Vuestros derechos y nuestras razones

La IMSJ obra de mala fe. Cuando se le pide información, estrictamente de acuerdo a la ley, deja pasar los días, se vencen los plazos y hay que reclamar ante la Justicia. La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y los jueces (por ahora) nos han otorgado la razón en todas las instancias.

David Rabinovich

El Dr. Álvaro Messere analiza una situación realmente compleja.


Pero vamos a las audiencias y se pide plazos adicionales. Se pide plazos incluso cuando la información está ya disponible.
Preguntamos sobre el personal:
1) Cantidad de funcionarios de la intendencia (cualquiera sea la forma de vinculación contractual) al 1º de enero de 2005.
2) Cantidad de funcionarios de la intendencia (cualquiera sea la forma de vinculación contractual) al 1º de marzo de 2010.
3) Listado de funcionarios que recibieron compensaciones en el período 01/01/2005 – 01/03/2010.
Nombre, edad y fecha de ingreso.
Cargo y tarea.
Remuneración básica y compensaciones recibidas (montos y conceptos detallados por mes).
Tipo de vinculación contractual (efectivo, contratado permanente, contratado a término, becario, pasante, etc.)
Forma de ingreso (designación directa, llamado abierto o cerrado, sorteo, concurso, etc.)
4) Listado de funcionarios que han cobrado horas extras en el período 01/01/2005 – 01/03/2010.
Nombre, edad y fecha de ingreso.
Cargo y tarea.
Remuneración básica y remuneración por horas extras (montos y conceptos detallados por mes).
Tipo de vinculación contractual (efectivo, contratado permanente, contratado a término, becario, pasante, etc.)
Forma de ingreso (designación directa, llamado abierto o cerrado, sorteo, concurso, etc.)
5) Listado de funcionarios que han cobrado compensaciones y también horas extras en el período 01/01/2005 – 01/03/2010.
6) Listado de funcionarios que ingresaron en el período 01/01/2005 – 01/03/2010.
Fecha de ingreso
Cargo, tarea y remuneración básica.
Luego de dejar vencer todos los plazos, se pide plazos porque la información es complicada de ‘juntar’ y después se ofrece un montón de legajos personales fotocopiados como respuesta. Eso está todo junto en un solo archivo; si hubieran entregado la información que se pidió y como se pidió, hubiera llevado trabajo compilarla (lo que justifica usar un tiempo) pero hubiera tenido el costo que pretenden trasladarme.
Más allá de la intención, la consecuencia es, claramente, dificultar el ejercicio de los derechos que la ley ampara. Los fines de la ley son promover el acceso a la información pública; la administración no se preocupa de facilitarlo, más bien parece querer hacerlo lo más difícil posible.
La intendencia ha incurrido reiteradamente en ‘falta grave’, por no ajustarse a lo que marca la ley. Ha entregado información incompleta, fuera de plazos y en algún caso la ha ocultado (por ejemplo la falta de contrato con el dueño del predio para explotar una cantera).
Estas son algunas de nuestras razones (de ustedes y mías) para reclamar el cumplimiento de la ley. Es vuestro derecho tener buena información en el momento oportuno. La ley nos ampara; quizá la nueva administración adopte otros criterios y tenga una disposición diferente. Esperemos que así sea.

Sin acuerdo

Dra. Leticia Mora y Periodista David Rabinovich.

Ayer jueves, a las 15 y 30 tuvimos una audiencia en el juzgado. La Dra. Leticia Mora Prince, en nuestra representación, había tramitado una nueva acción de amparo y la IMSJ fue intimada a entregar la información solicitada.
«La demandada contesta la intimación efectuada por esta Sede a iniciativa de la actora y manifiesta en síntesis que en cuanto a la información referida a personal de la IMSJ el actor no retiró hasta la fecha las fotocopias correspondientes.
Cabe decir que si bien es cierto que se encuentran las fotocopias para su retiro, las mismas no le son entregadas al actor, sin previo pago de la factura comercial por el importe de casi $3000, lo que evidencia un abuso por parte de la demandada en la práctica, ya que se podría haber pasado a un formato digital (se supone que esta información se encuentra informatizada) o haber escaneado.
Ingresamos entonces en el tema de la obligación del Estado de facilitar el acceso a la información pública y la posibilidad de que dicha información se brinde en un soporte que no tenga un costo tan elevado para el peticionante.
Justamente la «Ratio legis» de esta norma fue la transparencia y el fácil acceso a información que concierne a todos los ciudadanos, por lo que un manejo de estas características cercena el espíritu de la propia ley de acceso a la información pública.
En conclusión, «solicito a esta Sede, se intime a la Intendencia Municipal de San José con plazo de tres días, a que entregue a esta Sede, la información respecto a personal de la IMSJ bajo un formato digital o planillado de papel (como usualmente se trabaja en oficinas públicas) cuyo costo total sea accesible para el ciudadano; bajo apercibimiento de la aplicación de conminaciones económicas equivalente a 20 Unidades Reajustables por día de atraso en el cumplimiento». Tal la argumentación de nuestra representante.
En la audiencia, el Dr. Pablo Pucheu mantuvo como posición: «la información requerida está a disposición del actor, el art. 17 de la ley establece que el soporte en el que está la documentación es el que se tiene que entregar y el costo de las fotocopias debe correr por el solicitante».
La Dra. Leticia Mora argumentó «que simplemente solicitó un listado (…) insisten en hacerme incurrir en costos importantes; eso se soluciona pidiendo al sistema informático de la Intendencia que emita un listado. Como no es producir información, debe darse lo que se solicitó».
El Juez, Dr. Álvaro Messere, decide: «A los efectos de resolver el diferendo, proporcione la I.M.S.J. la información que tiene en su poder al tribunal en el plazo de tres días hábiles y perentorios».
Entonces «La parte demandada anuncia recurso de reposición y apelación contra la resolución dictada anteriormente».
Por alguna razón la intendencia no quiere darle la información al Juez.
Si no hay alternativa, retiraremos las fotocopias, pagaremos por ellas y estudiaremos con seriedad el legajo de todos y cada uno de los funcionarios municipales.

El dictamen de la UAIP

El 15 de junio el consejo ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública se expide respecto a la solicitud de información sobre la cantera sita en el padrón Nº 2950: «Visto: La denuncia presentada (…) el 5 de abril de 2010…» «Resultando: (…) que se concedió vista al denunciado… Que la Intendencia procede a notificarse pero no formula descargos…» «Considerando: …Que la Intendencia entrega también una nota de fecha 3 de marzo donde se expresa «Que de la contabilidad presupuestal que se lleva en esta Contaduría (…) no surge la información de costos solicitados. (…) omite informar sobre el procedimiento de las donaciones, los gastos que se atribuyen a la Intendencia para realizar las mismas (…) toda la información solicitada es información pública que, si bien puede no surgir directamente del Presupuesto Quinquenal, debe estar distribuida entre otras dependencias del organismo, por lo cual corresponde que se dé cumplimiento a lo previsto en el art. 14 de la Ley que establece que ‘no se entenderá producción de información a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información al peticionario’».
Considerando toda la situación, el Consejo Ejecutivo de la UAIP resuelve «Señalar que la Intendencia de San José ha incumplido con el art. 3 y 14 de la ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública.
Indicar a la Intendencia de San José que debe entregar en tiempo y forma la información que se le solicita».
Firma la Dra. María del Carmen Ongay – Presidente del Consejo Ejecutivo de la UAIP.

El dictamen de la UAIP (II)

El 15 de junio la UAIP considera también la solicitud de información sobre publicidad, que presenté el 8 de febrero de 2010.
Consigna que «la Intendencia procedió a tomar vista (…) y el 15 de abril entrega a la Unidad parte de la información…
A su vez (…) la Intendencia denunciada solicita una extensión del plazo de 60 días para poder buscar y entregar el resto de la información solicitada (…)»
Para la UAIP «la Ley Nº 18.381 establece los plazos en que los sujetos obligados deben entregar la información».
Advierte que al no contestarse se configura «el silencio positivo» y que ante el vencimiento del plazo se «podrá acceder a la información».
Afirma que la información solicitada es «pública, que está en poder y que ha sido producida por la Intendencia de San José, y que ante una solicitud de acceso debe ser proporcionada a los interesados».
«en lo referente a la solicitud de prórroga de 60 días corresponde establecer que, si bien los fundamentos de la solicitud son atendibles y suficientes (…) tampoco existe en la norma previsión alguna que habilite a los sujetos obligados a solicitar 60 días de prórroga».
El Consejo de la UAIP resuelve:
«1. Tomar conocimiento de los hechos denunciados…»
«2. Señalar que el sujeto obligado (IMSJ) (…) ha dado parcial cumplimiento a las obligaciones que surgen de la norma».
«3. Indicar a la Intendencia de San José respetar los plazos previstos en la Ley, así como ajustarse al procedimiento previsto en la norma para habilitar la prórroga cuando ello sea necesario, con el fin de garantizar en forma efectiva el derecho de acceso a la información pública».

Estos son vuestros derechos y estas son mis razones.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: