Dos visiones sobre la seguridad

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La seguridad perdida
«Queremos mandarle un mensaje a la población de que en el país, en un gobierno del Partido Nacional, se fortalecerá el sentido de la autoridad, el ejercicio de la autoridad y dentro de la legalidad y con cumplimiento estricto de las normas, el Ministerio del Interior, la Policía y todos los organismos relativos a la seguridad, devolverán a la población una seguridad perdida que todos los días avanza en cuanto a la comisión de delitos y que tiene realmente a la gente impedida de ejercer muchos de sus derechos por temor o por miedo».
Así fundamenta Luis Alberto Lacalle las propuestas que realizan los presidenciables blancos, en el tema de la seguridad pública. Es difícil no realizarse unas cuantas preguntas, aunque más no sea, como análisis de texto.
¿Cuáles son los «muchos derechos» que la gente no ejerce por temor o por miedo? ¿Son tan esencialmente distintos el «temor» y el «miedo» como para sumarlos de esta forma? ¿El Ministerio del Interior y la Policía a su vez, son tan diferentes como para citarlos individualmente? Sin embargo, ¿qué es o qué son «todos los organismos relativos a la seguridad»? Si hablamos de la seguridad interior ya se mencionó al Ministerio del Interior. ¿Por qué anunciar que se cumplirá con la legalidad y estrictamente con las normas si hace mucho tiempo que estamos en un régimen de derecho? ¿Acaso alguien no las ha cumplido o tal vez algunos pueden estar tentados de dejar de cumplirlas por extralimitación? ¿Por qué no se menciona al Poder Judicial tanto en lo relativo a la seguridad como al cumplimiento de la legalidad?  Pero sobre todo: ¿por qué hay que mandar a nuestra población, a nosotros, los uruguayos, un mensaje de que se fortalecerá, no sólo el sentido de la autoridad, sino el ejercicio de la autoridad? ¿Es que acaso no ha estado funcionando cuando, desgraciadamente, hoy tenemos más de 8 mil presos en nuestras cárceles?
Enumeremos para el lector otros fundamentos de la propuesta:
Rescatar el principio de autoridad; modificar las competencias de cuerpos policiales especializados; modificar la imputabilidad que establece el Código de la Niñez y de la Adolescencia sobre jóvenes infractores entre 16 y 18 años. (Es decir rebajarla a 16 años y no borrar sus antecedentes). Crear el Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil para que estos jóvenes no vayan a las cárceles comunes. En él se establecerán dos partes: «una de menor rigor para la rehabilitación del infractor y la otra de mayor rigor que conjugará la seguridad de la sociedad con la rehabilitación (y sin fugas)». La pena mayor para estos jóvenes puede llegar a 10 años al pasar a la cárcel común.
“Lo esencial es la designación de un ministro que se sienta cómodo en el ejercicio de la autoridad y que haga efectiva esa autoridad en la plenitud de lo que da la Ley.”  La reclusión “tiene que ser en serio. No pude haber ni cuchillos, ni armas, ni radios, ni teléfonos; que sea realmente un establecimiento en donde se están aplicando penas.”
Se creará la Guardia Nacional Republicana, redimensionando la actual con 2000 efectivos provenientes del Ministerio de Defensa y con jurisdicción nacional. Esta “tendrá un destacamento por lo menos en Durazno para un rápido despliegue por el Norte del país”. Tendrá competencia con respecto al tráfico de estupefacientes, en particular, la pasta base”. (“Policía de choque por si las cosas se ponen moradas”, dijo en una entrevista)
Se sobreentiende que esos efectivos militares, pasarán a la órbita del Ministerio del Interior. Es decir, a partir de una mentalidad educada para defender al país de un ataque exterior incluyendo -naturalmente- la muerte del enemigo, a una mentalidad al servicio de la población uruguaya que no comete delitos. Qué cerca estamos de transitar del concepto y sentimiento de “adversario”, al de “enemigo interno”; qué pasito chico para derivar en el de “enemigo de la nación oriental”, como ya vivimos no hace tantos años.*

La seguridad pública en las Américas
Se está realizando en Montevideo la conferencia Interamericana sobre Seguridad Pública de la OEA, preparatoria de la Reunión de Ministros de Seguridad pública en las Américas, planificada para fin de año en Costa Rica. Sobre prevención de la violencia, el gobierno uruguayo presentó, entre otros, el Plan Ceibal. Es decir un proyecto educativo de largo alcance, que comienza por intentar dar similares oportunidades a los niños y jóvenes que serán o no violentos en el futuro. Es un enfoque muy diferente. Por oposición, esa reunión también ilustra sobre la situación de Uruguay en cantidad de presos cada 100 mil habitantes, que se estima en 231. Estamos cuartos en Latinoamérica: detrás de Chile, con 318, Panamá con 275 y El Salvador con 258.
Es evidente que los problemas de seguridad no son sencillos ni de soluciones tajantes. Por eso parecen tan sabias las palabras de Elías Carranza** en esa reunión: “Cuando tenemos más del 50% de pobreza, no podemos resolver problemas sociales con justicia penal”. Por eso, el mensaje, aunque sea electoral, tiene que ser otro.

* El General Julio C. Vadora en la inauguración del Mausoleo a Artigas, dijo: “La culpa de la crisis del país también la tienen “la falta de autoridad y respeto”, “la politiquería demagógica” y un “patriotismo cómodo y pasivo”. Citado por Ana Frega y Ariadna Islas en “Identidades uruguayas: del mito de la sociedad homogénea al reconocimiento de la pluralidad”.
** Director del “Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente”.

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