El muro del ocultamiento se resquebraja

Amparado en la ley Nº 18.381 hemos intentado descorrer el velo de viejas prácticas inconvenientes, a veces (quizá) ilegales, siempre reprochables por el clientelismo que conllevan. El éxito ha sido variado. En alguna ocasión también pudimos desestimar alguna ‘denuncia’ sin fundamento y eso también es importante.

David Rabinovich

El 18/11/08 preguntamos a la IMSJ sobre libretas de chofer. Respondieron que Luis Alberto Lacalle y Luis Alberto Heber tenían libreta otorgada por la IMSJ.
La historia que nos contaron era que se les daba libretas, a los amigos y correligionarios, sin hacer el trámite como cualquiera. Ese extremo no pudo ser corroborado. Pero llama la atención que estas personas vengan a sacar la libreta en San José. Fuentes de la Intendencia aseguraban que «la expedición de libretas es un relajo y hay gente ‘con la profesional’ que no sabe manejar».

El 18/12/08 el cuestionario versaba sobre la explotación de una Cantera en el padrón Nº 2775. Se vencieron los plazos sin que hubiera respuesta. Presentamos el primer recurso de amparo y la IMSJ contesta que «es información reservada». Solicitamos se intimara a responder porque no había posibilidad legal de declarar reservado lo que preguntábamos. Nos entregan información incompleta. Hicimos una nueva intimación, que también fue aceptada por el juez y esta vez, bajo amenaza de multa, entregan (aparentemente) toda la información. Confirmamos que la IMSJ no tenía contrato firmado con el superficiario. Una ilegalidad que, por ahora, no trajo ninguna consecuencia. Parece claro que tanto la Dinamige, como la Junta Departamental y la Justicia deberían haber actuado con más firmeza.

El 18/12/08 también preguntamos, por primera vez, sobre la explotación de la Cantera en el padrón Nº 2950. Se vencieron los plazos sin respuesta, presentamos el Recurso de Amparo y aducen, otra vez, que es información reservada. La Dra. Leticia Mora intima también, en esta situación, que se entregue la información. La respuesta deja planteadas otras interrogantes, por lo que comenzamos a preparar otro pedido de información complementario.

03/04/09 – Pedimos un listado de los convenios firmados por la comuna con organismos, entes, ministerios etc. dependientes del gobierno central. Solicitamos información detallada sobre: objeto de cada convenio, contrapartida municipal y grado de cumplimiento. Se nos entrega un montoncito de convenios, notoriamente no todos. Para hacer el seguimiento sería necesario hacer similares solicitudes en cada dependencia del gobierno involucrada (en Montevideo). El motivo de nuestras preguntas fue que las autoridades locales, en forma insistente, se referían públicamente a la falta de apoyo del gobierno central. A la discriminación que se hacía con esta Intendencia.

03/04/09 – Preguntamos sobre los bienes inmuebles arrendados por la Intendencia. Se nos contestó el 11/05/09. Quedó probado (por ejemplo) que, contrariamente a lo que se afirmaba públicamente, el alquiler del local del liceo de Delta lo pagaba Secundaria y no la Intendencia.

03/04/09
– Nos interesamos en aspectos relacionados con la pista de karting en el Parque Rodó. Aparentemente todo está bien. Consideramos que se debía desestimar versiones, que trajeron a la redacción, sobre irregularidades.

03/04/09 – Se preguntó sobre el alumbrado en Ciudad del Plata. La respuesta no me merece observaciones. Permitió informar con más exactitud sobre obras de mucha importancia para la zona y a los vecinos comparar los recursos que se destinan, en diferentes lugares, a ese servicio.

03/04/09 – Respecto a un informe relativo al impacto de la Sequía en el Depto. No tenemos observaciones sobre la respuesta que se obtuvo. Pudimos informar sobre aspectos de ese trabajo que merecían más atención, a nuestro juicio.

15/07/09 – Sobre asistencia a personas y familias carenciadas. La información mostraba cómo las necesidades de ayuda de los vecinos crecían cuando había elecciones. Quedaba clara la discrecionalidad del reparto y no se guardaba registro de las negativas que eventualmente recibía alguna solicitud. No existe marco regulatorio de esta práctica claramente inserta en un sistema de clientelismo político.

28/10/09 – Sobre el mismo tema, pero relativo a otros meses. Dejaron vencer los plazos. Se obtuvo la información mediante un Recurso de Amparo.
En conjunto la información permite una buena radiografía del clientelismo en San José (de un aspecto por lo menos).

08/02/10
– Sobre publicidad oficial contratada por la IMSJ . Dejaron vencer, una vez más, los plazos. Se consiguió la respuesta mediante Recurso de Amparo. La distribución de publicidad constituye un sistema de premios y castigos que condiciona la línea editorial e informativa de medios y periodistas. Es un grave ataque a los derechos de los ciudadanos a estar bien informados y a la libertad de expresión. La actual campaña sobre seguridad vial permite constatar, una vez más, la ilegal e injusta discriminación que se practica sistemáticamente y desde hace muchos años.

23/02/10
– Sobre explotación de Cantera en padrón Nº 2950. Respuesta muy incompleta. La IMSJ aduce, por ejemplo, que la contabilidad no le permite saber cuánto cuesta la explotación de la Cantera. Se reclamó por Recurso de Amparo. Entregaron más información pero no contestan lo que se les pregunta mediante los listados correspondientes. La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) se expide, como informamos en la edición pasada, señalando que la IMSJ incumple con la ley.
La información que logramos obtener merece un análisis detallado y requiere asesoramiento técnico. Llevará algo de tiempo procesar eso.

12/03/10
– Preguntamos sobre personal municipal. Pedíamos listados con información sobre cantidad de funcionarios, fechas de ingreso, remuneraciones, compensaciones, horas extras…
Otra vez dejaron vencer los plazos. Una vez más presentamos un Recurso de Amparo que incluyó el reclamo por las tres últimas solicitudes. Los reunimos porque notoriamente la IMSJ adoptó una estrategia, para obstruir el acceso a la información que la ley pretende asegurar, obligándonos a incurrir en gastos innecesarios. Primero deja pasar los plazos, después accede a entregar la información en el juzgado, pero cada juicio de Amparo significa gastos. Además de trabajo y tiempo de la Justicia, que no sobra y también cuesta. Luego las respuestas son pedir más plazos (saben que legalmente no los hay), entregar información incompleta, desordenada, los más ilegible posible.
En este caso se planteó que la información era difícil de reunir y luego, cuando no había más remedio que contestar algo, se puso a disposición las fotocopias de los legajos personales de los funcionarios. Casi $3.000 de fotocopias. La UAIP considera que si se pide listados, eso hay que entregar. Nosotros queremos respuesta a lo que preguntamos. La Intendencia dice que las respuestas están en las fotocopias, que si ordenar la información y procesarla es complicado, eso es problema nuestro. El juez decidió que se le entregara la información para definir si estaban las respuestas o no… la Intendencia se opuso a entregar las fotocopias en sede judicial. Veremos con qué argumentos… cuando los presenten.

Epílogo
Cabe reconocer la labor profesional de la Dra. Leticia Mora y el aporte del Cainfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública), que financió buena parte de los gastos.
Tenemos razones para aguardar con expectativa el cambio de autoridades. No tenemos porqué prejuzgar respecto a la conducta que asumirá la IMSJ a partir del 12 de julio.
Hay enquistadas en la administración criterios y conductas inaceptables, que pueden ser revisadas y cambiadas.

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