Banqueros delincuentes, legisladores y periodistas

Mirtana López

A la vuelta de las cosas y de sus correspondientes explicaciones, ha resultado que la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2230, cuando los Peirano ya estaban excarcelados, era una necesaria resolución legislativa. Resultó también que el Dr. Gonzalo Fernández fue quien dio la voz de alerta -como secretario de la presidencia en el año 2006-,  para que no se derogara en aquel momento, al aprobarse la nueva ley. En aquella oportunidad, “de aprobarse esa disposición, ella habría determinado la inmediata liberación de los hermanos Peirano, quienes se hallaban todavía en prisión imputados precisamente por el delito tipificado en dicho art. 76” (G. Fernández).  Cuando fueron excarcelados en el año 2007, la fiscalía “promovió la acusación en el juicio que se les sustanciaba por el delito de insolvencia societaria fraudulenta, figura penal más grave, tipificada por el art. 5 de la Ley Nº 14.095” (G. Fernández). Éstos parecen ser los aspectos fundamentales a no olvidar.
Es claro que en todo este episodio, los poderes del Estado han estado en acción y que no siempre las relaciones que se van dando entre ellos son inocuas. Asimismo, es claro que la prensa pasó a ocupar un lugar determinante cuando Samuel Blixen tituló su artículo de Brecha: “El Parlamento, asesorado por Gonzalo Fernández, exculpó a los Peirano”.
Lo emocional pasó a ocupar más lugares de lo conveniente para entender una situación tan compleja y el Senador Sergio Abreu, tan distante de las posiciones del semanario mencionado, recibió sobre sí toda la conmiseración que le dio el hecho de haber presentado el Proyecto de Ley cuando dijo: “entendí que se trataba de una gauchada y me bastaba el reconocido prestigio de Gonzalo como penalista”. Lamentables palabras, por cierto.
El día martes, se propició la oportunidad para que ambos abogados se encontraran en el ámbito del Senado. Si bien Abreu no se desdijo con la misma firme voz con la que ahora afirmó “yo no hago gauchadas”, declaró de tal forma que González se mostró satisfecho. Porque no volvió a reiterar que éste le había pedido nada. (Así que el autor de la propuesta de ley es Abreu, senador blanco). A su vez, el periodista Samuel Blixen, no pudo recoger una confirmación de las palabras que Abreu le había dicho en primera instancia, “porque después reculó” (M. Nogueira). “Ante la sorpresa generalizada, pues acababa de negar en sala haber declarado a Brecha lo que el periodista de Brecha ahora le hacía admitir. Que Abreu le dijo que había incluido un artículo de una importante ley por “gauchada” o “carambola” u otras expresiones del mismo tipo. Negó haberle dicho eso al periodista cuando Gonzalo Fernández le dijo que era falso. Y lo que negó en sala, lo afirmó fuera de sala”. (Juan Raúl Ferreira)
En limpio sacamos que, así como los legisladores están desconformes con el fallo del Tribunal de Apelaciones porque lo consideran un error, los juristas están divididos en dos bibliotecas. Asimismo sacamos en limpio -pero esto porque no queremos seguir siendo tan inocentes y porque recordamos la santa indignación de M. Percovich-, que la defensa de los Peirano ha de estar integrada por una jauría de rastreadores que olfatean muy bien las imprecisiones y las incongruencias que legisladores muy apurados -y muchas veces poco conocedores -, van dejando como huellas. Por lo menos eso.

Pero dejemos la historia escandalosa de todo esto. A la luz de lo que afirman con seriedad y firmeza quienes saben del tema, ¿en qué estamos realmente? Estamos a la espera de una intervención de la Fiscalía, que podría presentar el llamado recurso de casación. Estamos a la espera de una Ley interpretativa de la derogación del artículo 76.
Hemos entendido con claridad que los Peirano fueron excarcelados por la justicia uruguaya en cumplimiento de una resolución internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Cierto es que lo lograron con sus abogados, porque pudieron pagar sus costos aunque dicen que “son insolventes”. Pero también hemos entendido que estuvieron cinco años presos por sus delitos: “Único caso de banqueros presos por ese tiempo en las tres Américas” según J. Korseniak. Que la clausura no significa que se borren los antecedentes ni es sentencia de absolución o de declaración de inocencia; el antecedente penal queda. Hemos entendido que la televisión, cuando pasaba y volvía a pasar el momento de la excarcelación sin aclarar que se trataba de material de archivo de hace varios años, contribuía malamente a la confusión. Hemos entendido que los periodistas, a todos los niveles, se deben a la información y no al escándalo.

¿Qué aprendimos, si aprendimos algo de todo este episodio? Que los legisladores no pueden “legislar con urgencia” y que no deben actuar en respuesta al “productivismo” (Constanza Moreira), es decir a las premuras de la realidad que, en aquel momento, era la situación del Casmu. Que deben ser muy estudiosos y realizar todas las consultas que estimen necesarias pero que la resolución posterior es de la entera responsabilidad de cada uno porque el asesor da su opinión, pero no resuelve. Que -para bien o para mal-, son un espejo de la sociedad. Que esos cargos legislativos pueden incitar a la pereza, a la mano de yeso que tanto hemos criticado desde la izquierda; que el aparato y el funcionamiento del estado es mucho más grande y complejo de lo que se puede uno imaginar desde afuera. Que los Peirano no van a poder volver a gestionar bancos; que, ante este rechazo nacional a su posible absolución, a ninguno de nosotros nos gustaría llevar ese apellido. Y que no debemos distraernos de los resultados que están apareciendo en la investigación a la Armada Nacional, ya que demuestran la real voluntad que mantiene este segundo gobierno del Frente Amplio, de extirpar robos.

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