Cantera sin contrato ni habilitación

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«…de acuerdo a lo que desde el inicio se ha aportado a este expediente, surge que no se efectuó contrato escrito, por dicho motivo, obviamente no fue agregado, lo que no requiere de mayores comentarios por lo evidente de la situación», le dijo el Dr. Pablo Pucheu, en representación de la Intendencia Municipal de San José, al juez.
La respuesta llegó luego de largas peripecias. Llegó después de tres intimaciones de la Justicia, a la Intendencia de San José, para que entregara la información solicitada.
Llegó para ilustrar sobre la conducta de la administración chiruchista: se explotaba una cantera sin habilitación alguna; no hay contrato que regule el acuerdo entre la Comuna y un particular al que se le pagó cifras importantes.
¿Cómo quedó registrada toda esa operativa? El canon que correspondía pagar y no se abonó ¿constituye evasión tributaria?

La fuerza de la ley

El 18 de diciembre de 2008, al amparo de la ley Nº 18.381, de acceso a la información,  preguntamos sobre aspectos vinculados a la explotación de una cantera por parte de la IMSJ.
Entre otras cosas, cuáles fueron las «condiciones que se pactaron con el dueño del predio para realizar la actividad».
El 19 de enero de 2009, fuera de los plazos legales, la Intendencia argumenta que «La información solicitada debe ser clasificada como reservada por parte del Municipio…»
El 16 de marzo presentamos una Acción de Amparo y el juez cita a una audiencia de conciliación para el 19 de marzo. Ese día, la Intendencia de San José aduce que las razones para declarar la información reservada habían cesado y acuerda entregarla. El juez hace lugar al acuerdo de las partes y fija el 3 de abril como fecha para hacerlo efectivo.
Ese día  llegó la respuesta. Firmado por el Director de Obras, Carlos Badano, se consigna: «El acuerdo realizado supone el pago en forma mensual de acuerdo al precio que estaba pagando la Intendencia en ese momento».
No había copia del contrato, ni precio pactado, ni volúmenes involucrados, ni nada que pueda tomarse, con seriedad, como una respuesta.

Informar no es la norma

En las respuestas faltaban datos básicos, como las condiciones pactadas con el dueño del predio. Se procede a intimar el cumplimiento de lo acordado, en forma correcta.
La Intendencia, en uno de los intentos de respuesta, asegura (28 de mayo) que ya entregó toda la información que tenía. El Juez no aceptó eso. Luego de ser intimada por tercera vez, hay un avance. Queda claro que sí había más información y era relevante.
Aunque desde el principio pensábamos que no había contrato, ahora lo confirmamos. A pesar de eso, en la Junta Departamental, José Luis Falero, Secretario General de la IMSJ, dijo que se hizo un llamado a licitación y que el contrato estaba.
¿Se le mintió a la Junta? ¿Se trajo a la sede judicial información fidedigna?

Por mandato judicial

La Intendencia, con la firma del Dr. Pucheu, informa sobre volúmenes anuales extraídos y el precio pagado al propietario.

AÑO    VOLÚMENES    PRECIO
2004    102.306            2,58
2005    162.165             2,75
2006    258.814             3,17
2007    210.415            3,33
2008    192.976            4,26
2009     55.994              4,38

Suponemos, porque no se dice, que los volúmenes son metros cúbicos (podrían ser camiones) y el precio son pesos por cada m3 (podrían ser dólares).
Hecho el cálculo y transformado a dólares para cada año, el monto total aproximado en dólares que se habría pagado al propietario es el siguiente:

2004   U$S 9.200
2005   U$S 18.200
2006   U$S 34.100
2007   U$S 29.900
2008   U$S 39.250
2009   U$S 10.480

Son algo más de 140.000 dólares.
Sólo una auditoría, que revise la documentación que respalda las cifras que informan los responsables de la comuna josefina, puede darnos la tranquilidad de que los recibos correspondientes están y las cifras concuerdan. Quizá sea el momento de que este mecanismo de control sea reclamado por los organismos competentes.

Si se quiere, se puede

Aquel 18 de diciembre de 2008 también solicitamos información sobre las condiciones en que se planificaba iniciar una nueva explotación minera municipal. Era el padrón Nº 2950, propiedad de Elio Alonso, ubicado a 1.600 mts. del km. 103 de la ruta 23.
En primera instancia el Dr. Pucheu procedió como en el otro caso: Lo declaró secreto municipal.
Luego del acuerdo, homologado por el Juez Álvaro Messere, el 3 de abril la IMSJ entregó información que resulta satisfactoria (salvo algún detalle no muy importante).
Estaba incluso el contrato firmado por la IMSJ con el propietario. Según ese documento está previsto extraer 120.000 metros cúbicos de balasto, por los que se pagará al Sr. Alonso, en principio: «$ 6,25 el metro cúbico extraído de material».
En ese mismo documento «la Intendencia asume el pago de todos los tributos, o gravámenes que correspondan por dicha explotación». Se hace referencia expresa al pago a Dinamige (obligación con la que no se habría cumplido en el caso del campo de García).

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El trabajo en el INAU tiene sentido

Jorge Ferrando

Jorge Ferrando

Nora Castro

Nora Castro

En el ámbito del Congreso de Directores departamentales de INAU, realizado en la Hostería del Parque durante los días 21, 22 y 23,  fuimos recibidos por su Presidenta, Nora Castro y por el director Jorge Ferrando.

-Nora Castro, ¿cómo definir estas jornadas?
-Estamos realizando en San José el Congreso de Directores departamentales, con la presencia de todos ellos. Es un organismo previsto dentro de la estructura de INAU. Se ha articulado y abordado una serie de tareas.
En primer lugar Ferrando y yo hicimos una parte de balance y algunas consideraciones de carácter personal sobre temas de gestión pública, que no es llevar y traer papeles. En políticas de adolescencia, merece ser profundizado y abordado. En segundo lugar se abordaron temas especiales de nuestra institución en el área de alternativa familiar con la Asistente Social Judith Auden y otros responsables. Por la tarde (miércoles) trataremos el consumo abusivo de sustancias psicoactivas y de conductas con problemas psiquiátricos de niños, jóvenes y adolescentes. Cuál es el estado de situación, cuáles los servicios que prestamos, cuáles están a cargo de INAU, cuáles en convenio a cargo de la sociedad civil o empresas. Mañana, esperamos dar cuenta de la estructura presupuestal y el anteproyecto de nueva Ley orgánica para el INAU.

-¿Por qué es importante un Congreso de Directores?
Porque es una puesta a punto de lo que el INAU es para el departamento. Los directores departamentales son lo que el Directorio es a nivel nacional. Son el Directorio en el territorio. En una institución que tiene que llevar adelante las políticas de niñez y adolescencia, tarea muy compleja. A nuestro juicio, en una estructura hiper centralizada hay una sobrecarga de tareas; estamos tratando de fortalecer a la institución en sus distintos niveles. Estos encuentros configuran instancias de  mucha participación.

-¿Hay un ánimo descentralizador?
Sí. Pero como política de la institución. Por ejemplo en Montevideo y Canelones hay una experiencia específica. En otras áreas estamos pensando en otros trabajos descentralizados. Claro que no hay que pensar simplemente como una simple desconcentración, como una distribución en distintos territorios. En este país, en los últimos años, hemos entendido que las políticas públicas sociales son necesariamente transversales e implican compromiso de distintos organismos públicos. Por eso tenemos el gabinete de políticas sociales. Para llegar a una práctica interinstitucional y descentralizada  Esto es muy rápido de decir pero no es tan fácil de construir en el día a día.

-Se necesitan recursos humanos con el perfil adecuado y en la cantidad suficiente…
-Dices bien: cantidad de funcionarios y su preparación. Yo agregaría dos elementos. Los promedios de edades de los funcionarios, no porque piense que la gente con más edad está inhabilitada para el trabajo, sino porque es cierto que un promedio de edad bajo en una institución, con la necesaria preparación técnica, facilita la toma de decisiones hacia el cambio, además, si hay retribuciones salariales de mejora. Se bajó la edad promedio, se subieron las retribuciones, ingresó personal nuevo por concurso y con mayores requisitos; bachillerato como mínimo. Pero hay que tener en cuenta algo: en este país aún no existe un lugar donde se forme para la mayoría de las especialidades de trabajadores que necesita el INAU. Porque nuestro centro de estudio, el Cenfores, da una formación como educador social que muchas veces habilita en lo formal pero no en el abordaje de la práctica diaria para todas las especialidades. Hay otro tipo de profesionales, formados en la Universidad, que teniendo muy buenos niveles de acreditación, una vez que llegan al trabajo concreto de INAU, se frustran. Es lo que yo llamo la fuga de funcionarios.

-Se necesita madera para la tarea.
-Madera y capacitación para trabajos específicos. Se nos abre una posibilidad con la nueva Ley de Educación, cuando podamos tener el Instituto Universitario de Educación, en cuyo diseño aspiramos a que haya un lugar para mejorar la formación inicial.

-¿Cómo está evolucionando el tema ineludible de los menores infractores?
-Hay impactos de las políticas sociales de este gobierno, que se perciben en cuanto a la reducción de la pobreza. Muchas veces se ha dicho que la pobreza tiene cara de niño. Es muy fácil decir, con un pensamiento lineal, que todos los marginados son pobres. Y eso a la vez estigmatiza. Podríamos hablar de muchos marginados sociales que además son infractores de determinados valores, pero que conservan cierto estatus. Pero sin embargo no ocupan ni un segundo en los noticieros centrales de nuestro país. Los que lo ocupan son las o los chiquilines que cometieron errores, a veces hasta sin cometerlos. Se construye de acuerdo a una matriz cultural una noticia que realmente los estigmatiza, genera miedo en el conjunto de la sociedad, incertidumbre, desesperanza. En estos aspectos no soy inocente. Porque quienes dicen cómo se editan las noticias -no los trabajadores de la prensa-, cuando una y otra vez, durante años en reiteración, que va en incremento y vinculada a determinados discursos públicos de determinados actores sociales que dicen que se va a insistir en estos aspectos, hay que pensar en determinado tipo de intencionalidad. Esa construcción social de la noticia sobre la generación del miedo, de la incertidumbre, de esa desesperanza, como efecto contrario, genera, en nuestros propios gurises infractores, el hecho de la ratificación de su conducta. Para ser protagonista hay que ser infractor. Ser del INAU es ser infractor, es ser no querido, está el estigma. No parece ser una política desarrollada en el marco de la protección, promoción de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Parece ser otro tipo de política y que no lleva por buen camino.

-Jorge Ferrando, hablemos del balance realizado.
-Hay que recordar el anuncio realizado por Christian Mirza a nombre del Consejo Coordinador de Políticas Sociales, con un balance de las políticas fiscales de estos últimos años. Ha habido un impacto en la reducción de la pobreza. En la población infantil, especialmente menores de cinco años, prácticamente estamos hablando de reducir de una cifra de más del 50%, a una por debajo del 40%. Es una evolución muy positiva, resultado de varias políticas: Asignaciones familiares, Ingreso Ciudadano, programas de trabajo, tarjeta alimentaria. También las acciones en las que INAU se comprometió en el marco del Plan de Equidad, como es la expansión del Plan CAIF. Hemos pasado de estar atendiendo unos 36 mil niños en el año 2005 a unos 43 mil en el actual Plan Caif. Va a seguir creciendo porque hay unos 15 centros más que se abrirán en lo que resta de 2009. Además una modalidad, similar a la de Centros diurnos, conocida como guardería, ha ido fortaleciendo y mejorando la calidad de la atención. En estos años hemos comprado materiales para 50 salas de psicomotricidad, que instalamos en todo el país, con lo que estamos apostando a algo que la ciencia ha ido descubriendo, que es cómo nuestras posibilidades de estímulo, de desarrollo psicomotriz, de juego, en nuestros primeros años de vida, inciden en la formación de la personalidad y desarrollo de la adolescencia hacia la edad adulta. Tanto en lo intelectual como en la formación de una afectividad sana y las posibilidades de integración social.
El INAU pasó de 59 mil niños atendidos del área de primera infancia a más de 68 mil en junio. También estamos atendiendo a 13 mil en clubes de niños, con tareas de apoyo escolar, actividades recreativas y artísticas; a más de 8 mil adolescentes a través de propuestas de centros juveniles y de algunos programas específicos que atienden no sólo la pobreza. Las dinámicas familiares, las situaciones de maltrato psicológico y físico atraviesan a todas las clases sociales. La violencia en los barrios, entre barras, a la salida de los bailes, tiene que ver con todas los grupos sociales, ni tanto quizá con los más pobres. Así como los adolescentes en conflicto con la ley, donde parte de las causales de privación de libertad tienen que ver con estar en redes vinculadas al consumo y la venta de la droga. Aquí hay muchos adolescentes de clase media. Se ha dado todo el desarrollo que ha tenido el INAU en estos años tratando de trabajar con ASSE y el MSP en temas de atención de uso problemático de drogas y atención psiquiátrica. Es decir, entendemos que cada vez más se nos presentan desafíos que implican una visión de la complejidad de la sociedad uruguaya en todos los estratos sociales y la necesidad de promover acciones que implican la atención de todos los estratos sociales y no solamente de los más pobres.
Nuestra prioridad tendrá que seguir siendo la atención de aquellas familias que tienen más dificultades en acceder a sus necesidades. Pero la vocación del INAU tiene que ser cada vez más fuerte en términos de universalización, en una perspectiva de Derechos. Así está contemplado en el Proyecto de Ley Orgánica para el INAU, que fue presentado a fines del año pasado al Parlamento. Allí se pretende salir de la visión más tutelar dentro de lo que se llama la doctrina de la situación irregular -esa idea de un INAU pobre y asistencialista para los más pobres -, para colocarnos claramente en la perspectiva de derechos y sobre todo en un eje donde la prevención pase a tener más importancia. Hoy hablábamos de la prevención de la droga y uno puede pensar que el problema del Uruguay es el consumo de drogas. Pero en realidad el problema es un síntoma que muchas veces se vincula con la soledad de los adolescentes porque sus padres no están en sus casas. En este sentido estamos por lanzar una campaña vinculada a qué cosas precisan los niños y adolescentes. Promover el diálogo en las familias que hoy se tiene. Familia actual con sus características.

-¿Pero el grupo de pertenencia del adolescente no es otro que el de la familia?
-Sí. Pero las familias no podemos abandonar la capacidad de dar apoyo afectivo, abrazar, contener o dejar de poner límites aceptando el conflicto con resolución no violenta y promoviendo la mejor forma de convivencia. Todavía una tercera función de la familia es la de orientar a los hijos a tomar decisiones en la vida, haciéndolos autónomos. Pero el adulto no puede faltar; el peor mensaje es la indiferencia o la soledad. Tampoco el mensaje es ser como ellos. Muchos conflictos son en realidad de los adultos. Con el alcohol y el tabaco es muy visible, además de los mensajes consumistas de los medios.
Una sociedad que no ve a los adolescentes que están trabajando, destacándose en actividades muy variadas y solidarizándose. Esas acciones no las vemos porque como en el juego del Veo Veo, se ve lo que el otro te permite. En los medios de comunicación vemos reflejado lo menos  favorable que ocurre con los jóvenes y nunca toda su integración a la sociedad.
Debemos trabajar sobre qué valores queremos o qué fines perseguimos. Porque si no el trabajo a nivel de la sociedad se vuelve una actividad muy frustrante y sin contenidos. Trabajarlo con los educadores de INAU para estar permanentemente formándolos, pero también estimulándolos a trabajar en grupo, a dialogar con los chiquilines, a orientarlos, a aprender a ponerles límites y a descubrir que el trabajo en el INAU también tiene sentido. Porque muchas veces la sobre exposición de los problemas en la Colonia Berro genera la percepción en la gente que el INAU es igual a la Colonia Berro, igual a adolescentes peligrosos, igual a problemas. Al propio funcionario de INAU y a los chiquilines que viven en Hogares, les genera vergüenza, por esa imagen pública relacionada con problemas. Hoy hay 4.800 niños que viven en los Hogares o en los «Hogares pequeños», que funcionan bien. En la medida que no se conozca o no se difunda, hay una expectativa de que no hay soluciones. Pero no asumimos nuestras responsabilidades como adultos.

Martín Prats: “El sistema judicial uruguayo no tiene que aplicar la Ley de Caducidad”

Martín Prats

Martín Prats

Si se anula la Ley de Caducidad «se reabrirían todos los casos y por lo tanto no habría ningún obstáculo para el juzgamiento», dijo el Dr. Martín Prats a SAN JOSÉ HOY.
Prats es abogado, director del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).
La institución trabaja en el acompañamiento a familiares de presos políticos.
Prats analizó las posiciones, frente a la Ley de Caducidad, desde el punto de vista jurídico.

Ielsur es una ONG en defensa de los Derechos Humanos que tiene más de 25 años de existencia. Surgió en los últimos años de la dictadura, como un equipo de abogados que patrocinaba a presos políticos y familiares.
Luego, la organización continuó trabajando por los derechos humanos, no solamente por las violaciones durante la dictadura, sino también en temas vinculados a los derechos del niño, de la mujer o la libertad de expresión (derecho a la información incluido).
Ielsur también realiza un seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana, del sistema penitenciario y aborda temáticas vinculadas a la discriminación de personas que padecen el virus del VIH-Sida.
Aborda los derechos humanos desde una perspectiva jurídica, enriquecida con el aporte de otras ciencias sociales.
Hay abogados, sociólogos, psicólogos, maestros, médicos, comprometidos en esas tareas.

Ley de Caducidad

Ielsur nace vinculado a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Restablecida la democracia, patrocinó acciones legales contra los violadores de los derechos humanos, buscando el esclarecimiento de los casos de detenidos desaparecidos.
“Entre el restablecimiento de la democracia  y la aprobación de la Ley de Caducidad, se presentaron un montón de denuncias desde esta Institución. Esas denuncias se vieron truncadas por la ley de Caducidad, que las mandó a archivar”.
Ielsur presentó acciones de inconstitucionalidad contra la ley, pero fueron rechazadas. «La Suprema Corte de Justicia en su momento declaró constitucional esta ley».
Una vez agotadas las vías legales internas, se acompañó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través de su informe 29 del año 1992, entendió que la ley era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Convención recomendaba al Estado uruguayo la investigación y la sanción de los responsables. «Sin embargo, por cómo está dispuesto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado uruguayo no hizo caso de ese informe de la Comisión Interamericana  y la Comisión no elevó el asunto a la Corte Interamericana… Nunca hubo un juzgamiento ante la Corte que pudiera aprobar una sentencia en contra del Estado uruguayo».
A comienzo de los años 90 Ielsur patrocinó a algunos familiares de presos políticos en acciones civiles por los daños y perjuicios ocasionados.
El juicio terminó con una conciliación. El Estado ofreció una suma de dinero a las familias, como transacción, que fue aceptada en su momento. «Fue un antecedente importante porque el Estado, a través de su fuerza de transacción, reconocía su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura».
Luego, según Prats y desde el punto de vista jurídico, el asunto quedó estancadoen el Uruguay, «más con el panorama político que había y con la integración que tenía el Poder Judicial en ese momento».
Si bien Ielsur mantuvo una posición contraria a la Ley de Caducidad, no hubo acciones jurídicas concretas.

Cambios

La situación comenzó a cambiar hacia finales del segundo gobierno de Sanguinetti y primer gobierno de Batlle, sostiene el Dr. Prats. En ese momento tuvo mucho peso la experiencia de las organizaciones de derechos humanos argentinas, que sentían la limitación de la investigación por la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final.
«Pese a esas leyes, en Argentina, organizaciones de derechos humanos lograron, a través de juicios por la verdad, que hubiera sentencias favorables al deber de investigar por parte del Estado, qué había pasado con los desaparecidos. Más allá de que el tema de la responsabilidad penal no se tocara».
Alentado por esa experiencia, a comienzos del año 2002, Ielsur comienza, junto a otras organizaciones, a pensar nuevas estrategias.
«El gobierno de Batlle ya tenía una actitud distinta a los gobiernos de Sanguinetti y de Lacalle, en cuanto a que formó la Comisión para la Paz; alentó algunas formas de investigación y se supo algo de lo que había pasado con los desaparecidos».

Un nuevo gobierno, una nueva interpretación de la Ley

Prats dice que con el Frente Amplio en el Gobierno «hay una nueva actitud», más allá de que se mantiene la Ley de Caducidad. Se manifestó la voluntad de cumplirla enteramente y, por lo tanto, también de cumplir el artículo 4 e investigar.
Desde las organizaciones de derechos humanos se empezaron a revisar algunos temas para presentar denuncias de otro tipo. Se hicieron denuncias por la verdad, y se empezaron a buscar las «rendijas» que la Ley de Caducidad podía dejar para la investigación y la sanción penal.
Hubo denuncias contra Bordaberry, Juan Carlos Blanco, Gregorio Álvarez, Gavazzo, Silveira, y otros, utilizando la propia Ley, ya que ésta no contemplaba a los mandos, los civiles o los delitos cometidos fuera del país.
Se abrieron casos y se lograron procesamientos.
Ielsur colaboró con los abogados que presentaron esas denuncias, entre ellos, Hebe Martínez Burlé, Óscar López Goldaracena y Pablo Chargoñia (PIT-CNT).

Un logro de Ielsur

Ielsur logró reactivar el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Si bien ya no hay vuelta atrás en cuanto a que la Comisión no puede pasarle el caso a la Corte, la Comisión sí puede hacer un seguimiento de aquel informe 29/92». El Instituto entonces pidió audiencia a la Comisión y fue varias veces a Washington a plantear cómo estaba la situación de cumplimiento del informe. «Eso, políticamente significaba un tirón de orejas al gobierno uruguayo».
Prats sostiene que esa nueva interpretación que se le dio a la Ley por parte del gobierno actual, estuvo apuntalada por el seguimiento que hizo Ielsur de aquel informe del año 92.

El trabajo de este momento

Actualmente, el Instituto lleva adelante algunas acciones judiciales sobre el tema de la verdad. «No con respecto a los desaparecidos sino por ejemplo a homicidios que hubo durante la época de la dictadura”. Prats explica que en aquel tiempo la versión oficial era una y los familiares de aquellas víctimas quieren aclarar que aquella versión no era cierta, “que no habían muerto en enfrentamientos por ejemplo, sino que habían sido asesinados».

Por la anulación

El abogado habla con claridad sobre la campaña por la Nulidad de la Ley de Caducidad: «Hubo movimientos políticos que llevaron a que algunos pensaran, como una buena estrategia, que la ley tenía que ser removida a través de la anulación».
La anulación no está prevista constitucionalmente, porque el Derecho prevé la derogación de una ley o la inconstitucionalidad.
Prats explica que la derogación no tendría efectos jurídicos porque sería de acá hacia el futuro. Agrega que más allá de que hoy hay presentada una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, la inconstitucionalidad tiene el inconveniente de que es caso por caso.
Así fue como surgió la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del Pit-CNT, de anular la Ley a partir de una reforma constitucional. «Así se reabrirían todos los casos y por lo tanto no habría ningún obstáculo para el juzgamiento».
Hoy sólo pueden ser juzgados aquellos que la nueva interpretación de la ley dio lugar, como los altos mandos, los civiles, o los delitos cometidos en el extranjero.
Si se anula la ley se podrían reabrir todos los casos y llamar a responsabilidad penal a otras personas que no entran dentro de estas categorías.

Posiciones a favor y en contra

«Jurídicamente hay posiciones a favor y en contra de la anulación. El efecto esperado por quienes piden la anulación, es remover la Ley de Caducidad y por lo tanto reabrir absolutamente todos los casos sin ningún tipo de impedimento. Sin embargo, hay otros que sostienen jurídicamente -y no precisamente gente que esté favor de la Ley de Caducidad, sino que también puede estar en contra- que no es tan fácil la cuestión porque puede haber otros institutos jurídicos que podrían aplicarse en el caso y daría como que la solución no fuera tan fácil».
Prats sostiene que ese es un problema que habrá que tener en cuenta y que “hay que estar bien preparados jurídicamente para contestar esos argumentos jurídicos”.
La Ley de Caducidad violenta los Convenios Internacionales de Derechos Humanos aprobados por el Uruguay.
“Mi posición personal es que a partir de esa incongruencia entre el Derecho Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el sistema judicial uruguayo no tiene que aplicar la ley de Caducidad, independientemente de esta anulación”.
Según Prats, el sistema jurídico uruguayo permite declaraciones de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad o interpretaciones jurídicas que digan que la Ley que aprobó la Convención Interamericana es superior jerárquicamente a la ley de Caducidad.
Explica que “la anulación es saltarse eso y llegar a la misma solución de que igual se pueda juzgar. Pero puede traer algún otro problema jurídico, por ejemplo que puedan alegar que los delitos están prescriptos o que la anulación va contra los mismos principios de la Constitución”.
“Es un problema; habrá que ver cómo se contesta cuando esté la ley anulada”, concluyó.

El boicot sistemático

Mesa departamental del FA

Mesa departamental del FA

El Frente Amplio (FA) de San José convocó el martes pasado a una conferencia de prensa, en su local central de calle Espínola. El tema a tratar fue la actitud adoptada por la Intendencia Municipal de San José ante el programa nacional «Uruguay Integra».
El presidente de la Mesa Departamental del FA, Pablo Urreta, fue el vocero.
La fuerza política expresó su «profunda desazón» por «la falta de interés» mostrada por la comuna.

Uruguay Integra es un programa enfocado a potenciar el desarrollo local, en el marco de un acuerdo firmado entre el gobierno nacional, a través de la OPP y la Unión Europea, gestionado por las intendencias en colaboración con los ministerios.
Urreta explicó que hace más de un año, la Mesa Interinstitucional elaboró un proyecto para la creación de un Polieducativo para Ciudad del Plata, «que cumplía con los requisitos de cohesión social, educación y salud desde la óptica de la integración».
De este proyecto se dijo que «quedó durmiendo en los cajones de algún escritorio municipal».
En la conferencia también se informó que sobre fines de 2008, se elaboró otro proyecto apostando al desarrollo turístico del departamento, que se denominó «La Ruta de los Saberes y Sabores», en coordinación con el Ministerio de Turismo.
«La Intendencia presentó el anteproyecto, pero cuando llegó el momento de firmar el proyecto final, el Intendente no lo firmó».
Urreta señaló que «esta actitud de la Intendencia significa básicamente dos cosas: en primera instancia, bloquear la intervención estatal que apuntaba a mejorar la calidad de vida de la población de Ciudad del Plata y en segundo lugar, descartar la inversión de más de 25 millones de pesos destinados a dinamizar el turismo local y crear decenas de puestos de trabajo para los josefinos».
Sólo dos intendencias de todo el país quedaron fuera de este programa: Lavalleja, porque el proyecto presentado no cumplía con los requisitos estipulados en el programa y la de San José, «porque el Intendente no quiso firmar el proyecto de la Ruta de los Saberes y Sabores».
Urreta destacó que «mientras el gobierno nacional ha cumplido sistemáticamente con sus obligaciones de transferencia de dinero a todas las intendencias municipales como nunca se ha hecho en la historia reciente de este país, la Intendencia Municipal de San José ha tenido una actitud de darle la espalda al gobierno y a los programas de desarrollo nacional».
«En definitiva nosotros entendemos que el Intendente Municipal de San José está poniendo sus intereses político-electorales por encima de los intereses del departamento, dejando de rehén a la población de San José».
Se dijo que esta no es un actitud nueva, que lo mismo ha sucedido «con el incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito, con la férrea oposición al tema patente única de rodados, con la no colaboración con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la distribución de ración en la sequía y con las medidas unilaterales adoptadas respecto a la gripe A, descolgándose nuevamente de las políticas nacionales dictadas por nuestro gobierno».
«De manera que la fuerza política quiere manifestarle a la población de San José que no está para nada de acuerdo en esta actitud, que no es nueva, sino que ha sido sistemática de la Intendencia Municipal de San José».
El Frente Amplio lamenta que los plazos se hayan vencido y el dinero se haya perdido: “La Intendencia descartó de plano los 25 millones de pesos como inversión directa para el departamento en el área turística”.
«Yo personalmente creo que cada vez que se presenta un programa de estas características, donde el protagonismo no recae en el Intendente Municipal de San José, se lo boicotea sistemáticamente», dijo Urreta.
El edil Horacio González recordó que hace unos meses se hizo un pedido de informes para saber si la Intendencia estaba elaborando algún proyecto, porque los plazos se vencían. En ese momento la Intendencia contestó que había dos proyectos: uno de riego y otro de desarrollo de Ciudad del Plata. «Nosotros quedamos pensando que eso iba a ser efectivo, pero nos encontramos con que, terminado el plazo, no salió nada de eso».

Entretener desinformando y faranduleando

El negocio de la noticia

El negocio de la noticia

¿Quiénes deciden el contenido de un informativo de la televisión? ¿Por qué la violencia y las policiales ocupan cada vez más tiempo? ¿Por qué el antiguo noticiero de alrededor de media hora, hoy dura tanto? ¿Cuántas veces nos hemos interrogado sobre los criterios para seleccionar noticias e importancia de las temáticas incluidas? ¿Qué piensan de la televisión quienes la hacen, quienes viven de ella, quienes trabajan en ella?
Una de sus figuras más visibles dio a conocer sus ‘valores´ a la hora de trabajar. “En primer lugar quiero que tengan en cuenta que los diarios, las revistas y los semanarios son empresas periodísticas, viven de hacer periodismo; las radios y los canales de televisión son empresas comerciales, su objetivo fundamental es hacer dinero, igual que un supermercado.” *
Esta opinión, tan compartible y comprobable -aunque pueda dar lugar a matices-, no es la de un profesor de Comunicación, la de un analista de imagen y medios o la de un periodista de investigación. Es la de Fernando Vilar, informativista de Canal 4, en el “Cuarto encuentro de jóvenes comunicadores”, realizado en Trinidad los días 4 y 5 de julio.
Y también lo es esta falsa oposición: “La televisión no está para formar ni para educar; está para entretener.”  Falsa porque a esta altura sabemos que la permanencia por varias horas ante una pantalla, está formando o educando (de-formando o des educando, si se quiere). Por otra parte, Vilar, responsable del informativo central, está definiendo su actividad que, desde el nombre, anuncia su deber ser: la información. De ahí que sea realmente preocupante que pueda analizar su trabajo como lo contrario a lo que nos anuncia. Porque los “informativos” están para informar. Su nombre anuncia su existencia. Debe informar. Sin embargo, el deber ser no existe para un conductor que defiende el rating. Así lo expresó:
“Hoy escuché por acá a alguien que preguntaba por qué hay tanta noticia policial y no hay más cultural o científica: porque todos las piden pero nadie las ve, sencillamente. Telenoche tuvo hace dos años un organigrama ortodoxo, el que seguramente ustedes aprenden en la facultad; en un instituto privado este es el deber ser. Pero el noticiero cayó a límites de audiencia mínima, por lo cual tuvo que cambiar. El deber ser quedó de lado. ¿Qué es? Es lo que la gente mira. ¿Por qué le ponemos música? No sé. ¿Y por qué no? Si poniéndole música funciona mejor que cuando no le poníamos. ¿Por qué hay muchas noticias policiales? ¿Y por qué no? Cuando no teníamos noticias policiales andaba peor de lo que anda ahora. ¿Por qué algunos accidentes duran más o simplemente son accidentes? ¿Qué aportan? Nada; pero es lo que vende. (…) El deber ser está en un extremo y el es, en el otro extremo.”
Con el mismo argumento de dar a la gente lo que la gente quiere, el sábado pasado Canal 4 estrenó en su programación La City. Conducido por Luis Ventura y Rafael Rafa y con la presencia de Moria Casán, intentan promover la incipiente farándula uruguaya. No olvidar que la cuestión está en volver pública la vida privada, “las miserias privadas”, tal como lo ha hecho Canal 10 con Intrusos desde hace años. Se entretiene a la gente degradando sus gustos para que sus exigencias sean cada vez más baratas y accesibles de satisfacer por conductores que de periodistas tienen muy poco.
Por eso es de falsa oposición una visión de la TV que, como sólo entretiene, prioriza la tarea de sus trabajadores en el rescate del olvido de los hechos sociales más truculentos para transformarlos en menú imprescindible de la imaginación ciudadana. Más falso aún, considerarlas empresas comerciales regidas por la oferta y la demanda de un mercado al que ella misma le va creando las necesidades. Porque esas “empresas comerciales”, en realidad, son graciosas concesiones realizadas a dedo por gobernantes de turno que, sin embargo, están usando un recurso limitado de propiedad social que no es propiedad privada. Porque esa concesión estuvo hecha -aunque más no fuera de fórmula-, para brindar un servicio social a ese auditorio que es usado, cada vez más, como la herramienta que justifica todas las irresponsabilidades personales de los comunicadores en la selección de noticias, en su forma de exponerlas y en el tiempo otorgado.

*Los dichos de Vilar son extraídos de Brecha 17/07/09

Uruguay Integra: descentralización, democratización e inclusión social

Uruguay Integra es un programa de cooperación de OPP y Unión Europea que tiene el objetivo de contribuir a aumentar la cohesión social y territorial del país. Los fondos se asignaron, por concurso, a proyectos de desarrollo económico y social local.

Acto de Convocatoria del Comité Asesor del Programa de Cohesión Social y Territorial "Uruguay Integra"

Acto de Convocatoria del Comité Asesor del Programa de Cohesión Social y Territorial "Uruguay Integra"

En noviembre de 2008 el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, explicaba que este Programa tiene como objetivo fortalecer la política de descentralización y buscar la equidad en el territorio y entre territorios a través de la acción conjunta del Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y los actores locales.
En cuanto a los recursos -21 millones de euros- 12 millones (60%) son aporte de la Unión Europea y los restantes 9 millones (40%) provienen del Gobierno Nacional.
Rubio señaló que el 25% del presupuesto será destinado a políticas nacionales y el 75% a proyectos departamentales.
Uruguay Integra se ubica en la línea del Gobierno en materia de transformación del Estado, descentralización e inclusión social.
Para OPP este es un programa medular, ya que jerarquiza las políticas locales y otorga una alta distribución de recursos para programas sociales departamentales.
En aquella oportunidad el jerarca de OPP dijo que el Programa tenía como característica que los recursos destinados serían asignados a proyectos definidos y que toda la ciudadanía podría comprobar en qué fue utilizado el presupuesto.
El Encargado de Negocios de la Comisión Europea en Uruguay, Juan Víctor Monfort, dijo que tanto el Proyecto Uruguay Integra como Uruguay Innova, forman parte del Programa de Cooperación acordado entre la Unión Europea y Uruguay para el período 2007-2013. En tal sentido, la Unión Europea se comprometió a aportar 31 millones de Euros para apoyar las acciones que el Gobierno uruguayo emprende para incrementar la cohesión social y territorial del país y para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.
Uruguay Integra promueve acciones de desarrollo económico y social desde lo local, a la vez que acompaña un proceso de descentralización nacional, ofreciendo la oportunidad de enfrentar los problemas actuales de educación, salud, vivienda y empleo.
Monfort señaló que el combate a la pobreza, la cohesión social y la descentralización son temas prioritarios para la Comisión Europea.
Utilizará como instrumentos el apoyo al desarrollo local, económico y social de los 18 departamentos del interior del país y de la periferia urbana de Montevideo. Monfort dijo que tendrán prioridad aquellos proyectos que sean generadores de empleo local o estén relacionados al área de la salud y la educación.
Del mismo modo, se apoyará el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, tanto en materia de planificación estratégica, con enfoque territorial, como para asumir los desafíos y retos de la nueva política de descentralización a nivel nacional.
El Director del Departamento de Descentralización Territorial y Gobiernos Departamentales, Alberto Rosselli, destacó que Uruguay Integra no es un proyecto de OPP o del Departamento de Descentralización, sino que es del Gobierno Nacional en su conjunto. Obedece al reconocimiento que los cambios impulsados deben tener el apoyo de los organismos internacionales, así como la importancia del trabajo interinstitucional para fortalecer las acciones a favor de todos los departamentos del país.
Finalmente, el Intendente Marcos Carámbula, en representación del Congreso de Intendentes, destacó el esfuerzo de los distintos equipos de trabajo que en cada departamento hicieron posible la implementación de este Programa. A su entender, este Programa afirma la integración y articulación de políticas en todo el territorio nacional y acompaña el esfuerzo de participación y descentralización del Gobierno Nacional.
Asimismo, Carámbula dijo que las intendencias tuvieron la oportunidad de demostrar que no sólo pueden cumplir con los roles departamentales, sino que tienen la capacidad de realizar proyectos conjuntos a corto, mediano y largo plazo.
En tal sentido, agregó que es un desafío poder ejecutar estos proyectos en los próximos dos años de gestión.

La Comuna no fomenta

A fines del año pasado el intendente Juan Chiruchi firmó la presentación del proyecto síntesis para San José: «Aromas y sabores». Había sido fundamental en su confección el ex director de turismo, Dr. Hugo Ceretta. El proyecto de desarrollo del turismo rural en San José, había sido aprobado y significaba una ayuda de cientos de miles de dólares. Un capital que no debía devolverse. Decenas de productores josefinos se integraban a la ruta de los quesos, el vino, las conservas artesanales… Había muchos puestos de trabajo en juego.
El proyecto definitivo estuvo pronto en tiempo y forma. Sólo faltaba la firma del intendente, pero no firmó. Dijo que no tuvo tiempo de estudiarlo, que no sabía del asunto… Quizá nunca se sepa cuáles fueron las razones, pero ayer cuando todo el Uruguay festejaba la puesta en marcha de 15 proyectos que beneficiarán a 17 departamentos, San José no estaba. Sólo nuestro departamento y Lavalleja quedaron al margen.