Ayudas y campañas electorales

El día 15 de julio de 2009 al amparo de la ley 18.381 (Derecho de Acceso a la Información Pública) se solicitó a la Intendencia Municipal de San José información relativa a la asistencia a personas y/o familias otorgada en los meses de abril, mayo y junio de los años 2004 al 2009.

Se pedía, en detalle:
1) Cantidad de solicitudes que se recibieron. Discriminadas por mes.
2) Qué tipo de ayuda se solicitó en cada caso.
3) Qué respuesta obtuvo cada solicitud.
4) Qué trámite deben seguir las personas que solicitan asistencia.
5) A qué rubros se imputa el monto de esas ayudas.
6) Qué funcionario es, en estos casos, el ordenador del gasto.
7) Qué criterios tiene establecidos la Comuna para otorgar o negar asistencia cuando se la solicita.
8)Qué resoluciones municipales regulan el otorgamiento de asistencia a personas o familias que la solicitan.
10) Costo de las asistencias otorgadas en esos meses y años.
Ante la falta de respuesta, el 24 de agosto, se presenta ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (U.A.I.P) una nueva denuncia contra I.M.S.J por la omisión.
Con fecha 27 de agosto y en conocimiento de que se había hecho la denuncia, la IMSJ responde parcialmente.
El 25 de setiembre el informe jurídico de la U.A.I.P concluye:
«I) El sujeto obligado entregó (…) parte de la información solicitada sobre asistencia municipal. Además la misma debió haber sido entregada al solicitante dentro del plazo establecido en el art. 15 de la Ley Nº 18.381 extremo que no fue cumplido».
II) (…) a criterio de esta informante, el sujeto obligado no cumplió con los plazos establecidos en el artículo 15 de la Ley Nº 18.381; ni con la obligación de entregar la información solicitada en forma completa».
(…)
IV) Ante el incumplimiento (…) el denunciante puede iniciar una acción judicial (…) conforme al artículo 22 de la Ley 18.381».
Posteriormente, con fecha 22 de octubre de 2009 el Consejo Ejecutivo de la U.A.I.P
RESUELVE:
«1. La I.M.S.J. no cumplió con la Ley 18.381 en la medida que entregó la información solicitada en forma parcial y fuera de plazo.
2. Señalar a la I.M.S.J que de acuerdo al art. 15 de la Ley Nº 18.381 corresponde entregar al denunciante la información (…)»
Como la IMSJ ni siquiera se notificó como correspondía de la resolución de la U.A.I.P.,  el 13 de noviembre se le entregó el informe de la U.A.I.P para que se tuviera en cuenta.
El 28 de diciembre, la Cra. Beatriz Martínez, Directora Gral. de Administración de la I.M.S.J y actualmente intendente, responde al Consejo Ejecutivo de la U.A.I.P:
«cada solicitud es un expediente que, una vez procesado se archiva, no existiendo alguna forma de agrupamiento de esas solicitudes para informar sobre «cada una» de las recibidas si las mismas no fueron atendidas.
Sí se informó sobre aquellas que lo fueron, con detalle del costo de las mismas, por lo que «cuáles fueron los costos de las asistencias otorgadas» está contenido en el informe entregado»
En la misma fecha, se contesta al interesado:
«-el trámite a seguir por los solicitantes, es la presentación de una nota en la que se detalla el pedido.
-la respuesta a la solicitud depende del informe producido por la Licenciada en Trabajo Social de la Intendencia y del costo de lo solicitado informado por Sección Proveeduría.
-En el expediente que regula el trámite, se dispone la respuesta a la solicitud».
No es un dato menor que no se pueda saber cuántas solicitudes fueron denegadas y por qué razones.
Hasta el sábado 24 de octubre inclusive, según nuestras fuentes, Juan Chiruchi estuvo firmando vales de materiales para «ayudar» a la gente. Su exigencia de que una de las asistentes sociales firmara -como si hubiera estudiado cada situación- avalando las resoluciones, habría sido motivo de queja (por parte de la funcionaria) y reto (por parte del jerarca).
Más allá de que no se contesta con claridad, en tiempo y forma, que se responde sólo bajo la presión de las exigencias de la ley y luego de transitar un largo trámite, se puede constatar que no hay disposiciones específicas que regulen esas donaciones que se realizan de forma discrecional, arbitraria y sin posibilidades de que se ejerzan los debidos controles. De todas maneras queda claro que las necesidades de ayuda de los vecinos de San José crecen notoriamente en períodos electorales. Llama la atención que la lista de ayudados cuando las inundaciones de 2007 no sea nominal. Son decenas de familias auxiliadas, pero no se sabe quiénes son, por lo que tampoco se puede constatar qué parte de ese dinero efectivamente llegó al destino que se declara.
Sí hay inversiones que parecen plenamente razonables como pan, leche y otros alimentos que se compró para auxiliar a los evacuados.
Para reunir más y mejor información sobre esta práctica que luce como del más descarnado clientelismo político, el 28 de octubre se solicita a la I.M.S.J similar información relativa a los meses de julio, agosto, setiembre y octubre del año 2004 al 2009.
Vencido largamente el plazo sin que se entregara respuesta se presentó ante el juzgado, el 18 de febrero de 2010, un recurso de Amparo. Se pidió al Juez que «ordene a la I.M.S.J la entrega de la información solicitada con fecha 28 de octubre de 2009 así como también la información faltante respecto de la solicitud presentada el día 15 de julio de 2009; esto es el numeral 8 de dicha solicitud que pregunta acerca de las Resoluciones Municipales que regulan la asistencia referida en los numerales anteriores».
La audiencia fue fijada para el martes 23 a las 12 y 30 horas.

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