El martes al mediodía

El Dr. Homero Rivero atendió nuestro reclamo.

Pasé por Mesa de Entrada de la I.M.S.J., pregunté por el expediente Nº5857/09 y me contestaron –otra vez- que estaba «en contaduría desde el 6 de noviembre».
Tomé nota, presenté una nueva solicitud de información y me dirigí al juzgado.
La audiencia fue corta. En nombre de la comuna josefina el Dr. Pablo Pucheu dijo (consta en el acta) que «se reitera que no existen resoluciones municipales» que regulan el otorgamiento de asistencia a personas o familias que la solicitan.
Eso no se reitera, se confiesa por primera vez que el procedimiento es discrecional, sin criterios generales que amparen el derecho de la gente a ser tratada de forma equitativa. Ante la falta de normas, la arbitrariedad la sustituye.
Luego el Dr. Pucheu pidió que «se fije el plazo más largo posible para que el Municipio entregue la información que disponga…»
Aduce el abogado de la comuna «lo extenso y complejo de la información solicitada». Es cierto, la solicitud abarca de julio a octubre y de los años 2004 al 2009. Pero parece lógico que los expedientes tengan algunas referencias básicas que permitan ubicarlos cuando no se conoce el número que les corresponde o la fecha de inicio. Por razones contables, uno supone que todos los que guardan relación con un determinado rubro del presupuesto, el sistema debería permitir listarlos.
En relación a este aspecto, el 18 de agosto de 2009 la I.M.S.J. informa que «estas ‘ayudas’ se imputan en el grupo ‘Transferencias’, al Objeto 558 ‘A Carenciados’ del Programa 107 – ‘Promoción Cultural y Asistencia Social’».
¡Qué prolijidad! ¡Qué precisión! Lástima que la administración no pueda sacar un listado de todos los expedientes que corresponden a ese tipo de trámite, buscarlos y contestar en tiempo y forma.
Dejo constancia que, a partir de la presentación de la solicitud de información, corren los 20 días hábiles de plazo para contestar y si se necesitan 20 días más hay que explicar por qué se piden (y por supuesto pedir la prórroga). Legalmente esos son los plazos y no hay otros.
Para la intendencia y su asesor letrado, cumplir con la ley no parece importante. Es importante porque se trata del ejercicio de un derecho importante. Acá estamos hablando de un aspecto esencial de la libertad de prensa.
Correctamente el Dr. Homero Rivero, juez actuante, preguntó qué plazo necesitaban y sugirió que el proceso fuera controlado por nosotros. Pucheu argumentó que faltaba ¡después de pasado noviembre, diciembre, enero y casi todo febrero! información de varias oficinas. Que el control se hacía inviable. Aceptamos el criterio, no somos auditores ni tenemos vocación de serlo. También aceptamos su solicitud de 20 días más de plazo, no queremos dificultar la administración, queremos ser informados para poder informar correctamente. El 23 de marzo entregarán la información.

Última puntualización
(por ahora)

No está en el espíritu de la ley que el que solicita información incurra en gastos para ejercer su derecho. Por la vía de dejar pasar los plazos nos obligan a presentarnos ante la justicia, eso significa costos de timbres y honorarios profesionales. No está bien y pone una dificultad a nuestra tarea que puede llegar a ser insalvable.
En este caso la acción jjudicial se hizo con el apoyo del Centro de Acceso a la Información Pública (CAInfo), en el marco de un programa del Open Soiciety Institute.

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