Una ley al servicio de la democracia

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) invitó al acto de inauguración del proceso de elaboración de una nueva Ley de Radio y TV. La actividad tuvo lugar en el Auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones y fue transmitido en vivo a través de las aulas virtuales de Antel en diferentes puntos del interior del país, entre ellos, San José.
De esta manera se inicia en Uruguay un proceso democrático y participativo para definir temas de mucha importancia.

Estela Sellanes

En el lanzamiento se presentó el documento base para el análisis y discusión y se instaló el Comité Técnico Consultivo para la redacción de la nueva Ley. En este Comité están representados: la academia, el sector empresarial y la sociedad civil.
Del acto participaron el subsecretario del MIEM, Porf. Edgardo Ortuño, el Director Nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez y la relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, la Dra. Catalina Botero (desde Washington).
Ortuño señaló que este camino que se inicia, forma parte de un proceso de transformaciones que se inició hace unos años con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Destacó la importancia de la iniciativa, por la cantidad de actores involucrados y expresó que Uruguay necesita una ley moderna de radio y televisión que esté al servicio de la democracia, de la cultura y de la gente.
Habló de cinco fundamentos básicos: primero, que Uruguay necesita una ley que responda a los cambios tecnológicos que vivimos; segundo, que es necesario un nuevo marco normativo; tercero, que se necesita un sistema de “reglas claras y transparentes” que conforme un sistema de medios fuerte; cuatro, que Uruguay debe aprovechar e impulsar el desarrollo de la industria audiovisual y promover alianzas entre los creadores de contenidos y los medios; y quinto, que es necesario atender a las recomendaciones realizadas a nivel internacional.
El subsecretario del MIEM dijo que se quiere una ley que atienda la promoción de pluralidad; el acceso transparente y equitativo al uso del espectro radioeléctrico; la no discriminación, garantizando igualdad de oportunidades; y la transparencia de los procesos.
Dejó bien claro que no se quiere una ley de censura ni que regule los contenidos informativos. Expresó que el objetivo fundamental es dotar al país de un marco actualizado, moderno, al servicio de la democracia e invitó a trabajar entre todos, en conjunto, “con amplia participación”.
Ortuño también informó que se presentó al Presidente de la República un borrador con principios para regular la publicidad oficial.

Reglas claras

La Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, señaló que “es tan importante el proceso como el contenido” y destacó el esfuerzo del gobierno uruguayo.
Se refirió al porqué de la presencia de la Relatoría y dijo que “no mirar la radiodifusión es desatender uno de los factores para que pueda existir la libertad de expresión”.
Luego se refirió a un Capítulo del Informe Anual de la OEA, donde aparecen los puntos esenciales propuestos por los Estados de la región.
Destacó por qué es necesario renovar y señaló que es una oportunidad para generar pluralismo y aprovechar los desafíos tecnológicos. Dijo que este tipo de ley promueve la libertad de expresión y habló de la necesidad de que los procesos sean para la libertad y la inclusión.
Señaló que se reconoce la existencia de los distintos sectores de la radiodifusión: de una radiodifusión privada segura, que tenga las reglas claras; de una radiodifusión comunitaria “vigorosa”, “autónoma”, verdaderamente comunitaria, que se convierta en la voz de los excluidos y de las comunidades indígenas; y de una radiodifusión pública equitativa. Dijo que reconocer estos tres sectores es fundamental y también señaló que es fundamental que estos sectores sean autónomos del poder político.
Botero también se refirió al procedimiento de asignación de las frecuencias. Dijo que debe ser “transparente, claro y no discriminatorio”.
Señaló que el Estado tiene que ser neutral desde el punto de vista de los contenidos.
Habló de una asignación “equitativa” y expresó que sólo es posible una radiodifusión vigorosa y plural cuando hay seguridad jurídica y reglas claras.

Pluralismo, diversidad y acceso equitativo
Gustavo Gómez esbozó un resumen de los contenidos de la Ley que se pretende elaborar y destacó como principios claves la diversidad, el pluralismo y el acceso equitativo.
Se refirió al espectro como patrimonio de la humanidad y habló del reconocimiento a los tres sectores: comercial, comunitario y público.
Expresó que se propone mantener la Ley 18.232, de Radiodifusión Comunitaria, que ha sido reconocida por los países de la región y también habló de la necesidad de elaborar normas para los medios públicos, para lo cual se coordina con el MEC.
Otro de los puntos a los que se hizo referencia fue al acceso equitativo a las infraestructuras y a que se mantenga la reserva de un tercio de las frecuencias para los medios comunitarios.
Habló de los límites a los monopolios y oligopolios y de la necesidad de controlar para limitar la concentración de medios e incluso la centralización de contenidos en Montevideo.
También hizo referencia a la necesidad de abrir canales de distribución a la producción nacional independiente.
Gómez dijo que la ley deberá proteger el derecho a las personas; habló de la promoción de la producción nacional e independiente en los medios audiovisuales; de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (franjas horarias); de garantizar la inclusión de personas con capacidades diferentes; y de la regulación de la publicidad en defensa de los consumidores y usuarios de los servicios de comunicación.
Destacó como punto importante la no discriminación y discrecionalidad. Habló de garantizar igualdad de oportunidades para el acceso a los medios de comunicación electrónicos, del concurso público y de la no discrecionalidad para otorgar autorizaciones.
Mencionó como absolutamente necesaria la participación ciudadana para controlar la acción estatal, con los consejos honorarios asesores (CHAI Y CHARC), en el que participan las universidades, organizaciones de la sociedad civil y gremios.
Destacó como aspectos claves de la ley la transparencia y publicidad de los procesos, cumplir con el derecho al acceso a la información pública y permitir un efectivo control de la ciudadanía.
Aclaró que este es el inicio de un proceso participativo. Señaló que hoy se presentan las bases y se instala el Comité Técnico Consultivo.
El documento está en formato digital en el sitio web de DINATEL y se habilita un espacio de consulta pública.
En el mes de setiembre se pretende realizar un Foro sobre todo este proceso, con el propósito de continuar recogiendo aportes.
El informe se espera elevar en la segunda quincena de octubre y se prevé presentar el anteproyecto de Ley al Parlamento a principios de 2011.


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