la práctica era ya una dictadura antes del 27 de junio de 1973».

Violencia social

El ex diputado analiza la violencia social que se vivió en el país unos años antes del golpe de Estado. «Había una determinación muy clara, desde los sectores del gobierno, de frenar todo lo que fuera movimiento sindical, movimientos de protesta o reivindicativos». La prensa consigna feroces apaleamientos a manifestaciones de obreros textiles.
«A todos se los acusaba de comunismo. Todo era comunismo. Cualquiera que quisiera formar un sindicato era comunista… y desde luego venía la represión, las expulsiones… y todo eso lo fue sufriendo el movimiento obrero antes de poder enfrentarlo realmente con un poco más de decisión o con fuerzas políticas y de izquierda».

Violencia guerrillera

«Hubo un momento en que algunos sectores se planteaban… cuál era la vía posible. Y así como el Che Guevara se convenció de que no había otro camino que la lucha armada, en otros grupos de compañeros se dio una convicción similar».
Reinaba la idea de que no se podía evolucionar democráticamente.
«Los militares todos estaban formados en la “Escuela de las Américas” y todo lo que era reivindicación social para ellos era comunismo o formaba parte de la Guerra Fría, y se embanderaron en esa polarización mundial con el imperio norteamericano», explica.

La violencia desde el Estado

El ex diputado socialista sostiene que los militares pesaban mucho en ese momento: «ideológicamente todo lo que era reivindicación social era considerado subversivo, o dentro de la polarización mundial, dentro de los dos bloques. Se consideraba algo promovido por la Unión Soviética…».
Chifflet recuerda una caricatura de Julio Suárez (Peloduro), que lo ilustraba claramente: Aparecían dos niños que habían roto el jarrón de la abuela y a uno se le ocurrió decir que los culpables eran ‘los comunistas’.

“Aguas turbias”

La Ley de Caducidad fue aprobada en el año 1986. Chifflet recuerda: «Yo conozco mucha gente, incluso parientes, que votaron en favor de la ley pensando que era la única manera de que no volvieran los militares: ese era el principal argumento en cuanto al peso del voto en esas elecciones». Eso «enturbiaba las aguas».
Se juntaron firmas y en el 89 la ley fue sometida a referéndum. La presión militar continuaba: «La gente votaba en ese contexto; yo tengo claro que muchos que no eran partidarios de un régimen de fuerza, ni de los militares, decían que era la única manera de evitar que retornaran».

Lo que queda de campaña

El 25 de octubre habrá plebiscito. El pueblo uruguayo decidirá si anula la Ley. «Todavía no se ha llegado a los momentos más cruciales de la campaña a favor o en contra», considera el ex diputado. De aquí hasta la fecha del plebiscito “van a recrudecer las discusiones en torno a la violencia o no violencia, o de dónde se origina la guerrilla…” “Todo eso se va a agudizar”. Espera que la gente actúe con claridad, porque si se anula la Ley, hay que respetar esa decisión; «es la única manera de evitar otros enfrentamientos».

Torturas, secuestros, desapariciones…

«La explicación que dieron los teóricos de la llamada extinción de la pretensión punitiva del Estado, era que es la manera de que todo eso se olvide y quede como está». Chifflet señala que esa era la posición de quienes justificaron la represión, pero «ahora habrá un plebiscito y la población dirá su última palabra».

Nunca más

«Lo del nunca más es una frase», dice. Hubo quien pensó que las dictaduras no eran para un país como el Uruguay y sin embargo «hemos vivido las últimas décadas entre golpes, golpazos y golpecitos».
Recuerda el de Terra en el 33, el de Baldomir en el 42, «y sucesivas presiones militares o pseudo golpes y golpes de Estado reales como el del 73».

La memoria: para quienes lo vivieron, y para los que no

«A veces resulta inimaginable a quienes se han criado en las últimas décadas acá, pensar en situaciones de violencia de parte del Estado, de los militares, etc., que se vivieron en el país…»
La descripción de situaciones de violencia, como las que se vivieron con las torturas, para muchos (jóvenes que en esa época no eran nacidos u gente que no vivió de cerca esa situación) pueden resultar increíbles. «Yo, una vez, en plena dictadura, se lo planteé a unos parientes y no lo podían creer… decían que no, que esos eran inventos… Desde luego las torturas no se hacían públicas, pero todo el mundo tenía información en el país de lo que pasaba. Sobre todo que muchos inocentes habían sido detenidos y golpeados…».
Enfatiza que la uruguaya fue «una de las dictaduras que, en proporción a la población del país, detuvo y encarceló más gente».
Una vez dijo Carlos Quijano -periodista y agudo analista-, director de Marcha: «el destino de los uruguayos era el destierro, el encierro o el entierro».
“Al que se oponía lo liquidaban o lo metían preso, incluso con acusaciones no probadas. Ese era el clima del momento…”

Un mensaje con carga solidaria

«Yo creo que no hay que crear falsas expectativas en cuanto al nunca más. Creo que las generaciones que vivieron todos esos hechos hemos aprendido que la libertad se defiende cada día; y se defiende defendiendo la justicia y condenando la injusticia en cualquier lugar de la tierra en que ocurra. Son los consejos que le daba el Che a sus hijos y creo que eso es la verdad. Y que es posible sentirse solidario con un explotado de cualquier latitud de la tierra, antes que con un explotador de nuestro propio país…
Esas son las grandes ideas que de alguna manera se han abierto algún camino en América Latina y que tendrán que afirmarse definitivamente. Eso esperamos».

* El teniente Luis Turcios Lima y el capitán del ejército John Sosa encabezaron un movimiento armado en Guatemala, en 1960.
** En inglés: School of the Americas, desde 2001 Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, es una organización para la instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos situada actualmente en Fort Benning, en la localidad estadounidense de Columbus (Georgia).
La escuela estuvo desde 1946 a 1984 en Panamá. Se graduaron más de 60.000 militares y policías de hasta 23 países de América Latina, algunos de ellos conocidos por sus crímenes contra la humanidad.

Honrar la memoria

Bajo la consigna “2009 elegimos: verdad, justicia, memoria y nunca más”, se realizó el miércoles en San José una nueva Marcha del Silencio, en homenaje a los uruguayos desaparecidos durante la Dictadura.

La marcha en la plaza de los 33.

La marcha en la plaza de los 33.

La marcha se cumplió al conmemorarse el 33º aniversario de la aparición de los cadáveres de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes del MLN-T, Rosario Barredo y William Whitelaw, asesinados en Buenos Aires.
Más de cien maragatos se concentraron a las 20:00 hs. en la Plaza de los Treinta y Tres, para caminar en silencio por 25 de Mayo hasta Ansina y luego llegar a la Plazoleta de los Mártires.
Fue una marcha emotiva. Al llegar, fueron depositadas las ofrendas florales y las velas encendidas al pie del monolito erigido para recordar las figuras de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
No hubo discursos. Se entonaron las estrofas del Himno Nacional y al finalizar, se escuchó el poema de Mario Benedetti, con Daniel Viglietti, “a dos voces”, en memoria de los desaparecidos, que a más de uno logró emocionar.
David Arismendi, integrante de la Comisión Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, se mostró seguro de que esta va a ser la última marcha con la Ley de Caducidad vigente: “Ya esta marcha es totalmente distinta a las anteriores, porque en esta marcha ya tenemos las firmas: hemos logrado juntar 340 mil firmas. (…) De esas 340 mil firmas, hay un gran porcentaje de alto contenido que son jóvenes. Los jóvenes no dudaron en firmar. Los jóvenes entienden que si esta ley es injusta, si no permite que se sepa la verdad de qué fue lo que sucedió, no conviene que esté…
Quién está logrando construir su vida hacia un futuro, lo que va a querer es que no exista injusticia; que se pueda construir una sociedad bajo fundamentos totalmente sólidos y con memoria, porque la memoria es la base sólida de toda la sociedad. (…) La memoria es la que nos mantiene vivos; es una manera de sentir que somos seres humanos que tenemos historia y que recordamos».
Habló del esfuerzo de la comisión para recoger las 340 mil firmas y expresó que de haberse contado con la estructura suficiente, se habrían conseguido 500 mil firmas.
Respecto a la actuación de este gobierno en la investigación sobre los detenidos desaparecidos, expresó: «yo pienso que se hizo lo correcto… Ya cuando se trató este tema, se firmó el compromiso de no anular la Ley, por entender que había sido consolidada a través del plebiscito y por lo tanto tenía que ser la ciudadanía la que la tenía que anular… Por otro lado, entendemos que en los casos que se presentaron ante la Justicia, el gobierno actuó con serenidad, aplicando el inciso 4 de esta Ley de Caducidad, lo que permitió que muchos estuvieran en las cárceles, que es su lugar natural, y que sepamos qué pasó con (Ubagesner) Chávez y con un montón de gente… que pudimos encontrar sus restos».

“Las heridas del pasado no se han curado…”

Eduardo Pereira Cuadra es Inspector General de Policía (R); blanco, del sector de Larrañaga. Estuvo más de un año preso en dictadura. Como Inspector Nacional de Cárceles decidió retirarse, cansado de la corrupción.

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-¿Cómo era el ambiente previo al Golpe, en la Policía?
-Yo me recibí como Oficial en el año 1970, comencé a trabajar en los primeros días de enero del 71, en el Departamento de Hurtos y Rapiñas. El país, en ese momento, estaba imbuido en una gran efervescencia política y social, lo que hoy los entendidos denominan ‘lucha de clases’; existía un movimiento guerrillero armado en el país y en contraposición una Escuela de las Américas, que ideó, pergeñó, y mal ejecutó un programa para latinoamérica de lo que se llamó la Doctrina de la Seguridad Nacional, aplicada a través del Departamento de Estado. La llamada Política Pendular Norteamericana trajo al país consecuencias sufridas por unos y otros de distinta manera. Había lucha de clases, lucha por el poder que condujo a que unos, evitando que la guerrilla llegara al poder, dieran un golpe de Estado. Yo, honesta y sinceramente, los considero traidores a la patria porque militares y policías no fueron ideados para atacar a las instituciones sino para defenderlas. Los oficiales de la policía juramos, con el puño de la espada en alto, defender a la Constitución y a la Ley. Siempre me consideré un oficial constitucionalista 100%.
Tuve que trabajar en condiciones especiales porque después se vino el golpe de Estado. Quienes han analizado los hechos del pasado saben que la institución policial perdió vigencia, perdió fuerza; fue desmembrada, el cuadro de oficiales fue perseguido y los opositores al régimen militar fuimos acallados, o, como en mi caso, fuimos presos.

-¿Dónde estuvo preso y por qué?
-En Cárcel Central; 449 días, desde junio del 82 a agosto del 83. Conocí personalidades de la política nacional, como Zumarán. Compartí cárcel con tres o cuatro coroneles del Partido Nacional, opositores al golpe de Estado, afines a la figura de Wilson Ferreira Aldunate. Conocí otros que después fueron embajadores, con quienes todavía tenemos algún trato. Se utilizó una excusa para reprimir a un oficial jamás apegado a la doctrina de Seguridad Nacional. Como en todas las épocas los hombres hemos cometido errores y allí había militares corruptos, sin duda. Aclaré un hecho que estaba vinculado a una empresa maragata que había utilizado medios económicos no santos; por eso se me persiguió.

-¿Dónde hizo la denuncia?
-Lo denuncié al Intendente y al Jefe de Policía de la época: coroneles Bazzano y Mermot.

-¿Qué empresa era?
-No es necesario nombrarla, los hechos están juzgados a nivel de la Justicia y de la historia. Me apoyó mucho el Dr. Pedro Sfeir; gran demócrata, un hombre que ejercía la abogacía de una manera maravillosa.

-Mucha gente se enriqueció en la dictadura…
-Sí; corruptos ha habido y hay en la administración pública. Una de las tantas cosas por las que yo pedí mi retiro es porque no comparto justamente, que las autoridades actuales no hicieron nada por reprimir hechos de corrupción con una línea de acción firme y positiva, particularmente en la Dirección Nacional de Cárceles.

-¿Cómo era ser opositor estando dentro?
-Era muy difícil… Cuando me recibí tenía apenas 20 años de edad. Era la antesala del golpe. (…) Que se ejecutó con planes que ya hacía cuatro o cinco años que estaban gestados y se les cambió la fecha; era hasta ridícula la situación. Todo el mundo se daba cuenta que iba a venir el golpe. Los jóvenes que éramos constitucionalistas únicamente poníamos el impulso para que no se llevaran las instituciones de tiro como las avasallaron. Fue lo que pasó; derecha e izquierda son responsables. Yo creo que la responsabilidad histórica es compartida.

-Dentro de la Policía habrá escuchado o visto cosas con las que discrepaba. ¿Qué podía hacer?
-Se hablaba mucho de la metodología de los interrogatorios, que habían sido importados desde otros ámbitos distintos al ambiente nacional. Muchos oficiales no estábamos de acuerdo. Posteriormente me tocó ejercer como Director de Investigaciones acá en San José y todos saben lo que significaba clasificar a los ciudadanos en A, B o C. Aquellos aberrantes certificados por los cuales algunos padres o jefas de familia perdieron sus trabajos… Era un disparate lo que se hacía.

-¿Le tocaba a la policía decidir quién tenía categoría A, B o C?
-Se hacía toda una indagatoria; se complementaban Policía – Ejército y Ejército – Policía para determinar si la persona era un posible conspirador o si tenía ideas que no eran exactamente las que inculcaba el propio gobierno que era dictatorial, lisa y llanamente. Estabas a favor o en contra. Quien estaba en contra recibía su dosis y quien estaba a favor recibía sus regalías. Mucha gente en San José escaló posiciones en esa época y hoy en día goza de buena salud y tiene su prestigio social. Los pueblos no tienen buena memoria respecto de algunas situaciones en particular…

-Quiere nombrar a alguna.
-No, ya es suficiente con que los vea en la calle.
(…) A mí me tocó personalmente, después del golpe de Estado y de haber sido procesado por la Justicia Militar, que había oficiales de policía que no se animaban a cruzarse en la vereda conmigo; no se animaban a saludarme, sentían vergüenza. Pero no era una vergüenza propia sino ajena. Simplemente fueron títeres de la dictadura.

-Hubo mucha gente destituida por esto de las categorías.
-Y hubo quienes no pudieron recuperar sus trabajos nunca más. Esas categorías eran injustas y no sólo eso, tenían precio. Hubo personas que para poder sostenerse dentro del cargo -porque era lo único que tenían para poder mantener a sus familias-, tuvieron que pagar una categoría B para permanecer aún en la orilla de los empleos públicos. Era parte de la corrupción. Los certificados tenían un valor económico.

-¿O sea que alguien que tenía una categoría C, pagaba, y pasaba a ser B?
-Si encontraba el contacto adecuado. Claro que se hacía. Solamente los que vivimos aquella época sabemos el oscurantismo extraordinario que se vivió en esta sociedad. Destrozaron familias enteras. Se destrozó a la sociedad uruguaya. Hay un gran vacío generacional que hoy está latente en este país. Es lo que algunos autores denominan las heridas del pasado. Esas no se han curado y no se van a curar jamás. Eso no se hace por decreto. En eso comparto el pensamiento de Mujica como jefe guerrillero: Yo jamás perdonaría a un adversario de la guerra. Ni de derecha ni de izquierda. Quien se enfrentó conmigo es un enemigo para toda la vida… No le pueden pedir a un hombre como Mujica, que cumplió una preventiva tan larga, en condiciones extremadamente difíciles y excepcionales, que perdone.

-¿Hubo torturas en el ámbito policial?
-Le soy sincero, como no trabajé en la lucha frontal contra la sedición, nunca me tocó ningún tipo de acción y con esto no estoy tratando de eludir responsabilidades históricas; no me tocó porque yo no ejercí en ninguno de los órganos de inteligencia. Es una de las especialidades que no me apasiona para nada. Yo he sido simplemente un policía de calle, un gran investigador. Creo que me he ganado el derecho; tengo 11 homicidios aclarados a lo largo de mi carrera. Me gustó mucho la criminalística. La inteligencia no me llama la atención para nada…

-¿Qué acciones recuerda que haya hecho en clara oposición a lo que se estaba viviendo? ¿O debía quedarse callado?
-Dependía de quién fuera que dirigía las acciones. Ya en el ámbito departamental, siendo Mermot Jefe de Policía, se hacía una reunión una vez por mes en la Escuela Departamental de Policía. Tengo entendido que Mermot había sido Jefe de Estado Mayor de la División años antes. Era un hombre de una mentalidad muy clara, muy digno del cargo que ocupaba. Siempre quería que se hablara con la verdad, que se dijera lo que uno pensaba y sentía; en eso teníamos libertad. Ahí se hacían comentarios de carácter político muchas veces, cómo no.

-¿Las técnicas de interrogatorio importadas llegaron a la Policía?
En la Jefatura de Montevideo siempre se dijo que Mitrione -secuestrado y ejecutado después- había importado una cantidad de técnicas represivas de esa naturaleza. Ellos tenían una parte del edificio a la que sólo tenía acceso un grupo muy limitado de personas. Hoy son todos policías ya desaparecidos; no creo que quede alguien vivo porque andaban rondando los 50 años. (…)

-¿Qué piensa de la Ley de Caducidad?
-La Ley de Caducidad es otro disparate. Anticonstitucional. No se puede perdonar delitos tan aberrantes. Reconozco que fue un instrumento. Aunque hoy es discutible su aplicabilidad, en su momento trajo un poco de reposo a la sociedad uruguaya, en condiciones muy excepcionales y pactos políticos que ha habido a lo largo de la historia de este país. (…) En aquel momento tuvo su sentido; hoy en día se discute su aplicabilidad o no. Eso es otra cosa.

-¿Qué recuerda de cuando salió de la cárcel?
-Lamentablemente que me sometieron a tribunales de honor… Fue un poco risible porque quienes juzgaban mi honor eran los corruptos del momento. Tengo pruebas jurídicas de que eran los corruptos del país que me sometieron al tribunal de honor y me dieron de baja.
A través de un juicio y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo logré recuperar el grado; nunca se me recompuso la carrera y nunca me pagaron ningún peso extra. Yo puedo decir con propiedad que el sacrificio que hice buscando espacios políticos y de apertura, no se lo cobré a las arcas del Estado.
(…) Cuando recuperé la libertad, el 29 de agosto del 83, se me puso un servicio de inteligencia del Ejército a cuidar mi casa. Me hicieron seguimientos hasta el cansancio…
(…) Era más que nada un opositor a la corrupción de aquel momento y a una línea de acción política que yo no compartía. Sin embargo me custodiaban como si fuera un sedicioso. Aclaro que nunca estuve vinculado a la izquierda; soy un hombre demócrata 100%; desde esos años hasta la fecha he estado vinculado al Partido Nacional.

-Después volvió a trabajar.
-Sí, con el grado de comisario. Después, Director de Investigaciones en Canelones, Comisario en Pando… Fui escalando en la carrera lógicamente. Me retiré como Inspector General de la Policía Nacional, grado máximo en la actividad y de lo que estoy muy orgulloso.

-Se retiró enojado.
– Más bien resentido. Terminé mi carrera en la Dirección Nacional de Cárceles. Creo en la redención de la pena, cosa que sólo alcanza un preso trabajando.(…) Creo que hay un 70 u 80% de presos que realmente quiere trabajar; el Estado debe darles las herramientas, las semillas, los tractores, hacer colonias granjas… Hay ocho mil presos que deben ganarse el sustento para ellos y sus familias. Si bien tienen algunos derechos suspendidos, no los perdieron. Me parece que es por el trabajo que se debe buscar la solución.
Golpeé muchas puertas; tuve el orgullo de haber planteado este tema en el Paraninfo de la Universidad. Es un tema que me apasiona y creo que tengo la verdad en la mano: el preso no puede estar sometido al ocio el día entero… hay que ayudarlo a desarrollarse, sacarlo del estado de postración en que está.

-Usted entiende que hay mucha corrupción.
-Sin duda; en todos lados y particularmente en el Ministerio del Interior. Le quieren poner un manto para que disfruten quienes no se han apegado a las normas de disciplina y orden de la institución policial.

-¿Tiene nombres y pruebas?
-Yo denuncié todos los hechos que entendí que debían ser denunciados de acuerdo con el marco jurídico establecido en el artículo 177 del Código Penal… Entre otras cosas denuncié al que después fue vicepresidente de la República (Hierro López), porque no había reprimido delitos que uno le denunció en su momento.

-¿Respuesta?
-Silencio.

-¿Dónde denunció?
-Ministerio del Interior.