“Se acabó la tarjeta”

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El Parlamento aprobó la ley que regula la distribución del trabajo en las obras del Estado. El diputado Gustavo Bernini, autor de la iniciativa, explicó que la ley alcanza a los puestos de trabajo no permanentes para los peones prácticos y los obreros no especializados.

El martes la Cámara de Diputados aprobó, sólo con votos del oficialismo, la ley «Trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados».
El objetivo de la ley es «satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente, peones prácticos y/o obreros no especializados, que el Estado o las empresas que éste contrate o subcontrate, puedan requerir por un mínimo de siete jornadas de trabajo efectivo en la ejecución de las obras públicas, cuando su personal permanente sea insuficiente».
La distribución de los cargos se realizará mediante sorteo público por la Oficina Departamental de Trabajo y la Comisión de Trabajo correspondiente.
Gustavo Bernini, diputado socialista autor de la ley, dijo que esta es una forma de establecer una pauta «equitativa, democrática y permanente» de acceso al trabajo, porque en buena parte del interior, para ser contratado, todavía van los obreros con la tarjeta del edil, diputado, o jerarca municipal. Además, Bernini dijo que garantiza el trabajo a los sindicalistas, porque «la gente que en el pasado tuvo relación con el Sunca nunca iba a conseguir laburo».
Los gobiernos departamentales también deberán cumplirla cuando los ejecutores de las obras sean empresas privadas contratadas.
Inicialmente las obras de las intendencias y los entes realizadas por las mismas instituciones debían acatar la ley, pero luego de la discusión parlamentaria se excluyeron las que son ejecutadas directamente sin contrataciones.
Con un mínimo de 15 días, la Oficina Departamental de Trabajo deberá anunciar la realización de los sorteos para que los ciudadanos interesados puedan inscribirse y presenciar el sorteo.
Las comisiones de trabajo en cada localidad estarán integradas por representantes de la organización empresarial más representativa de la localidad, la organización más representativa de los trabajadores de la localidad y de la Oficina Departamental de Trabajo.
Mientras se difunde, el sorteo se comunicará al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la respectiva Intendencia Municipal, a las Juntas Locales correspondientes y al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.
Los registros de aspirantes podrán inscribir a quienes acrediten vecindad en un radio de hasta 100 kilómetros de la zona en el que se realizarán las obras, más allá de los límites departamentales.
Para garantizar la transparencia del procedimiento, en el momento del sorteo habrá una lista de público acceso con los nombres de los inscriptos y el número que corresponde a cada uno.
Mides y Patronato de Encarcelados y Liberados tendrán cuota.
Debido a que el sistema de sorteo busca dar mayor acceso a los más excluidos, en los sorteos habrá un cupo de 35% para las personas que «desarrollen trabajo transitorio, para lo cual deberán estar afincados en el departamento y contar con una evaluación de desempeño favorable».
Otro 5% será para las personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que estén afincados en el departamento.
El diputado Bernini explicó que se basaron en la antigua ley de 1943, pero tuvieron que adaptarla a estos tiempos porque «en 1943 no había ni un millón de pobres ni la cantidad de excluidos e indigentes que hay ahora». Entonces no era necesario establecer cuotas para determinados sectores. Frente a una realidad diferente, las cuotas de 35 y 5% respectivamente buscan «jerarquizar a los sectores que encuentran más difícil acceder al trabajo por su situación de exclusión social».
El ex dirigente sindical señala como una de las bondades de la ley, que asegura su cumplimiento, ya que habrá sanciones cuando se incumpla la norma. Desde 1943 Uruguay tiene una ley (Nº 10.459) de similares características, pero que nunca se puso en práctica, en parte, porque no prevé sanciones por su incumplimiento.
Los funcionarios del Estado que infrinjan la ley incurrirán en culpa grave y se aplicará a los responsables la sanción administrativa que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda tener lugar.
Para las empresas privadas, la infracción será observada con multa de 50 unidades reajustables a 500 unidades reajustables, a juicio de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 500 UR equivalen hoy a unos U$S 9.000.
Para poder participar en nuevas licitaciones, la empresa deberá pagar las multas adeudadas al Estado.

FUENTE: http://www.180.com.uy

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