Fuera malvivientes

“¿Usted se hace responsable por el 715? Porque él sale con la prohibición, por disposición del Ejecutivo, de entrar en San José.” Estas palabras se las dijo el comandante del Penal de Libertad, en febrero de hace treinta años, a un maragato que iba a recibir a su hermano, a quien liberaban porque ya no podían extenderle más la pena. Aunque habían previsto ropa solamente para traerlo hasta San José, y aunque el amigo que los llevaba en la camioneta había previsto un rápido retorno, calladitos la boca siguieron para Montevideo, hacia la casa de un Escribano, que estaba preso y cuya familia iba a dar hospitalidad al liberado. Porque dentro del Penal le habían comunicado la forma en la que salía y había realizado los contactos para solucionarlo.

MIRTANA LOPEZ

Durante años, la familia y los amigos fueron, -fuimos-, a visitar a Mario fuera de las fronteras de San José. En casa de nuevos amigos o compañeros, muy solidarios, o a realizar un picnic en el río Santa Lucía, bajo el puente que hay sobre ruta 5 cerca de Canelones. Fue un preso que salió con un destierro departamental; al igual que el Dr. Peralta de Durazno, médico que tanto asistió a sus compañeros dentro del Penal, al propio Mario, entre otros.
¿Cómo interpretamos aquella medida increíble? En aquel momento, 29 de febrero de 1980, y ante la otra opción, ya conocida, ni una palabra. Alguna sonrisa, tal vez; según el lugar y la compañía en la que estuviéramos. ¿Consultamos algún abogado para interpretarla o intentar rebatirla? No. Mario tenía suficiente espacio en el resto del país como para arriesgarlo. Nuestra interpretación se basaba únicamente en la arbitrariedad total del ejercicio del poder que hacían los militares. No recuerdo que buscáramos interpretaciones jurídicas, ni fundamentos legales.
Eran tiempos en que presidía este país, Aparicio Méndez; Gregorio Álvarez, que había entrado a retiro en la Comandancia del Ejército, se preparaba para ser el “presidente de la transición”. En San José, presidía la Junta De Vecinos, Luis Fernández, con la vicepresidencia del Coronel (R) Humberto Capote. Como Intendente, un Coronel: Jorge Bazzano: en tanto el Secretario de la comuna era un civil: Juan Chiruchi.
De ahí que, en este verano 2010, fuera la sorpresa de la ignorancia experimentada ante el dictamen de una jueza de Maldonado, que rescató una Ley de 1941, aprobada bajo la presidencia de Alfredo Baldomir, conocida como la “Ley de vagancia, mendicidad y estados afines”. Esta Ley disponía -o dispone-, medidas de seguridad a ciertas personas consideradas peligrosas para la sociedad: vagos, mendigos, ebrios, toxicómanos… (Walter Pernas, Brecha 8/01/10) En aquellos años, la aplicación de esta norma no buscaba otra cosa que “separar la paja del trigo” es decir, limpiar de presencias molestas algunas zonas frecuentadas por la “gente bien”. Hoy, como zona de exclusión, Punta del Este pasa a estar protegido de quienes, por su aspecto, anuncian una posible mala conducta. No la esperen ustedes de todos aquellos que hacen maniobras fraudulentas hermosamente vestidos, con un imprescindible color tostado en la piel y aunque nunca hayan trabajado en su vida.
Según muchos especialistas esta norma que ya estaba en desuso, está también derogada por las Constituciones de 1952 y 1967. Quizá, incluso, se está utilizando fuera de contexto la Ley de procedimiento policial. Pero la especialidad de estos temas nos llama a silencio porque los errores que podamos cometer pueden ser enormes. Claro que no tan enormes como el que se comete contra el sentido común cuando se deporta o se destierra dentro de un país, por zonas. Esta resolución, proveniente del Poder Judicial, alegró a quienes manejan el poder económico -bastante golondrina-, de la zona vip del país. No importa cuántas formas de trampas ellos practiquen: lo hacen con elegancia.
Es sorprendente la impotencia que revela la aplicación de estos criterios atrabiliarios. Es sorprendente cómo el poder del dinero hace girar su ruleta para que acierte en la mesa de juego hasta una jueza con sus dictámenes.
Pero más sorprendente es que el destierro interdepartamental -la exclusión social- no lo aplican hoy los irracionales del poder militar que sufrimos en una época, sino los puntillosos pensadores del Poder Judicial. Que alguien contribuya a esclarecer esta situación; es de esperar.

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