Utilización ilegítima de recursos

«La donación de balastro que realizó la Intendencia Municipal de San José, a productores rurales, (…) excede -con creces- los cometidos constitucionales y legales asignados» sentenció el Juez Dr. Álvaro Messere dando razón a parte de los argumentos con los que la propietaria de una cantera, Doris Dos Santos, demandó por «daños y perjuicios» a la comuna josefina.

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DAVID RAVINOBICH

Para el Juez, la IMSJ «se desvía en el cumplimiento de los cometidos asignados constitucional y legalmente, utilizando ilegítimamente los recursos mineros tanto en cuanto a su indebida extracción, por no cumplir en buena parte con los requisitos exigidos por el Código de Minería, como en el exceso (abuso) cometido respecto a la entrega gratuita del producto (balastro).» El abogado defensor de la Intendencia, Dr. Pablo Pucheu, argumentó en el juicio que «no puede existir competencia desleal (…) el municipio de San José no realiza actividad económica, comercial ni industrial (…) sino que cumple con los fines constitucionales que se le han atribuido. La donación de balastro está dentro de las atribuciones que el constituyente le ha otorgado.» Considera que «ha significado un importante aporte para el desarrollo de las actividades rurales» y que «la clausura de la cantera por parte de DINAMIGE» se debió a un mero «incumplimiento de requisitos administrativos». Por el contrario, para el Dr. Messere «Los yacimientos de esa clase requieren título minero, salvo dos excepciones, a saber: a) el propietario (…) puede realizar actividad minera sin necesidad de título minero, si no tiene finalidad lucrativa y b) yacimientos ubicados en predios de propiedad estatal o municipal o pertenecientes al dominio público.» En este último caso «para cumplir los fines propios del organismo». La sentencia dice: «no es irrelevante ni quedan reducidas a contravenciones de índole administrativa, las irregularidades admitidas, -que llevaron incluso a la clausura temporal de la cantera- sino por el contrario, irradian sus consecuencias directamente sobre los hechos ventilados en la causa. (…) De acuerdo a la ley orgánica municipal, los cometidos del Intendente, en lo que interesa al caso en análisis, son: a) organizar y cuidar la vialidad pública. (…) b) propender a la prosperidad del Departamento, estimulando la fundación y desarrollo de las industrias, del comercio y de las instituciones de fomento, cooperando con las iniciativas privadas en la forma que considere más eficaz». El Dr. Messere consideró probado que «la inmensa mayoría (…) de las donaciones de balastro, tuvieron como destinatarios a empresarios o productores rurales, con la finalidad de mantener la caminería interna de los predios. De manera que no se trató de donaciones tendientes al mejoramiento de las vías públicas, ni para incentivar iniciativas privadas, sino derechamente a beneficiar o aliviar a los productores rurales en sus costos de producción.» «…la Intendencia Municipal de San José, donó balastro (…) en forma sostenida, a productores rurales, que lejos están de hallarse en situación de emergencia o necesidad.» Como ilustrativo el Juez transcribe declaraciones de algunos productores. Sr. Omar Vera: «Pedimos balastro a la Intendencia, pagamos un camión y nos sale barato a todos. No podemos comprar en canteras particulares porque nos fajan.» (Explota 506 hectáreas cuyo valor excede los U$S 2:000.000). Sr. Walter Pérez: «No compro balastro porque esa cantera que hay cobra carísimo. Dicen que hay una cantera que vende balastro pero hay que pagar el balastro y el camión y nosotros no somos ricos para pagar eso. Estamos acostumbrados a que la Intendencia siempre nos dio. Un viaje que cuesta 1.000 pesos no tengo por qué pagar tres, cuatro o cinco» (Propietario de 440 hectáreas y arrienda 2.000).

¡¿Qué conrás, juez!?

El 1º de junio la Junta Deptal. De San José aprueba solicitar la opinión del Tribunal de Cuentas (TCR) sobre «legalidad y oportunidad de las donaciones de balasto realizadas por la Intendencia Municipal de San José». «No compete al Tribunal de Cuentas expedirse acerca de la oportunidad de donaciones de balasto realizadas por la Intendencia Municipal de San José por cuanto su intervención está referida a la legalidad y no al mérito u oportunidad». La Ley Orgánica Municipal establece que a las intendencias municipales le compete organizar y cuidar la vialidad pública y el mismo texto legal dispone que es competencia del Intendente «propender a la prosperidad del Departamento, estimulando la fundación y desarrollo de las industrias, del comercio y de las instituciones de fomento, cooperando a las iniciativas en la forma que considere más eficaz». Con ese fundamento, los ministros blancos y colorados del TCR, dictaminaron: «No se advierte que la Intendencia hubiera actuado en contravención a la norma en cuanto a las donaciones de balasto en el marco de lo que se entiende por propender al desarrollo del Departamento y de que los materiales se usaron para mejorar vías de comunicación con lo que se benefició a la producción del Departamento, así como también se benefició a instituciones de enseñanza, especialmente en el medio rural y a otras instituciones de interés social». Fuentes del TCR confirmaron a SAN JOSÉ HOY que los ministros, Dr. Oscar Grecco y Cr. Ariel Álvarez votaron en forma negativa.  De los 5303 viajes de balasto donados por la Intendencia (según su propia información), 3 fueron a escuelas. De los 5300 restantes, no llegan a 200 los que tienen como destino instituciones de interés social. 5000 viajes de balasto tienen un valor de mercado, aproximado a los $ 5:000.000, más el flete. El estudio de la «legalidad» tendría que considerar también la falta de habilitación de la cantera durante un largo tiempo. La falta de contrato nunca fue informada al TCR.  La demora en tramitar el expediente, contrasta con otros casos en los que se ha sido extremadamente diligente. El primer informe de jurídica habría sido revisado y recortado. La resolución habría sido postergada dos veces, por solicitud de un Ministro herrerista. Y la resolución ya tomada por mayoría, dormitó en los cajones de la secretaría.

Al margen de la ley

Al amparo de la Ley de Acceso a la Información (18.381), se preguntó a la Intendencia sobre aspectos relativos a la explotación de las canteras municipales. En principio se contestó que esa información era reservada. Por mandato judicial, debió dar la información. Lo hizo en forma incompleta y tras varias intimaciones se pudo saber que no sólo se había donado balasto sin que mediara (en algunos casos) razones de interés general sino que la cantera se explotó sin las habilitaciones correspondientes. El acuerdo, con el dueño del predio, fue verbal. La inexistencia de un contrato que estableciera cuánto se le pagaría y por qué conceptos, no impidió que los pagos se efectuaran. Fueron millones de pesos a los que debe sumarse los costos de explotación. Lo que no se pagó, porque el material circulaba sin las guías correspondientes, fue el canon que cobra la Dinamige. La evasión impositiva que eventualmente se configura tendría beneficiados y responsables.

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