Dos fallos

MIRTANA LÓPEZ

Dos fallos jurídicos que mucho pesan sobre el destino de los uruguayos se emitieron el martes de esta semana. En un entorno de sencillez, el Juez Juan Carlos Fernández Lecchini, si bien no hizo lugar al planteo de la Fiscal Mirtha Guianze para juzgar a Juan Carlos Blanco por desaparición forzada, sí lo condenó por «homicidio muy especialmente agravado». Por otro lado, con el lujo ceremonial que mantiene su tradición y que hemos visto en las trasmisiones por TV sobre todo en estos últimos años, la Corte Internacional de Justicia de La Haya publicitó su estudio y conclusiones sobre la instalación de la papelera Botnia en nuestro país. Son dos fallos muy distantes que responden a disciplinas jurídicas diferentes y atienden problemas de naturaleza también distinta.
Sin embargo, para los legos que nos sentimos implicados porque está en nuestra condición compartir la responsabilidad de los sucesos humanos, son dos hechos que desde el estudio y la revisión del pasado, deben ilustrar el porvenir.

Botnia
La construcción de esta famosa planta de celulosa, su puesta en funcionamiento, la aparición o no de efectos contaminantes, ha sido, para argentinos y uruguayos, una reconstrucción de algunas lides históricas. Con más indiferencia de aquel lado -a excepción de los ciudadanos de Gualeguaychú-, con sentimiento de causa nacional a la oposición a los cortes de ruta, para nosotros. También los avances y retrocesos del conflicto han sido parangonados a las lides futbolísticas y sus resultados. En algún período empatados, en otros, con goles decisivos para un bando o el opuesto.
La cancha del conflicto en la que han quedado más los residuos y deshechos de la contienda, ha estado de este lado de la frontera. Porque los efectos visibles han sido sobre la población de la zona, especialmente la que tenía vínculos laborales con el puente y el turismo. Los efectos contaminantes producto de los reales deshechos de la fábrica han sido controlados por tecnologías adecuadas, a tal punto que la OMS los considera bastante por debajo del umbral de aceptación. Así lo determinó el fallo de La Haya luego de un estudio muy pormenorizado de todas las circunstancias; por eso, no corresponde la aplicación de sanciones ni la reubicación de la planta, hoy de UPM.
Pero también determinó que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay al no realizar la obligatoria consulta*. Este aspecto, importante para las relaciones internacionales, pero esencialmente formal, fue la piedra de toque para las reacciones en Argentina. Desde su Presidenta, que aprovechó para lucir su inquebrantable sentido moral con el que nos rezongó por no cumplir los tratados (¿este presidencial rezongo no nos molesta?): «El eje de este conflicto desgraciado fue apartarnos del tratado. Esto nos debe servir como enseñanza, no sólo a argentinos y a uruguayos, sino a todos: cuando uno firma y acuerda cosas en las que están en juego recursos naturales compartidos, debe respetar lo firmado». Nada dijo con respecto a su posible rol de mandataria en el corte de rutas y mucho menos del tema de fondo que fue y sigue siendo el de la no contaminación. Nueva oportunidad perdida para contribuir con grandeza a las lecciones de futuro de este episodio y para encarar su verdadero primer problema que es intentar una Argentina respetuosa de los criterios ambientales en sus propias plantas y una presidencia que encare de alguna forma las relaciones con un sector de sus ciudadanos en subversión.

El otro fallo
Se trata de la desaparición y muerte de la Maestra Elena Quinteros, en plena juventud, en 1976. Pero abarca los dos extremos de la existencia del abogado Juan Carlos Blanco y se entierra en nuestro pasado, en esa llamada historia reciente que no se quería enseñar. La sentencia final pide la condena como «coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado» al que le corresponden 20 años de prisión. Este colaborador civil, canciller de la dictadura, decidió en aquellos terribles días, «no liberar a la mujer» que permanecería en dependencias de la Armada en la que se sabía que iba a ser torturada hasta la muerte. Como todo civil, que además tenía responsabilidades de Estado, es un asesino. Aunque ya estaba procesado por otros delitos desde el año 2002 y preso -con mucha excepcionalidad, en cárcel Central-,  esta condena específica por el crimen de la militante anarquista -la hija de Tota- comienza a cerrar el proceso histórico y reconforta el espíritu. Aquella terrible acción en la Embajada de Venezuela y todo el sadismo posterior, inician un camino de justicia.**

El futuro
El martes 20 fue, entonces, un día lleno de futuro para Uruguay. Ambas resoluciones saldan situaciones del pasado con las que deberemos aprender a caminar. Ambas enseñan a respetar derechos en base a la verdad. Y ambas exigen al futuro.
*Tiempos de Jorge Batlle.
** La solicitud de «desaparición forzada» se vincula al hecho de que el cuerpo no ha sido encontrado; es considerado, en el ámbito internacional, delito de lesa humanidad que no prescribe y al que en nuestro país corresponden 30 años de pena.

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