Desde Kiyú a la Ley de Ordenamiento Territorial

Carretera a Kiyú

Carretera a Kiyú

Con el Ing. Agr. Manuel Chabalgoity, Director Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda.

-¿Cómo viene evolucionando el proyecto de construcción de viviendas de Mevir, en Kiyú?
– Antes de entrar en ese proyecto en concreto, me parece de suma importancia ubicarlo en un contexto nacional en el que, a partir de junio de 2008, se encuentra en vigencia la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
La sanción de esta ley marca un antes y un después en materia de planificación y ordenación del territorio. Es una ley que introduce importantes modificaciones con respecto a lo que estaba vigente.

-Hay personas que no la quieren.
-Bueno. Hay gente que está de acuerdo, otra a la que no le gusta, otra que tiene dudas. Lo de las dudas es natural porque, como toda cosa nueva, genera modificaciones en lo que preexistía y nos obliga a acostumbrarnos. Lo importante es marcar que hasta la sanción de esta ley, todos los procesos de planificación territorial en el país estaban regulados por leyes que tenían más de 70 años de vigencia. Y en 70 años, cualquiera puede comprender, que el país cambió de manera sustantiva. Cambió en cuanto a su demografía, a la localización de su población, a sus actividades o en cuanto a las tecnologías aplicadas. La aparición de un marco que le obliga a la planificación, es decir a la anticipación de uso ocupación y objetivo, genera ciertas incomodidades ante ciertos cambios en los aparatos organizativos y del Estado, tanto nacionales como departamentales. Estos cambios se notan en lo que tiene que ver con los territorios rurales, no urbanos; porque lo que anteriormente dominaba en el país, fundamentalmente a través de la ley de centros poblados para los gobiernos departamentales, eran los procesos de organización urbanística alrededor de centros poblados. Todo el resto del territorio no estaba  sujeto a normas generales por lo que existió una fuerte discrecionalidad en la forma de tomar decisiones en cuanto a la localización de actividades. Recordemos que recién en el año 90 se creó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y recién 18 años después se creó esta ley.

-¿Qué nos plantea fundamentalmente esta ley?
-Nos plantea la ordenación tanto en lo urbano como en el ámbito rural. Y eso es un fuerte cambio que nos desafía a que de ahora en más, la localización de actividades, así como la promoción de cierto tipo de uso, deba realizarse de acuerdo a los planes del ordenamiento territorial. Quiere decir que, a través del proceso de planificación, básicamente de acuerdo a la anticipación de las cosas que van a ocurrir, es que se van a ir adoptando las decisiones de manera democrática y transparente en cuanto a dónde mejor desarrollar la promoción de distintos tipos de usos: sociales, productivos, de servicios, de infraestructura, de industria, de logística, etc. Esto creo que es bastante importante, en la medida en que exige al Estado -nacional y departamental- readecuarse para cumplir esta nueva función.

-¿La ley contempla las autonomías departamentales?
-Por supuesto que las contempla. Pero la ley exige competencias en materia de ordenamiento, al gobierno departamental y nacional. La ley define instrumentos del ámbito nacional que son las directrices nacionales de ordenamiento territorial que las elabora el Poder Ejecutivo, las aprueba el Parlamento y también designa otras competencias en esta materia, a los gobiernos departamentales. En particular -y aquí nos vamos acercando al tema- la ley plantea que es de exclusiva competencia de los gobiernos departamentales la elaboración de las categorías de suelos. Es decir, cuáles son los urbanos, suburbanos, rurales y las distintas categorías que se puedan elaborar dentro de estas macro categorías, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que los gobiernos departamentales puedan cumplir todas estas funciones, la DINOT en particular, tiene como obligación en el Ministerio apoyar financiera y técnicamente a los gobiernos departamentales. Hasta ahora tenemos 17 convenios con 17 intendencias de todo el país. Convenios que les brindan recursos, por ejemplo, para que puedan contratar a los técnicos que no tengan en su plantilla y que necesitan para realizar la categorización de suelos y ordenamiento.

-¿San José?
-En el caso de San José se firmó un convenio a fines del año pasado. El objeto era elaborar directrices de ordenamiento territorial para el departamento, avanzar en el proceso de categorización de suelos y avanzar en el plan local de la ciudad de San José y su micro-región  En ese proceso estamos y con San José también estamos compartiendo junto a Canelones, la elaboración de un plan de las estrategias regionales de ordenamiento para el área metropolitana. Es decir que el Ministerio tiene un fuerte vínculo y una fuerte relación con los departamentos metropolitanos, para la más pronta elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial.

-Veamos, entonces, la situación de Mevir Kiyú.
-En el caso de la localización de pueblo Mevir, existe una demanda de este organismo que ya está interviniendo desde hace años en la zona sur de la Ruta 1. La intervención caso a caso, se resuelve de acuerdo a la necesidad de cada productor. Pero se está pensando también en la construcción de un centro poblado pequeño de 30 o 40 viviendas. Se trata de que a través del desarrollo del instrumento del plan local de ordenamiento territorial, se realice el estudio necesario y se defina en particular cuál es la mejor localización de este emprendimiento.

-¿El paso a dar -concretar para la zona la idea de ordenamiento-, está en la órbita municipal?
– Sí. Hay que generar el plan de ordenamiento para un área y habrá que delimitar la zona de implantación, (Kiyú, Valdez), tomando en consideración las distintas variables características del terreno, lugares donde trabaja la población, acceso a los servicios básicos para la vivienda, escuelas, liceos; lo que se toma o se debería tomar en cuenta para estas realizaciones. Estos planes están pautados en la Ley, como por ejemplo la puesta de manifiesto con realización de audiencias públicas, que son la garantía para que todas las personas que se encuentren involucradas en el desarrollo del área puedan estar enteradas e incidir en las decisiones que se adopten. Finalmente lo aprueba la Junta Departamental.

-Una vez que esté pronto el proyecto departamental, se sigue adelante.
– Sí. Tengo entendido que las disposiciones de recursos de parte de Mevir, están. De manera que hay que tomar la decisión y hay que hacerlo en el marco de estos instrumentos. De otra manera te lo planteo en términos más generales: Mevir, ni Ministerio alguno, ni ninguna obra pública puede ser localizada en cualquier lugar y de cualquier manera. Si vas a la Ley de Ordenamiento Territorial, en su Art. 77, vas a encontrar que toda obra pública requiere estar en concordancia con los instrumentos de ordenamiento territorial y requiere la autorización de las disposiciones municipales donde se localice. Si uno mira para atrás en la historia de este país, observa que han sido pocas las obras públicas, sean hospitales, escuelas, sea lo que sea, para las que se haya tramitado la autorización correspondiente a ordenamiento territorial. En general se hacía la obra. El tema es que ahora, toda la obra pública requiere estar en concordancia con el ordenamiento territorial del gobierno municipal.

-Es decir que hay que ver bien cuál es zona urbana o suburbana…
-Tienen que estudiar los suelos y determinar en función de los objetivos que se propongan para el desarrollo del área. Las zonas urbanas o suburbanas son en las que admiten uso residencial. Por definición, la Ley dice (art. 31) que en zonas rurales no se admite el fraccionamiento con destino residencial. Sólo se admiten las construcciones ligadas al productor y sus familias o las ligadas directamente a la actividad productiva del predio. Obviamente un centro poblado no es una actividad típica del área rural.

-¿Una estancia turística puede mantener las características del área rural?
-Allí hay otros factores de porcentajes o proporción de ocupación del suelo a los efectos de no transformar más suelo rural.
Por ejemplo, a nivel de cualquier ciudad, tienes condicionantes, retiros, alturas máximas. También ahora, al promover el concepto de gestión integral de todo el territorio, también en las áreas rurales van a tener que construirse indicadores, similares u otros que vayan orientando la forma de ocupar y transformar el territorio. Una estancia turística puede transformar urbanizando todo el área, lo que estamos creando es un centro poblado. Eso no es compatible con el espíritu de la ley. Por eso debemos tener en cuenta, primero, que al territorio lo vayamos construyendo o transformando con algún objetivo. En ese sentido la ley plantea tres objetivos, con total claridad. Primero, la finalidad es la de mejorar la calidad de vida de la población. Segundo, promover la integración social en el territorio, es decir, terminar con estos procesos de fragmentación que crean barrios de pobres para pobres. La tercera finalidad es promover un uso ambiental sustentable de los recursos naturales y construidos. Es la conjunción de estas tres finalidades el norte de los procesos de elaboración de los instrumentos de ordenamiento que se están construyendo.

-¿La aplicación de la Ley, en caso como éste de Kiyú, alarga el proceso?
-Hace un año que está vigente la ley. Cuando las decisiones se toman de manera interactuada entre los distintos actores demanda un tiempo. Cuando se toma de manera individual se ve el modelo histórico en el que ocurrieron los problemas que han generado la fragmentación, la contaminación de aguas… Todos los problemas que mencionamos.
Si bien la aplicación de la ley demanda un tiempo, lo ganamos a futuro porque habrá menor cantidad de perjuicios, y se avanzará con menos errores. El proceso no es largo de por sí, porque si son situaciones de consenso mayoritario, se hará mucho más rápido.

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