El derecho es de la gente

Édison Lanza es periodista y abogado, director del CAINFO y ha sido de los redactores de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En una primera charla del ciclo organizado por SAN JOSÉ HOY en el marco de su 20º aniversario, Lanza dio un pantallazo de la historia de la Ley, comentó sus principales aspectos y cómo ha funcionado en el año y medio que lleva vigente.
A mediados de la década del 90, la APU armó una plataforma de reivindicaciones que, en materia de derecho a la libertad de expresión, incluía el acceso a la información pública. Teníamos una Ley de Prensa y un Código Penal muy restrictivo en materia de libertad de expresión y no teníamos Ley de Acceso a la Información Pública. «Cuando un ciudadano solicitaba información al Estado (…) si el Estado no quería responder, no respondía, ponía el pedido en un cajón y podían pasar años que el ciudadano no iba a recibir esa información. Había una absoluta asimetría entre el poder absoluto del Estado y los ciudadanos (…) y no había ninguna sanción, no había ninguna herramienta jurídica para exigir que esa información se entregara». «Teníamos radios comunitarias que eran perseguidas y la asignación de publicidad oficial, que todavía es un debe, era totalmente arbitraria y discrecional».
Recordó, en el año 2000, el reclamo de «Tota» Quinteros al Estado a través de un recurso de amparo: El derecho a que se investigara y se le informara el paradero de su hija. En ese primer caso, la sentencia del Poder Judicial establecía «que el único medio de garantía para proteger los derechos constitucionalmente admitidos, es el derecho de acceso a la información pública». O sea: «a través del derecho a la información pública se puede proteger otro derecho humano fundamental».

El papel de San José Hoy

En el 2004, David Rabinovich le pidió a la Junta Departamental una grabación sobre lo dialogado en una reunión de la comisión de presupuesto. La Junta dilató el asunto. Se hizo un recurso de amparo. La Junta eludía entregar la información. El Juez, como la información ya no estaba, entendió que el recurso de amparo no procedía. Esa decisión fue apelada. Se fue al Tribunal. Allí se dijo que el Juez tenía razón, que había otra vía jurídica, que el recurso de amparo sólo procede cuando no hay ningún otro remedio jurídico, «lo cual configuraba un hecho de denegación de justicia», afirma Lanza.
Con IELSUR y APU se decidió denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «El caso jugó un papel muy importante en apurar el trámite de la Ley, porque los parlamentarios sabían que había un juicio contra el Estado y que debían hacer buena letra -más allá de que había voluntad política en muchos legisladores del Frente Amplio y después de la oposición, porque terminaron votando todos-».
«Este es un derecho de todos los ciudadanos, de todas las organizaciones… Es una herramienta muy útil para todos».
SERPAJ, IELSUR, Amnistía Internacional, APU, Transparencia Uruguay, La Asociación de Archivólogos, la Universidad de la República formaron una coalición para ir detrás de la Ley. Finalmente a fines de 2008, la Ley fue aprobada.
«De acuerdo a los estándares internacionales del derecho de acceso a la información, es una buena Ley. Ya en el mundo hay casi 80 países que tienen Ley de Acceso a la Información Pública (…) En general los países que tienen menores niveles de corrupción tienen esta ley vigente».

¿Qué estándares incluye esta Ley?
«Lo primero, es que cualquier persona puede pedir información».
«Información pública es cualquier información en poder o bajo el control del Estado».
«Alcanza a todos los organismos públicos, sean o no estatales, en todas las ramas: Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, y en todos los grados de descentralización: entes autónomos, servicios descentralizados, intendencias, juntas departamentales, alcaldías».
«La Ley establece además una serie de mecanismos importantes: por un lado va a regular el pedido de acceso a la información (…) pero además establece un capítulo que se llama transparencia activa. ¿Qué es la transparencia activa? Hay una serie de informaciones que los organismos tienen que difundir en forma permanente en sus páginas web, (…) una lista de salarios, estructura de cargos, presupuesto asignado y ejecutado, servicios que ofrece, misión y meta del organismo, auditorías, concesiones, licitaciones otorgadas». La Ley da un año de plazo para que los organismos pongan su página web en condiciones.
«Si bien toda la información es pública, la Ley establece que el Estado tiene la posibilidad de declarar alguna información como reservada y confidencial». «Lo importante de esto (…) es que las excepciones están establecidas en la Ley»: asuntos de seguridad pública, relaciones internacionales, estabilidad financiera y económica o que algún organismo pueda perder ventaja competitiva.
También se pueden declarar reservados los secretos comerciales y científicos en poder del Estado. A su vez, las excepciones tienen una salvaguarda, para casos de derechos humanos: «nunca podrá invocarse el carácter reservado de una información cuando estemos ante un caso que refiera a violaciones de derechos humanos». Además, la Ley establece un plazo de 15 años para desclasificar información reservada.

Capítulo clave
«Uno de los capítulos claves de esta Ley es regular el procedimiento de petición de solicitud de acceso a la información, y eso nos da un paso claro de lo que podemos esperar cuando hacemos un pedido de acceso a la información…»
La Ley establece 20 días hábiles para entregar la información y si la información es muy difícil de reunir, se pueden pedir excepcionalmente 20 días más.
Además, esta Ley le da un valor al silencio: «si pasan esos 20 días y la información no aparece, la Ley dice que el silencio tiene un valor positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se considera que la información es pública, ya no se discute más si cae dentro de las excepciones».
«La Ley dice que para pedir información no se requieren formalidades especiales ni se requiere explicar para qué quiero la información (…) solamente se pide un escrito muy sencillo donde se solicita la información requerida (…). Además, no se requiere patrocinio letrado para hacer el pedido».
«Estas cosas cambian radicalmente la asimetría: Le dan poder al ciudadano, empoderan al ciudadano de un modo que antes no existía».

Algunas apreciaciones

«Son infinitas las posibilidades de la ley; también es cierto que como el Estado uruguayo tiene poca cultura de transparencia, los ciudadanos tenemos poca cultura de pedido de rendición de cuentas».
«El Estado tiene la obligación de reconstruir la historia, a veces será posible y a veces no. Estamos hablando de una Ley nueva y si los que ocultaron información en el pasado, la ocultaron bien, puede ser difícil, pero poder, se puede…»
«La Ley instauró una acción de acceso a la información, un recurso judicial para hacer valer el derecho ante un Juez». Establece que si no hubo respuesta a los 20 días de pedida la información, se puede presentar una acción de amparo informativo ante los Juzgados letrados».
«La Ley es necesaria pero no suficiente… Una Intendencia que se niega a dar información, una Junta Departamental que se negó a entregar información nos está dando cuentas de que se cree que la información es propiedad de ellos y que los ciudadanos no se tienen que meter… Sabemos que después de hecha la Ley, hay que seguir y va a ser difícil implementar una cultura diferente».
«Las leyes de acceso a la información establecen una institucionalidad para mejorar el acceso a la información y la transparencia».

¿Cómo ha funcionado la Ley?

Respecto a los pedidos de acceso a la información, «es de las cosas más maravillosas que han pasado. (…) Es un cambio importante…», afirma Lanza. «El proceso funciona».
El abogado sostiene que la sociedad tiene que empezar algún día a cuestionar o castigar a quienes niegan o esconden información y que la oposición política y los medios de comunicación tienen un papel para jugar.

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