La censura indirecta

Publicidad oficial
(América Latina)

«La distribución de publicidad oficial para beneficiar a medios afines al gobierno o castigar a los críticos o independientes es un supuesto de censura indirecta. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo  que «la obstrucción indirecta a través de la publicidad oficial actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión».
La pauta estatal debería funcionar como una herramienta de difusión legítima de las actividades estatales, y como una vía de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Sin embargo, múltiples denuncias judiciales e investigaciones de organizaciones no gubernamentales, medios y periodistas en América Latina y otras partes del mundo dan muestras de la utilización frecuente de la pauta estatal para condicionar las expresiones e informaciones que circulan en los medios o como herramienta de propaganda de gobiernos y funcionarios.
Para reducir las asignaciones discriminatorias o arbitrarias de los recursos públicos se precisan marcos legales que obliguen a los Estados a someterse a reglas precisas, y que impidan así la discrecionalidad en la distribución de recursos publicitarios.» *

Publicidad oficial
(Uruguay)

«Si bien se detectaron abusos en el pasado, sobre todo por parte de las empresas públicas, investigaciones realizadas en los primeros años de la actual gestión gubernamental demuestran que Uruguay no registra actualmente un patrón de prácticas abusivas en materia de distribución de publicidad oficial. Sin embargo, estos avances conviven con una disparidad de criterios de asignación en los distintos organismos públicos y, en todos los casos, se mantiene una alta cuota de discrecionalidad por parte de los funcionarios políticos que otorgan publicidad oficial. Esta situación ha derivado en algunos casos puntuales de asignaciones publicitarias arbitrarias o de utilización de la pauta oficial como herramienta de propaganda gubernamental. En este contexto, desde la sociedad civil, y con apoyos de sectores de gobierno y de la oposición, se viene impulsando una reforma legislativa que otorgue claridad y transparencia a la distribución de pauta.» *

Publicidad oficial
(San José)

La semana pasada, gracias a un fallo judicial que aceptó la validez del último Recurso de Amparo que presentamos, la Intendencia de San José entregó información sobre «Publicidad oficial» en 2004, 2009 y la que va de 2010. Un par de pedidos de informes realizados desde la Junta Departamental permiten disponer de los listados correspondientes al período 2005 – 2008.
La información fue solicitada en forma ordenada y discriminada por medio, programa y «proveedor». También preguntamos por el personal asignado a la oficina de Prensa y Relaciones Públicas y sus remuneraciones. La administración pública local contesta a disgusto, obligada por la ley, pero a pesar de todo,  inserta en varias páginas de farragosos listados, está la información que corresponde a los gastos. Lo menos claro posible, pero está también la referida al personal de la oficina.
En un caso, los gastos están ordenados por mes, no por proveedor. En relación al personal responden con la suma de todo lo cobrado en 2004, 2009 y parte del 2010. Esta última es información compilada para que resulte lo más oscura posible.
Considere el lector que la ley dice: Artículo 5º. (Difusión de la información pública).- «Los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.»
Y aclara en el Artículo 14. (Límites del acceso a la información pública).- «La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, el organismo comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder, respecto de la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a los organismos que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producir.
No se entenderá producción de información, a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información al peticionario.»
Por eso habíamos pedido la información compilada con criterios sencillos, proveedor o medio por ejemplo, cosa que cualquier sistema informático puede fácilmente entregar.

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