Cantera sin contrato ni habilitación

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«…de acuerdo a lo que desde el inicio se ha aportado a este expediente, surge que no se efectuó contrato escrito, por dicho motivo, obviamente no fue agregado, lo que no requiere de mayores comentarios por lo evidente de la situación», le dijo el Dr. Pablo Pucheu, en representación de la Intendencia Municipal de San José, al juez.
La respuesta llegó luego de largas peripecias. Llegó después de tres intimaciones de la Justicia, a la Intendencia de San José, para que entregara la información solicitada.
Llegó para ilustrar sobre la conducta de la administración chiruchista: se explotaba una cantera sin habilitación alguna; no hay contrato que regule el acuerdo entre la Comuna y un particular al que se le pagó cifras importantes.
¿Cómo quedó registrada toda esa operativa? El canon que correspondía pagar y no se abonó ¿constituye evasión tributaria?

La fuerza de la ley

El 18 de diciembre de 2008, al amparo de la ley Nº 18.381, de acceso a la información,  preguntamos sobre aspectos vinculados a la explotación de una cantera por parte de la IMSJ.
Entre otras cosas, cuáles fueron las «condiciones que se pactaron con el dueño del predio para realizar la actividad».
El 19 de enero de 2009, fuera de los plazos legales, la Intendencia argumenta que «La información solicitada debe ser clasificada como reservada por parte del Municipio…»
El 16 de marzo presentamos una Acción de Amparo y el juez cita a una audiencia de conciliación para el 19 de marzo. Ese día, la Intendencia de San José aduce que las razones para declarar la información reservada habían cesado y acuerda entregarla. El juez hace lugar al acuerdo de las partes y fija el 3 de abril como fecha para hacerlo efectivo.
Ese día  llegó la respuesta. Firmado por el Director de Obras, Carlos Badano, se consigna: «El acuerdo realizado supone el pago en forma mensual de acuerdo al precio que estaba pagando la Intendencia en ese momento».
No había copia del contrato, ni precio pactado, ni volúmenes involucrados, ni nada que pueda tomarse, con seriedad, como una respuesta.

Informar no es la norma

En las respuestas faltaban datos básicos, como las condiciones pactadas con el dueño del predio. Se procede a intimar el cumplimiento de lo acordado, en forma correcta.
La Intendencia, en uno de los intentos de respuesta, asegura (28 de mayo) que ya entregó toda la información que tenía. El Juez no aceptó eso. Luego de ser intimada por tercera vez, hay un avance. Queda claro que sí había más información y era relevante.
Aunque desde el principio pensábamos que no había contrato, ahora lo confirmamos. A pesar de eso, en la Junta Departamental, José Luis Falero, Secretario General de la IMSJ, dijo que se hizo un llamado a licitación y que el contrato estaba.
¿Se le mintió a la Junta? ¿Se trajo a la sede judicial información fidedigna?

Por mandato judicial

La Intendencia, con la firma del Dr. Pucheu, informa sobre volúmenes anuales extraídos y el precio pagado al propietario.

AÑO    VOLÚMENES    PRECIO
2004    102.306            2,58
2005    162.165             2,75
2006    258.814             3,17
2007    210.415            3,33
2008    192.976            4,26
2009     55.994              4,38

Suponemos, porque no se dice, que los volúmenes son metros cúbicos (podrían ser camiones) y el precio son pesos por cada m3 (podrían ser dólares).
Hecho el cálculo y transformado a dólares para cada año, el monto total aproximado en dólares que se habría pagado al propietario es el siguiente:

2004   U$S 9.200
2005   U$S 18.200
2006   U$S 34.100
2007   U$S 29.900
2008   U$S 39.250
2009   U$S 10.480

Son algo más de 140.000 dólares.
Sólo una auditoría, que revise la documentación que respalda las cifras que informan los responsables de la comuna josefina, puede darnos la tranquilidad de que los recibos correspondientes están y las cifras concuerdan. Quizá sea el momento de que este mecanismo de control sea reclamado por los organismos competentes.

Si se quiere, se puede

Aquel 18 de diciembre de 2008 también solicitamos información sobre las condiciones en que se planificaba iniciar una nueva explotación minera municipal. Era el padrón Nº 2950, propiedad de Elio Alonso, ubicado a 1.600 mts. del km. 103 de la ruta 23.
En primera instancia el Dr. Pucheu procedió como en el otro caso: Lo declaró secreto municipal.
Luego del acuerdo, homologado por el Juez Álvaro Messere, el 3 de abril la IMSJ entregó información que resulta satisfactoria (salvo algún detalle no muy importante).
Estaba incluso el contrato firmado por la IMSJ con el propietario. Según ese documento está previsto extraer 120.000 metros cúbicos de balasto, por los que se pagará al Sr. Alonso, en principio: «$ 6,25 el metro cúbico extraído de material».
En ese mismo documento «la Intendencia asume el pago de todos los tributos, o gravámenes que correspondan por dicha explotación». Se hace referencia expresa al pago a Dinamige (obligación con la que no se habría cumplido en el caso del campo de García).

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One Response to Cantera sin contrato ni habilitación

  1. diego says:

    Tienen que ver si las canterras que estan por habrir el propietario del campo es un reciente conprador del mismo y como pudo comprarlo porque puede ser que tenga un tio o amigote que compra el campo sabiendo que se va abrir una canterra y en los papeles figura otro y hay se puede hacer munchas mas cosas por ejemplo mas metros cubicos de balastro y mejor precio y controlan a su gusto y antojo y y quien paga eso JUAN PUEBLO
    pueblo

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