¡A cumplir con la ley!

«Ampárese la demanda y, en su mérito, impónese a la Intendencia Municipal de San José la obligación de brindar, al actor, el resto de la información solicitada (…) dentro del plazo de 8 días corridos e ininterrumpidos».
Ese fue el fallo de la Justicia.

DAVID RABINOVICH

La Intendencia enfrentada a la Justicia. El Dr. Álvaro Messere desestimó la solicitud del Dr. Gastón Ithurralde.

El martes pasado, comparecimos ante el Juez Dr. Álvaro Messere -para una audiencia de conciliación- el Dr. Gastón Ithurralde en representación de la Intendencia Municipal y la Dra. Leticia Mora, en la mía. Había presentado un recurso de amparo (el tercero) a los efectos de que las autoridades municipales acataran el mandato de la ley y entregaran la información que solicité.
Ithurralde se limitó a declarar que «En el plazo establecido legalmente de 20 días hábiles la Intendencia entregará la información de que dispone al gestionante».
No acepté. Los plazos legales disponibles estaban todos agotados y si no hubiera recurrido a la Justicia no me habrían entregado información sobre gastos de publicidad ni la relativa a personal municipal. Antes pidieron 20 días (que les concedimos) para darnos una información que ya tenían pronta. Tres veces se me obligó a recurrir a la Justicia y ésta me dio, en todos los casos, la razón.
El manejo ilegal y arbitrario que hace la IMSJ de la información pública merecería otras sanciones, las morales por lo menos. El ocultamiento es la norma en la administración local.
Trasladamos al Juez la responsabilidad de establecer el plazo. El miércoles, fundamentado en nuestra solicitud de que se intimara en plazo perentorio información solicitada el 8 de febrero y el 12 de marzo de 2010, así como  la información faltante respecto a la solicitada el 23 de febrero; en que «de la lacónica contestación de demanda, ensayada en audiencia, la demandada no cuestionó ningún aspecto de la solicitud de la parte actora, antes bien, expresamente dijo que entregaría la información que dispone dentro del plazo de 20 días hábiles». Que la ley «establece que, el tribunal indicará –de acuerdo a las circunstancias de cada caso- el plazo para el cumplimiento de los dispuesto en la sentencia (…) que no será mayor a los 15 días corridos…» y que «ha transcurrido un tiempo más que prudencial para reunir la información requerida. (por lo que) no se justifica otorgar el máximo de plazo (…) se considera adecuado fijar 8 días corridos a partir de este pronunciamiento».
El miércoles 5 de mayo veremos si las autoridades municipales acatan la resolución de la Justicia.

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