San José puede enfrentar nuevos reclamos por manejo ilegal de canteras municipales

Doris Dos Santos denunció ante las autoridades del MIEM la «situación de ilegalidad que se vive a nivel de canteras municipales y explotación de balastro en la Intendencia Municipal de San José».

Máquinas y camiones de la Intendencia trabajan en predios privados.

DAVID RABINOVICH

A fines de 2004 Dos Santos se radicó en San José con su familia para explotar una cantera de ese material; suponía que una zona como ésta era propicia para la actividad.
A medida que pasaban los meses, luego de cumplir con un pedido importante que la había motivado a mirar San José como una oportunidad de invertir y trabajar, se encontró con que regían muy particulares formas de explotación en ese rubro.
La IMSJ se encargaba de sacar el material y cargarlo en camiones particulares cuyo negocio eran los fletes. Para el consumidor el material no tenía costo.
A pesar de que la comuna argumenta que se «fomenta la producción» y que se atiende a «pequeños productores por la necesidad de tener la caminería interna en buen estado» (cosas ciertas) y que ahora está todo en regla (lo que es discutible), quedó demostrado que la comuna actuó al margen de las disposiciones vigentes. No sólo donó material a empresas poderosas y consolidadas, que no necesitan esa ayuda, sino que también benefició (por ejemplo) a personas que tienen un lugar de recreo para disfrute familiar. Se extrajo material sin los permisos correspondientes, sin controles y sin contrato que fijara con claridad qué negocio se hacía con el dueño del predio.
Dos Santos considera una grave falta del Ministerio no haber reclamado por los gravámenes que la Intendencia de San José eludió. Estima que la deuda es no menos de medio millón de dólares.
La base de ese cálculo es la información que la propia comuna brindó al contestar -obligada por la Justicia- una serie de preguntas que como periodista hice al amparo de la ley Nº 18.381. En ese juicio obtuvimos también la sorprendente información de que no existía contrato para la explotación de la cantera municipal.
La empresaria demandó al municipio por daños y perjuicios. Ganó el litigio en primera instancia y el Juez, Dr. Álvaro Messere, considera en su dictamen que las donaciones son excesivas y que la comuna no puede donar si no hay un fin social que lo justifique.
El Dr. Pablo Pucheu defendió la legalidad del actual funcionamiento, que considera amparado por la Constitución, la ley Orgánica Municipal y las resoluciones de la Junta Departamental. Afirmó que «ahora» la cantera está habilitada, paga el canon que corresponde y es controlada por Dinamige.
Con sus dichos el abogado de la Intendencia confirma, una vez más, que la comuna josefina actuó, durante años, al margen de las disposiciones.
Lo curioso es que no se llame a responsabilidades (legales y políticas) por las ilicitudes cometidas que exceden largamente los meros detalles administrativos e involucran cuantiosos beneficios para particulares, como beneficiarios y transportistas.
El costo de toda la operativa lo pagó la población. La falta de controles durante tanto tiempo -si es que ahora los hay-, justifica las suspicacias: ¿Hubo funcionarios que obtuvieron también algún beneficio personal? ¿El clientelismo político es la única explicación para salirse tanto de los límites lógicos de una buena administración?

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