ADEOM San José: la difícil tarea de negociar con «Juan»

Roberto Bentancor, presidente de Adeom San José y Silvana Camacho, tesorera e integrante de la comisión de viviendas para municipales, hablaron con SAN JOSÉ HOY sobre la actualidad del funcionario comunal. «Somos pocos funcionarios», aseguró Bentancor y eso genera una sobrecarga de trabajo en una plantilla que, además, ha envejecido.

Roberto Bentancor y Silvana Camacho

Roberto Bentancor y Silvana Camacho

En el sindicato hay preocupación por las condiciones de trabajo, por eso se estudian temas relativos al escalafón, las horas extras y la seguridad laboral.
El sindicato atiende temas sociales, buscando beneficios, convenios con diferentes instituciones. «Trabajamos en el tema de viviendas y por un espacio físico recreativo para Adeom, porque el actual está quedando chico. Queremos trasladar las fiestas para fuera de la ciudad. También estamos trabajando en el estatuto» (del funcionario), explica el dirigente.

-¿No existe estatutos que tengan una cierta coherencia a nivel nacional?
R. B. -Ese es un tema que está en la agenda de la Federación. Se buscaría hacer un estatuto único, porque son las mismas realidades las que hay en Artigas, en San José y en Montevideo. Las funciones son las mismas en todos lados.

-¿Hay mucha distancia en las remuneraciones de las distintas intendencias?
S. C. -No se ha podido acordar en el Congreso de Intendentes, pero nuestra idea es, a la misma tarea, igual remuneración. De Montevideo a Artigas, todos cobramos distinto. Hay gente que ni siquiera tenía sociedad médica, ahora con el tema del FONASA se solucionó, pero teníamos compañeros que tenían que ir al MSP.

-En niveles salariales, ¿cómo anda San José?
S.C. -Por la mitad de la tabla. Hace poco lo publicaron en un diario: que nosotros estamos por debajo. El tema es que todas las intendencias tienen distintos beneficios. Hay intendencias que tienen más beneficios que la nuestra, pero en lo que es sueldo base, nosotros estamos en la mitad de la tabla.
R.B. -La Federación reclama un salario mínimo nacional. Hay municipales que están muy por debajo y otros que están muy por encima de nosotros.

-¿Cómo ven el tema de las horas extras?
S.C. -A los funcionarios les sirve. El sueldo nuestro es de 8 mil y pocos pesos y no te da margen para mucho. Hay familias, con cuatro personas viviendo de ese sueldo.
Las horas extras no deberían existir porque lo que hacen es desarticular los gremios. El que tiene horas extras no viene (al sindicato) por miedo a perder las horas.
R.B. -El funcionario municipal lo ha incorporado a su presupuesto familiar. No entiende que la hora extra es para la función, no para el funcionario. Al llevarlo al presupuesto mensual, cuando hay recortes de horas, el municipal lo siente muchísimo. Cuenta como que la hora extra es parte del sueldo y no es así.

-¿La vivienda es una carencia importante en muchos casos?
R.B. -Primero se hizo un relevamiento minucioso de todos los compañeros municipales para conocer en qué situaciones estaban.
S.C. -Lo hizo una asistente social, Leticia Torrado, contratada fuera del gremio. Eso fue cuando se aprobó el presupuesto, en el 2005. Después se hicieron llamados a licitación, pero no se cumplía con los requisitos para la compra del terreno. Hubo tres licitaciones desiertas hasta que se decidió hacer una compra directa.
El terreno está atrás de Cerealín, hacia el norte de la ciudad. Está fraccionado, tiene luz, agua y da para construir 20 viviendas.
Cuando iniciamos los trámites en la Intendencia, también abrimos un expediente en el MVOTMA para conseguir colaboración para edificar. Nos quedaría que el Ministerio conteste. En su momento, cuando fuimos con el Intendente y con la comisión, nos dijeron que nos iban a dar canastas de materiales. La Intendencia hizo un convenio marco, tiene que poner la locomoción, el relleno del terreno… El Ministerio nos daría las canastas. En aquel momento se hablaba de 530 UR para cada persona.

-¿Ustedes están conformados como cooperativa?
-Eso fue lo que nos planteó el Ministerio. Pero en aquel momento nos dijeron que nos daban las canastas si se hacía un fondo rotatorio. Que la misma gente aportara para formar más viviendas. La Intendencia, el Ministerio y Adeom.
Ahora estamos esperando la respuesta. Esta semana iba a venir un oficio comunicando de qué manera se podía dar la colaboración para las canastas, si en modalidad de cooperativa o cómo…

-¿Tienen seleccionadas las 20 personas que integrarían ese conjunto de viviendas?
-Sí, faltarían detalles… Están todos muy ansiosos por que esto salga y nosotros estamos jugados a poderlas conseguir lo más pronto posible, porque sabemos la necesidad de los compañeros que están pagando alquiler, que tienen hijos… Nuestros sueldos no dan para pagar alquiler. La mayoría ya ha tenido que dejar las viviendas y tiene problemas de desalojo.

-¿Con 20 ya se cubriría la necesidad de vivienda?
-No, esta sería la primera etapa. Aparte de los 20 que entrarían en esta etapa habría necesidad de solucionar la situación de unos 20 municipales más.

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Ordenar el escalafón

«El organigrama nuestro es vetusto. Necesitamos una categorización de los funcionarios acorde a la realidad que se vive en la Intendencia…»
Los entrevistados afirman que la inclusión de nuevos funcionarios, por lo general, se hace por concurso en la parte administrativa y por sorteo en el caso de los peones.
Los últimos ingresos que hubo fueron de maquinistas, algunos pasantes y los inspectores.
En otro orden, desde la Intendencia se anunció que en la puerta de cada boliche habrá un funcionario municipal que controlará que no entre demasiada gente y ni personas engripadas.
Consultados respecto a cómo se realizarían los controles, los funcionarios dijeron que el jueves (ayer) habría una reunión con la gente de los boliches y los bailes.
18 funcionarios concursaron hace poco y entraron como inspectores, fueron asignados a tránsito pero, el concurso se hizo para asignarles cualquier tarea inspectiva: arquitectura, higiene, tránsito, etc.
Los pasantes, dijeron que entran por un año, con opción a un año más. Aunque con anuencia de la Junta se ha extendido algunos contratos.

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¿Cooperativa, dijo?

Los dirigentes son mesurados en sus declaraciones, negocian con un Ministerio de Viviendas que promueve, como solución para situaciones como la de ellos, el sistema cooperativo y necesitan el apoyo de un intendente que no simpatiza con las soluciones colectivas.
Los funcionarios viven situaciones de presión y tensión. Quienes no tienen responsabilidades gremiales hablan sólo con el compromiso de que no serán publicados sus nombres. Hay mucho temor a las represalias.
SAN JOSÉ HOY recogió, por separado, versiones coincidentes de tres funcionarias y un funcionario.
El intendente quiere participar de la selección de quienes accederán a las viviendas porque ya asumió compromisos con algunos que son asiduos a sus comités. Defiende «por principio» que cada uno tenga su predio y su vivienda. Quiere que el Ministerio ponga plata pero no acepta las normativas que se aprobaron en 2007, muy distintas de las que impulsó cuando fue ministro.

La soberbia autoritaria del chiruchismo

Al amparo de la Ley Nº 18.381 solicitamos informaciones sobre aspectos relacionados con la actividad minera de la Intendencia de San José.

Juan A. Chiruchi

Juan A. Chiruchi

El 19 de enero, la asesoría Letrada de la IMSJ emite su opinión: «considera que dicha información debe ser clasificada como reservada, ya que la divulgación de la misma puede afectar la estrategia judicial de un litigio que se encuentra en trámite…».
Esta opinión, que emite el Dr. Pablo Pucheu, sólo puede servir para que el Intendente Municipal tome una decisión respecto a entregar la información solicitada o a denegarla por razones fundadas. En el marco de la ley de acceso a la información, en realidad, no tiene ni interés legal. La sugerencia del Dr. Pucheu: «que se le de vista de dicho informe al gestionante» está fuera de lugar en el procedimiento y no existe resolución, validada por la autoridad competente, de proceder de esa forma.
Según la comuna, porque su representante legalmente acreditado ante la sede judicial así lo manifiesta, «con fecha 29 de enero de 2009 se otorga vista al gestionante, Sr. David Rabinovich, quien suscribe dicha notificación retirando copia del informe».
No fue así. En esa fecha, la IMSJ intenta sustituir la respuesta que me niega, por la entrega de un informe que carece de valor legal e interés para mí. En ningún momento entendí que se me «daba vista» formalmente de nada, ni que tenía que contestar las elucubraciones del abogado municipal.
En el punto 5 del escrito presentado el jueves 19 de marzo, la Intendencia de San José deja claramente establecido que «hasta la fecha el municipio no había tomado resolución respecto a la entrega de la documentación, teniendo presente que habiéndose otorgado vista al gestionante, el mismo no la había evacuado, lo que pudo haber sido interpretado como un consentimiento al informe en vista».
La ley no establece otra cosa que la obligación del organismo, al que se solicita información, de entregarla o negarla por razones fundadas. Es claro que se admite el haber incumplido los plazos legales y queda expuesto el uso de argucias, seudo legales, para dilatar el procedimiento de forma contraria a mis derechos ciudadanos.
La ley de acceso a la información considera estos derechos como una parte importante de los derechos humanos. Quizá sólo se trate de ignorancia. Pero la ignorancia no exime de cumplir con la ley. A un abogado menos (supongo).
Con fecha lunes 16 de marzo presenté, en sede judicial, el recurso de amparo ante el incumplimiento de la ley por parte del municipio. Ese día la Asesoría Letrada emite otro informe. «Las circunstancias que ameritaban tener en reserva la información solicitada (…) han cesado, ya que la audiencia de prueba en el juicio vinculado a las canteras (…) se realizó con fecha 12 de marzo de corriente, restando solamente la declaración de un testigo y el interrogatorio de parte actora, por lo que ha precluido la posibilidad de agregar prueba por hechos nuevos para dicha parte. Por ese motivo entiende que actualmente han cesado los motivos que fundamentaron el informe anterior pudiendo entregarse la información solicitada».
Mis asesores legales advierten que el argumento esgrimido no es, jurídicamente, válido. Pero si lo fuera, este razonamiento tampoco es jurídicamente correcto, falta una audiencia y no ha «precluido», en absoluto, la posibilidad de agregar nuevos elementos al juicio*. Eso es posible incluso en una etapa posterior de apelación, si la hubiera.
En definitiva y ante la eminencia de un fallo que obligara a entregar la información solicitada por parte de la comuna «se ha dispuesto acceder a la entrega de la información requerida, solicitando a la sede judicial un plazo razonable a tales efectos».
El Sr. juez, Dr. Álvaro Messere, dio por cerrado el caso y dispuso que se entregara las respuestas el 3 de abril, a las 14 horas, en Mesa de Entrada de la Intendencia de San José.
Cualquier alternativa respecto al lugar en que se podía concretar lo dispuesto por el Sr. Juez, fue objetada enfáticamente por el Dr. Pablo Pucheu. No aceptó que fuera en el Juzgado, ni en el estudio de la Dra. Leticia Mora, ni en la Redacción de SAN JOSÉ HOY. El juez le señaló que podía mandarla con un funcionario cualquiera. No fue aceptado. Ante el último capricho de la soberbia autoritaria chiruchista, decidimos no ocupar más tiempo de una sede judicial que tiene muchos asuntos más importantes que resolver. Accedimos e iremos a retirar la información.

* Art. 121.2 de la ley 15.982 (Código General del Proceso).

Los plazos están vencidos

El viernes 20 de marzo concurrí a retirar otra información requerida al amparo de la misma ley y que también se refiere a asuntos de interés público: El proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo local conocido como «Área suroeste». El trámite 313/09 fue iniciado el 29 de enero, ese día pasó a la Dirección General de Administración y allí, según me informaron en Mesa de Entrada, permanece todavía. El plazo legal para responder es de 20 días hábiles. El silencio se traduce en aceptación de que la información debe entregarse. Todos los plazos están vencidos.

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